Correa y Morales
Inhabilitación de Correa y Morales: La pantalla legal del golpismo

La simultanea inhabilitación política de Rafael Correa para la Vicepresidencia de Ecuador y Evo Morales como Senador en Bolivia para los próximos procesos electorales, se suma a la cadena de golpes institucionales propiciados por Estados Unidos en América Latina. Aunque la práctica de la judicialización de la política no es nueva, la pantalla legal para el golpismo (Lawfare) forma parte de la  renovación de la doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos que hoy apuesta a los golpes suaves y las guerras híbridas para preservar sus intereses en la región.

La secuencia que inicia un nuevo auge con  el “golpe institucional” a Fernando Lugo en Paraguay (2012) y a Manuel Zelaya en Honduras (2009), el juicio a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, el impeachment contra Dilma Rousself, los intentos de golpe de estado en Venezuela y el golpe en Bolivia del 2019, bajo la excusa del fraude electoral, obliga al liderazgo progresista a buscar fórmulas que garanticen la participación electoral de sus movimientos y la voluntad de las mayorías.

Un precedente nefasto

El 8 de septiembre, Rafael Correa y Evo Morales, ex presidentes de Ecuador y Bolivia respectivamente, fueron inhabilitados para participar como candidatos en cualquier proceso electoral. En ambos casos las cortes electorales alegaron que los postulantes no cumplen con los requisitos en temas de procedimientos o no «residen» en sus países de origen.

La fórmula Arauz para Presidente y Correa a la Vicepresidencia lidera todas las encuestas para las elecciones presidenciales a realizarse en febrero del 2021 en Ecuador. Al ex mandatario que reside en Bélgica desde el 2017, le fue rechazada su inscripción vía digital y la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratifico la sentencia de ocho años de prisión y su inhabilitación política por 25 años, por el caso de supuestos sobornos.

Correa califico la decisión como una acción desesperada para evitar la inscripción de su candidatura y escribió en su twitter “Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador encontró una forma de correr el eje de atención sobre los cadáveres regados en las calles de Guayaquil, luego de que la pandemia del coronavirus saturara el sistema sanitario”.

En el caso de Evo Morales quien se encuentra en Argentina tras el golpe de estado en Bolivia en el 2019, que obligo a su dimisión luego de haber ganado las elecciones presidenciales, un juez constitucional decidió inhabilitarlo «por no residir en Bolivia». Morales escribió que el juez dictó su fallo “bajo amenazas y presiones” y que la decisión era “política, ilegal e inconstitucional».

Las inhabilitaciones de candidatos progresistas que lideran el voto popular tiene precedente reciente en el caso del ex Presidente de Brasil y líder del Partido de los Trabajadores ,Luiz Inacio Lula da Silva, quien permaneció detenido por 19 meses.  El año pasado la justicia brasileña incremento la condena de Lula a 17 años por cargos de corrupción  y bloqueo de capitales impidiendo su participación política.

Para el periodista brasileño Beto Almeida, la utilización de la justicia como instrumento político electoral es una práctica corriente en América Latina, que se está desarrollando con tal evidencia, que obliga a las fuerzas progresistas a buscar nuevas fórmulas que garanticen la  participación electoral, ante la política norteamericana de colocar los sistemas judiciales bajo sus directrices.

 «Tenemos como ejemplo el caso de Perón en Argentina, quien al no poder participar en las elecciones presidenciales en 1973, propuso bajo el lema “Cámpora al gobierno, Perón al Poder” a Héctor Cámpora como candidato. Este gobernó durante 49 días y renunció para dar paso a un nuevo proceso electoral en el que Perón ganó con el 62% de los votos. Cuando el imperialismo no puede ganar libre y democráticamente una elección, propicia a la judicialización de la política como una alternativa para sacar del juego a los liderazgos populares».

