Venezuela completó el ciclo jurídico para demostrar ante la Corte Penal Internacional los delitos de Lesa Humanidad que comete Estados Unidos contra el país.
La Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez señaló que más de $7 mil millones están bloqueados en cuentas en el exterior al tiempo que entregó un expediente con evidencias que probarían que autoridades estadounidenses han cometido crímenes de asesinato, persecución y exterminio contra la población civil venezolana.
Probar en la Corte Penal Internacional los ataques sistemáticos, generalizados contra la población civil venezolana, mostrar en cifras y con su real contexto, los daños que generan la negación de permisos de importación de alimentos, medicinas, bienes e insumos es la base fundamental contenida en la presentación judicial que hizo el Estado venezolano.
Venezuela busca demostrar que las medidas coercitivas impuestas por EEUU dañan a todo su pueblo e impiden su desarrollo.
La persecución y judicialización de la que son objeto, empresarios privados y/o representantes diplomáticos caso Alex Saab por asociarse con el Estado venezolano azuza el miedo global y sienta precedentes jurídicos, en un momento pandémico y electoral, en el cual Venezuela necesita inversión internacional para mover su aparato económico.
Tengamos en cuenta que Washington congeló todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos y prohibió a los estadounidenses y sus socios internacionales hacer negocios con Caracas para presionar, sin éxito, al presidente Maduro a dejar el poder.
El catálogo de sanciones
Según la vicepresidenta venezolana, hay 192 personas sancionadas, entre ellas el presidente Nicolás Maduro y varios de sus colaboradores; 150 empresas de las cuales 140 son firmas privadas de 26 países que prestaban servicios en este país.
Además fueron sancionadas 69 embarcaciones, 30 buques petroleros, 58 aeronaves y se retuvieron los fondos estatales venezolanos en varios países, incluyendo 342 millones de dólares de una cuenta del Estado Venezolano en el Citibank, monto que fue remitido al Departamento del Tesoro estadounidense.
Venezuela rompió relaciones bilaterales con Estados Unidos en el año 2019 denunciando que el país que hoy preside Joe Biden impulsa planes para desestabilizar al gobierno nacional y forzar la salida del chavismo de la silla presidencial. Desde ese momento, la lluvia de medidas coercitivas unilaterales, llamadas comúnmente «sanciones» no cesa.
¿Hay trato desigual en la CPI?
No es la primera vez que el gobierno venezolano intenta que la Corte Penal Internacional lo escuche.
Según datos del fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, se entregaron al organismo en el llamado caso Venezuela I, diez documentos, entre informes, comunicaciones y escritos, sin recibir ninguna respuesta. En estas comunicaciones, se indica el “trato desigual” que se le da a los distintos países y se pide información “sobre el material y las pruebas pertinentes que estén en el examen preliminar”.
El caso Venezuela I se centra en presuntos delitos cometidos en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos desde al menos el año 2017. En los alegatos de este caso, Delcy Rodríguez presentó los resultados de una investigación ‘big data’ y demostró cómo “se construyó falsamente los parámetros para llevar a Venezuela ante la CPI”. En ese momento, lo calificó de una “gran manipulación de Gobiernos”.
La misma funcionaria en la presentación del expediente Venezuela II, días pasados, indicó que voceros de Washington más de una vez confesaron su intención de colapsar la economía venezolana. William Bronwfield dijo que sancionar a PDVSA tiene incidencia en todo el pueblo y se debe acelerar el colapso y Mike Pompeo: «las sanciones fueron ideadas por la CIA».
También Jhon Boulton indicó que se congelaron $7 mil millones en cuentas y $11 mil millones en activos.
Según el Estatuto de Roma, el bloqueo es un delito de Lesa Humanidad y su impacto es aún mayor en una pandemia.
Daños mortales
El intento de Washington por colapsar la economía venezolana, tal como lo hizo en el Chile de Salvador Allende, conlleva la aplicación de políticas genocidas que derivaron en la caída de la producción de petróleo, con repercusión directa en el ámbito farmacéutico, alimentario, agua potable y otras áreas vitales.
Dijo Delcy Rodríguez: «Tenemos las respuestas de empresas proveedoras de bombas y equipos de energía, las cuales dicen que no pueden dotar a Venezuela sencillamente porque están bloqueadas. Eso ocurre con Hidrolago, Hidrocentro, Hidrocapital y el sistema falconiano de agua».
Todo el ciclo productivo del país está afectado de lleno por las medidas coercitivas unilaterales que aplica EE.UU., incluso el de la salud.
Un grupo de relatores y expertos de derechos humanos independientes de la ONU ha dicho que 190 pacientes venezolanos con cáncer qué están en lista de espera para recibir tratamiento en el extranjero pueden morir. Ciudadanos que necesitan trasplantes se encuentran en el exterior luchando por sus vidas mientras el estado venezolano, hoy sin Citgo y sancionado, clama por el levantamiento humanitario de las sanciones para evitar más muertes. Catorce niños, tres de ellos bebés, murieron entre 2017 y 2020, esperando un tratamiento.
El mismo informe firmado por Alena Douhan, relatora especial Onu sobre impacto negativo de las medidas coercitivas unilaerales, Nils Melzer,relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, Obiora Okafor, experto independiente sobre DDHH y la solidaridad internacional; Livingstone Sewanyana, Saad Alfarargi y Tlaleng Mofokeng, entre otros, indica que » terceros países, bancos y empresas privadas han sido excesivamente cautelosos en su trato con Venezuela porque temen violar involuntariamente las sanciones de Estados Unidos».
Por esto, no se puede transferir dinero fuera de Venezuela y algunos pacientes han quedado varados, en la indigencia, en los países a los que acudieron para recibir tratamiento.
«El castigo de civiles inocentes debe terminar” precisa el comunicado de los expertos independientes en DD.HH.
Marcela Heredia