La ofensiva militar de Estados Unidos contra supuestas «narcolanchas» en el Caribe y el Pacífico ha escalado a una crisis de derechos humanos y legalidad internacional. Este viernes, la Organización de Naciones Unidas (ONU) alzó su voz de forma contundente, acusando al Gobierno estadounidense de «violar el derecho internacional» con sus ataques aéreos y navales. El costo humano, con más de sesenta muertes reportadas, fue calificado de «inaceptable» por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.
Volker Türk, refiere Europa Press, exigió a Washington «ponerles fin» a los ataques, fustigando la táctica como «ejecuciones extrajudiciales».
El comunicado del Alto Comisionado es inequívoco: «Estados Unidos debe poner fin a dichos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya». Esta postura de la ONU subraya que, incluso en la lucha legítima contra el narcotráfico, las operaciones militares deben ceñirse a los marcos legales que priorizan la detención y el debido proceso sobre la fuerza letal. La organización internacional ha insistido en que la aproximación correcta pasa por el uso de métodos policiales, como la interceptación legal y la detención de sospechosos.
El retiro táctico del USS Gravely
El escenario de tensión se amplificó con el despliegue militar de Estados Unidos en la región, en particular con la presencia del buque destructor USS Gravely en aguas cercanas a Trinidad y Tobago. Este despliegue, justificado por Washington como parte de su operación antidrogas, generó una escalada diplomática y militar, especialmente con Venezuela. Tras pocos días de su llegada, el USS Gravely se retiró del puerto trinitense. Este movimiento se dio en medio de un clima de creciente tensión regional, poniendo en evidencia la sensibilidad geopolítica de las operaciones antidrogas de EEUU en el área. Aunque la retirada pudo deberse a movimientos tácticos o logísticos, su momento coincidió con el fuerte debate sobre la legalidad y la soberanía en la ofensiva marítima.
El contraste de las acciones
A pesar de los ataques letales, se han reportado operativos que sí culminaron en la detención de presuntas narcolanchas por parte de fuerzas aliadas o incluso en el marco del despliegue estadounidense. Recientemente, se conoció la detención de una presunta narcolancha en el Caribe por parte de autoridades de países como República Dominicana, lo que representa un claro contraste con la política de ataque cinético adoptada por las fuerzas estadounidenses. Un caso en el Pacífico, que dejó 14 muertos y un único superviviente, resalta la importancia de la detención. En esa ocasión, el sobreviviente fue detenido y las autoridades mexicanas se hicieron responsables. Estos incidentes demuestran que, incluso en el contexto de un amplio despliegue militar, la interceptación y detención son vías factibles para combatir el narcotráfico, alineándose con la exigencia de la ONU de priorizar los métodos policiales y el respeto a la vida humana sobre las «ejecuciones extrajudiciales». El debate está abierto: ¿es la guerra letal la única vía, o la intercepción legal debe ser la norma?.
