Washington busca garantizar una candidatura sustituta

Recientemente, el gobierno de Estados Unidos decidió reimponer sanciones al sector minero de Venezuela y anunció que las licencias a las actividades de petróleo y gas serían retiradas en abril. La justificación de estas medidas se basa en el argumento de que la inhabilitación de María Corina Machado viola los términos acordados en Barbados en octubre de 2023.

A pesar de que a primera vista el asunto parece claro, surge la interrogante: ¿realmente Barbados establecía la habilitación de Machado? Un análisis del texto revela la ausencia de referencias explícitas a inhabilitaciones, aunque se establecen garantías de participación para aquellos candidatos que cumplan con las condiciones legales y se deja abierta la posibilidad de apelar las decisiones de la Contraloría ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En fin, una gran distancia entre las expectativas iniciales y la letra escrita.

LA FIRMA

Hacia finales de noviembre de 2023, la representación de Noruega dio a conocer el mecanismo de apelación concertado entre las partes. Según este procedimiento, la Plataforma Unitaria se comprometió formalmente a acatar las decisiones que tomase el TSJ.

Resulta lógico que, en su momento, Washington y los delegados de la Plataforma Unitaria se hubieran opuesto a los términos del acuerdo de Barbados y al mecanismo del proceso de apelaciones.

Sin embargo, al firmarlo, asumieron un compromiso. Por lo tanto, resulta extraño que ahora se hable de un incumplimiento de los acuerdos de Barbados, dado que desde el principio se conocían los elementos que los constituían.

PETRÓLEO

Surge entonces otra interrogante: ¿Si Washington estaba al tanto desde el primer momento de que en el texto del acuerdo no se establecía un compromiso sobre habilitaciones, por qué ahora reacciona con un anuncio de reimposición de sanciones?

Para responder esta cuestión, es importante recordar que el acuerdo de Barbados es una suerte de anexo de las llamadas negociaciones de Doha, cuyos detalles no se han hecho públicos, aunque se sabe que se centran en las sanciones, la necesidad de asegurar el suministro global de petróleo y el problema de la migración.

Por su parte, el adendum de Barbados tenía principalmente la función de tranquilizar a los sectores más radicales de la política interna de Washington en un año electoral.

INTERVENCIÓN

También es importante, al intentar explicar la conducta de la Casa Blanca, no perder de vista que el objetivo estratégico de reinsertar a Venezuela en su órbita geopolítica no ha sido abandonado. Por ello, la intervención en la política interna venezolana continúa, con el propósito de lograr un cambio de gobierno.

Tras reconocer el fracaso de la política de ‘máxima presión’ de la era Trump, diseñada para derrocar a Nicolás Maduro, la administración Biden ha optado por una estrategia diferente. En este nuevo enfoque, se busca alcanzar los objetivos a través de medios electorales.

“MEDIA PRESIÓN”

Dentro de este marco, es posible formular hipótesis que aclaren por qué Washington revive la amenaza de imponer sanciones, a pesar de que las habilitaciones no forman parte de los acuerdos suscritos.

Una posible explicación podría ser que se busca mantener condiciones económicas negativas que debiliten aún más al sector gubernamental en la contienda electoral. Como se sabe, el simple anuncio de nuevas restricciones, se ejecuten o no, ahuyenta a los inversionistas y altera las condiciones de la competencia electoral.

Se pasa así de un esquema de “máxima presión” a otro de “media presión”, diseñado para facilitar el objetivo electoral sin llegar al extremo de una ruptura total. Se trata de una estrategia que el Washington Post ha etiquetado como «engatusamiento».

AVATAR

Bajo ese nuevo enfoque de diplomacia y negociaciones discretas, ha tenido lugar el encuentro del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y los representantes del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jon Finer y Juan González.

Washington reconoce que la habilitación de Machado es poco probable, pero busca asegurar compromisos para garantizar que no sea inhabilitada una figura avatar o sustituta. Asimismo, pudieran intentar cambios en cuanto al candidato que competirá del lado gubernamental.

Además, se prevé que en abril se retirarán algunas licencias petroleras, mientras otras podrían mantenerse vigentes. Se trata de un juego de cartas entre concesiones y restricciones, donde no está claro quién será finalmente “engatusado».

El Universal

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