El más reciente Monitor País de Hinterlaces reveló que el 90 % de los venezolanos considera que el presidente de la República, Nicolás Maduro, garantiza la paz y la tranquilidad de Venezuela.
Apenas un 6% menciona a un gobierno de oposición, mientras que un 4% no sabe o no respondió.
Además, el 86% de la población prefiere que el jefe de Estado continúe resolviendo, aunque sea de forma progresiva, los problemas económicos del país, pero en paz y unión. Solo un 8% opta por un gobierno de oposición. El 6% no sabe o no responde.
Estos hallazgos reflejan una tendencia sostenida: la mayoría del país valora la estabilidad, la continuidad y la gobernabilidad como ejes fundamentales del futuro inmediato.
El sondeo, realizado en noviembre del presente año y con un margen de error del tres por ciento, señaló que apenas el seis por ciento de los interrogados apostó por un gobierno de oposición, en tanto el cuatro por ciento dijo no saber o no contestó. La investigación se realizó en hogares de todo el país, 18% de los estratos A, B y C y 82% de los estratos D y E en 1.200 entrevistas en todo el país.
El Caribe bajo la sombra del ‘Donroe’: Trump impone su ley con portaaviones y amenazas ilegales
A propósito de esta encuesta es fundamental destacar que el presidente Donald Trump está orquestando una estrategia que, a ojos de muchos, bordea lo ilegal e impone un control absoluto sobre el hemisferio occidental. Bajo la denominación de «Doctrina Donroe»—una versión trumpista de la Doctrina Monroe de 1823—la Casa Blanca ha convertido la región en su principal escenario global, no a través de la diplomacia, sino mediante la fuerza militar y la coerción económica.
La escalada de tensión es innegable. La colocación del portaaviones más grande del mundo en el Caribe, sumada a la exploración de opciones militares contra el líder venezolano Nicolás Maduro y los 21 ataques contra lanchas rápidas en el mar (con 83 muertos sin pruebas claras de tráfico de drogas) han establecido una presencia militar en el hemisferio no vista en décadas. Esta aplicación unilateral de la fuerza ha generado profunda preocupación en el Congreso de EE. UU. sobre su legalidad, especialmente la campaña contra las embarcaciones.
El enfoque de Trump, pragmático y transaccional, ha redefinido la política regional: recompensa a los aliados y castiga a los rivales. Mientras que Argentina recibe un rescate económico masivo por su alineamiento y El Salvador obtiene la remoción de advertencias de viaje, aquellos que se resisten enfrentan aranceles punitivos, sanciones y la intimidación militar, como es el caso de Colombia.
Altos funcionarios han sido explícitos: el objetivo es afirmar la dominación estadounidense sobre su «vecindario», buscando asegurar recursos naturales estratégicos y mercados lucrativos, una visión que un exembajador califica de «muy parroquial» y trasladada a una escala global. Este intento de dividir el mundo en esferas de influencia choca con la soberanía de las naciones, demostrando una voluntad de poder sin restricciones que desmantela décadas de política exterior enfocada en la democracia.
