El presidente de Colombia Iván Duque solicito a Estados Unidos declarar a Venezuela como un país promotor del terrorismo. De proceder la solicitud, a las más de 400 medidas coercitivas unilaterales que aplica directamente el gobierno de Washington y sus aliados a Venezuela, se sumaría el falso positivo que justificaría el envío de más recursos a Colombia, para su supuesta lucha contra el terrorismo y por los derechos humanos. De esta forma se configura el expediente necesario para el incremento de las finanzas a contratistas de mercenarios y así avanzar en los planes de desestabilización contra la nación venezolana.
Más recursos para la tercerización de la guerra
Teniendo al uribismo como su principal aliado político contra el gobierno venezolano, no es de extrañar la solicitud del Presidente Duque, a quien también le conviene distraer la atención sobre las investigaciones que lo vinculan con el asesinato del Presidente de Haití. La misma se fundamenta en la supuesta protección que el gobierno venezolano otorga a líderes guerrilleros y a integrantes del Grupo Armado Residual, GAOR 33, que se atribuyó el atentado contra la Brigada 30 del Ejército de Cúcuta y que supuestamente tenía como objetivo atentar contra ciudadanos norteamericanos y la vida del Presidente colombiano.
El Ejecutivo venezolano calificó de cínico al Presidente Duque, ”quien está al frente de un narco-gobierno exportador de drogas y violencia, que liquidó la opción de paz interna y envía mercenarios para asesinar Presidentes en la región”.
No obstante, la posibilidad de incluir a Venezuela en la lista negra de países terroristas de la Casa Blanca conlleva varios pasos: la revisión del Secretario de Estado de Estados Unidos y la autorización para la aplicación de varias leyes estadounidenses; entre ellas el Acto de Asistencia Extranjera, que prohíbe la asistencia de Estados Unidos a un país que respalde actos de terrorismo internacional, así como el Acto para Controlar la Exportación de Armas que bloquea la venta de armas a países incursos en terrorismo y el Acto de Autorización para la Defensa Nacional, que incluye la autorización de los montos por parte del congreso para otros países que cooperan con Estados Unidos en esta lucha. Todas las sanciones de estos actos recaerían también contra aquellos países que tengan relaciones comerciales con Venezuela.
La particular solicitud del Presidente de Colombia tiene como antecedente la decisión del gobierno de Joe Biden de incrementar el presupuesto de las colaboraciones bilaterales con ese país para la lucha contra el narcotráfico, planes de salud, entre otros. La propuesta presupuestaria se ubica en 453,8 billones de dólares. La cámara de representantes aprobó un proyecto de ley en el que se incluyen 461 millones de dólares para entregar a Colombia en el año 2022. El proyecto aún debe ser aprobado por la Comisión de Apropiaciones de la Cámara y luego en la plenaria, para posteriormente ser homologado con el proyecto que sea aprobado en el senado.
El gobierno demócrata también aspira incrementar el presupuesto de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional que para el año fiscal 2021 abarca un presupuesto total de 750 millones de dólares, entre estos 69 millones para operaciones de contingencia en el extranjero.
Washington destina millones de dólares anuales a alimentar el Plan Colombia y en ese marco a empresas y contratistas, supuestamente de seguridad que actualmente son fachadas de centros de formación de mercenarios para exportación. Cabe destacar que Colombia no ha suscrito la Convención de Naciones Unidas contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, por lo que contratar ex militares colombianos, incluso por internet, con salarios en dólares es un negocio en auge en ese país.
El informe del 2020 de la Superintendencia de Vigilancia Privada en Colombia establece que existen 856 compañías de seguridad privada en ese país. Un negocio qué equivale a no menos del 1,6 por ciento de aportación al PIB colombiano. Las compañías que componen esta industria movilizan más de 6,7 billones de dólares y dan “trabajo” a más de 28000 escoltas y 297000 vigilantes.
La contratación de equipos de mercenarios colombianos es una práctica extendida. Han sido públicas las contrataciones por firmas privadas estadounidenses que participan en el Plan Colombia como Black Water para comandos en Irak durante el 2006 y las de otras empresas en la participación de comandos colombianos en la invasión a Irak, Siria y Afganistán.
Los convenios son avalados por el Ministerio del Trabajo de Colombia bajo contratos anuales, con diferentes cargos de seguridad privada, fundamentalmente para países del medio oriente. Entre los “compromisos laborales” están los de cuidar fronteras, patrullar desiertos o vigilar pozos petroleros, escoltas o equipos de seguridad a personalidades. Pero cada día se develan claramente otras funciones, como la de participar en operaciones paramilitares o asesinatos e intentos de magnicidio contra figuras políticas o Presidentes, como los casos de Haití y Venezuela.
Varias son las empresas en que han sido vinculadas con operaciones de tercerización de la guerra. Entre estas la filial de la empresa estadounidense Silvercorp en Colombia, contratada por Juan Guaidó para ejecutar la Operación Gedeón, que tenía como objetivo asesinar al Presidente de Venezuela Nicolás Maduro. La compañía tiene una filial en Barranquilla Colombia.
Como responsable de la contratación y movilización de mercenarios desde Colombia a Haití, figura la empresa de seguridad CTI Security, con sede en Miami, cuyo dueño Antonio Itriago tiene relación con el Presidente Duque y Juan Guaidó, como se demostrará en varias fotos y documentos.
Las empresas del Plan Colombia tienen varias figuras. Entre ellas se encuentra Dyncorp una empresa contratada supuestamente para realizar fumigaciones desde el aire y así eliminar cultivos de coca y amapola en algunas zonas de Colombia. La contratista fue demandada por campesinos ecuatorianos que viven en áreas límites con Colombia en el 2001, bajo la Ley de Agravios contra Extranjeros ante un Tribunal Federal de los Estados Unidos, en el Distrito de Columbia, por la frecuente fumigación con glifosato que destruyó los cultivos y alimentos y el ganado de casi 10 mil residentes de la región, así como ocasionó la muerte de cuatro niños. Los demandantes alegaron que la fumigación intensa constituía un acto de tortura, un crimen de lesa humanidad y un genocidio cultural. A esta demanda prosiguieron otras y desde el 2009 se suman denuncias y testigos oculares sobre el sobrevuelo de aviones de fumigación del Plan Colombia en territorio ecuatoriano. Al incluir a Venezuela en la lista de países que promueven el terrorismo, se incrementaría la presión sobre algunos sectores en el poder legislativo estadounidense que están objetando el envío de recursos a Colombia, ahora con mayor fuerza ante las agresiones contra los movimientos sociales y las denuncias de violaciones de derechos humanos. Venezuela se consolidaría como el falso positivo necesario para incrementar la presencia militar estadounidense y el financiamiento de comandos mercenarios para la tercerización de la guerra, dentro y fuera de la región.
Anahí Arizmendi