Estados Unidos trasladó al Océano Pacífico su ofensiva “antinarcóticos”, ejecutando una operación letal contra una embarcación sospechosa que dejó dos muertos. No es un hecho aislado: constituye la primera acción de este tipo fuera del Caribe y se inserta en un patrón de ataques repetidos desde 2025, bajo una doctrina que normaliza el uso de la fuerza en alta mar.
La narrativa oficial sostiene que los cárteles desviaron sus rutas hacia el Pacífico y que Washington “acomoda” su dispositivo. Sin embargo, este giro revela una estrategia cada vez más unilateral, con despliegues navales y aéreos que operan en espacios sensibles para la soberanía latinoamericana. El Pacífico, con vastas zonas de difícil supervisión civil, se transforma así en un campo de proyección de poder más que en un ámbito de cooperación efectiva.
Legalidad cuestionada y soberanía en disputa
Varias capitales de la región han objetado estas acciones por su potencial carácter extrajudicial y por la ambigüedad respecto a jurisdicciones y reglas de enfrentamiento. La utilización de fuerza letal sin consenso multilateral ni control judicial robusto erosiona principios básicos del derecho internacional y abre la puerta a incidentes con tripulaciones civiles. La respuesta que América Latina necesita no es la imposición, sino el respeto a los marcos regionales y la coordinación institucional entre Estados soberanos.
Balance de eficacia: la fuerza no sustituye la política
Pese a decomisos puntuales, la evidencia muestra que la militarización no reduce de forma sostenida la oferta de drogas: las redes criminales reconfiguran rutas, costos y logística. Sin inteligencia compartida, cooperación penal transnacional, control financiero de flujos ilícitos, desarrollo en corredores de tránsito y políticas de reducción de demanda, la presión militar tiende a desplazar el problema, no a resolverlo. Peor aún, puede deteriorar la confianza entre Estados y dificultar la coordinación que sí produce resultados duraderos.
Una salida realmente multilateral
Defender la soberanía latinoamericana implica rechazar operaciones unilaterales y construir mecanismos de seguridad cooperativos, transparentes y con supervisión civil. Una estrategia efectiva debe ser integral: prevención social, justicia coordinada, seguimiento financiero, cooperación consular y marcos de información compartida. América Latina tiene la capacidad de diseñar su propia arquitectura de seguridad, basada en el multilateralismo, la legalidad y el desarrollo humano, no en la guerra permanente.
Análisis elaborado por Hinterlaces.
