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Trump acusa a China y Venezuela por fentanilo: sin pruebas

Las nuevas declaraciones del presidente Donald Trump buscan instalar que China “usa a Venezuela” para traficar fentanilo hacia EE. UU. El señalamiento, carente de sustento público verificable, reabre la narrativa punitiva y la escalada contra Caracas.

En una rueda de prensa, Trump afirmó que Pekín “trafica fentanilo a través de Venezuela” y amenazó con escalar acciones, incluso contra objetivos en territorio venezolano, si el flujo no se detiene [1].

  • No presentó evidencia pública que sustente una “ruta China–Venezuela–EE. UU.” [3].
  • China rechazó las acusaciones y cualquier injerencia en asuntos de Venezuela [2].
  • El discurso antidrogas se emplea para ampliar presión militar y diplomática en la región [4].

Acusación sin respaldo empírico

Trump vinculó a China y Venezuela con el tráfico de fentanilo y sostuvo que abordará el tema con Xi Jinping. Sin embargo, no presentó pruebas verificables sobre la supuesta ruta. Estudios y reportes recientes ubican la cadena ilícita principalmente en México (producción de precursores, síntesis y tránsito hacia EE. UU.), no en un corredor que pase por Venezuela [3].

China responde y rechaza injerencias

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino rechazó las acusaciones, subrayando que la cooperación antidrogas exige respeto mutuo y que cualquier acción unilateral que afecte a Venezuela constituye injerencia. Pekín recordó su marco legal severo contra el narcotráfico y cuestionó el uso político del tema para presionar a terceros países [2].

Seguridad como narrativa habilitante

El giro discursivo de Washington refuerza la tendencia a tratar el crimen organizado como “amenaza terrorista”, habilitando herramientas de excepción (sanciones, operaciones extraterritoriales, presión financiera) que erosionan el derecho internacional y la soberanía regional. Esta securitización amplía márgenes para acciones punitivas, incluso sin evidencia plenamente pública [4].

Lectura soberanista y regional

Las declaraciones buscan reinstalar un marco de “guerra a las drogas” con Venezuela como blanco indirecto y China como antagonista estratégico, legitimando mayor presión militar y diplomática sobre Caracas. Para América Latina, el riesgo es claro: que se normalice la intervención bajo pretextos antidrogas, debilitando mecanismos de cooperación civil, judicial y sanitaria que sí han probado efectividad [1].

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