Este 12 de junio se cumplieron tres años del secuestro del empresario y diplomático venezolano, Alex Saab, ocurrido en Cabo Verde, un archipiélago situado en el Océano Atlántico en África Occidental.
Para entonces, Alex Saab era enviado especial para asuntos humanitarios del gobierno de Venezuela y realizaba gestiones, ante varios países, para la importación de alimentos y medicamentos de primera necesidad, en el marco de una estrategia del gobierno bolivariano para romper el cerco comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.
Su secuestro en el país africano y su posterior traslado a Estados Unidos fue precedido por una terrible campaña mediática que lo señalaba como un delincuente al servicio de una dictadura, creando las condiciones para un arbitrario proceso judicial que ha violado todas las normas internacionales.
Diversas instancias en todo el mundo se han pronunciado exigiendo la liberación del empresario Alex Saab y han denunciado los tratos crueles y torturas. Desde el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África hasta el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y el Grupo Especial para la Erradicación de la Tortura y Tratos Crueles, han emitido condenas públicas y han exigido su inmediata liberación.
La persecución penal del empresario Alex Saab se inscribe dentro del marco de las guerras de cuarta generación en la que se utiliza el Derecho como un arma de guerra jurídica, para neutralizar, desprestigiar, perseguir y destruir a los adversarios o producir “bajas” políticas.
Para tal fin se manipulan o se quebrantan las leyes y se ejecutan campañas de difamación para destruir la imagen pública de los enemigos políticos.
En este sentido, Alex Saab puede ser considerado como un prisionero de guerra.
Denunciar el caso de Alex Saab es una tarea de todos quienes creen que las relaciones entre los países deben basarse en la justicia, en los principios y valores que rigen el derecho internacional, y en el reconocimiento del derecho de los pueblos a la soberanía y la autodeterminación.