En opinión de Alexis Matute periodista ecuatoriano, la inhabilitación de Rafael Correa y Evo Morales constituye un precedente nefasto para América Latina, ya que deteriora la credibilidad en la justicia y en el caso ecuatoriano juega a mantener en  el poder a un gobierno que no goza ni del 5 por ciento de aceptación.

Pantalla Legal

Tras la aparición en el panorama político latinoamericano de líderes y lideresas  que propugnan las banderas de la inclusión social, la independencia, la autodeterminación, la multipolaridad, la integración latinoamericana y el enfrentamiento a las políticas neoliberales, Estados Unidos en alianza con grupos conservadores y capitales oligárquicos, redefinió su propuesta de seguridad nacional hacia las guerras multidimensionales y los golpes suaves e institucionales. Los golpes clásicos ya no son potables en el escenario internacional.

La guerra legal utiliza instrumentos jurídicos para la persecución política, la destrucción de la imagen pública e inhabilitación del adversario. Combina acciones legales con campañas a través de medios de comunicación  con el objetivo de lograr la pérdida de apoyo popular y la falta de reacción del contrario.

Bajo la pantalla judicial del golpismo (Lawfare), el gobierno de la Casa Blanca se va posesionando de importantes recursos estratégicos manteniendo en el poder a gobiernos que se ajusten a sus intereses y con su plan geopolítico contra Rusia y China.  En el caso de Brasil el gobierno de Bolsonaro fue nombrado por Estados Unidos como un “aliado preferencial extra-OTAN”. En marzo del año pasado, Trump y Bolsonaro firmaron un acuerdo de salvaguardias tecnológicas que permite el uso de la base de Alcántara (en el norte de Brasil) para el lanzamiento de cohetes estadounidenses.

Bolivia por su parte es el país que posee las mayores reservas de litio en salmueras en el mundo, mineral que se usa en la fabricación de baterías para vehículos y en celdas fotovoltaicas para generación de la energía que alimenta los motores de los autos híbridos, así como baterías para uso en dispositivos electrónicos.

Correa siempre fue un líder incómodo para Washington. Su política contra las bases militares norteamericanas en Ecuador y por ende la no renovación del acuerdo sobre el uso de las instalaciones aéreas en Manta, bajo la supuesta lucha contra el narcotráfico y el flujo ilegal de migrantes, golpeó el Plan de militarización del Pentágono para  la región.

A finales de mayo pasado en el marco de un acuerdo de cooperación contra el narcotráfico entre Quito y Washington, el Presidente Lenín Moreno anunció que Estados Unidos se ocupará de la ampliación del aeropuerto de la isla de San Cristóbal de Galápagos, el cual planea usar para los operativos de sus aviones de vigilancia P3 Orion y Awak.

En la era de los golpes suaves a gobiernos incomodos para los intereses de Estados Unidos, se suman los intentos fallidos de golpes e incursiones militares en Venezuela, país en el cual  se realizaran elecciones legislativas en diciembre. Los actuales gobiernos de Ecuador, Bolivia y Brasil reconocen al diputado Juan Guaidó como «Presidente de Venezuela» y participan abiertamente en la estrategia de Trump de provocar la caída del  gobierno constitucional de Nicolás Maduro. El Departamento de Estado anunció que no reconocerá las elecciones venezolanas y activa diversas iniciativas internacionales en esa línea.

El expresidente de Honduras (2006-2009), Manuel Zelaya, depuesto por un golpe institucional, alerto sobre el caso de “Lawfare internacional” que se desarrolla contra Venezuela, expresado en el robo bajo la fachada legal de la Asamblea Nacional del patrimonio y activos nacionales e internacionales venezolanos.

Tanto los movimientos de Correa y Morales están evaluando cómo garantizar la participación electoral de sus organizaciones en condiciones que permitan concretar el apoyo mayoritario que reflejan las encuestas. En el sistema judicial de sus países reposan otras acciones penales contra líderes y lideresas de sus partidos. Los escenarios se presentan convulsos, ante un movimiento popular que ya aprendió a decodificar los golpes suaves.

Anahí Arizmendi