Para los movimientos de personas con discapacidad, las medidas coercitivas unilaterales han tenido un impacto brutal en el derecho a la salud y la alimentación de una población que en el país asciende al menos a dos millones doscientas mil personas, que son las registradas en el Sistema Patria. Problemáticas como la posibilidad de trasladarse a centros de salud de forma oportuna, como consecuencia de la falta de gasolina o transporte, y el acceso a productos importados como ayudas técnicas y medicamentos ha estancado o retrocedido los logros de un sector que hoy se encuentra en riesgo.
Las sanciones impactan la salud física y emocional
Para Ludyt Ramírez, del movimiento Heroínas Sin Barreras, el artículo 81 de la Constitución Bolivariana incorporó por primera vez a la población con discapacidad, en todos los ámbitos de la vida nacional. El ajuste progresivo de la institucionalidad venezolana a leyes como la actual Ley de las Personas con Discapacidad del 2007 trajo consigo la inclusión de personas con este tipo de necesidades especiales, en el ámbito laboral en una cuota no menor del 5 por ciento. “El sector se visibilizo ante los ojos del país”
En su opinión las medidas coercitivas unilaterales han tenido un fuerte impacto en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y en su desarrollo integral, “el tema del transporte y la gasolina impacta no solo nuestra posibilidad de adquirir medicamentos, de ir al médico, mantener los tratamientos, sino también nuestra capacidad organizativa, la posibilidad de reunirnos, nuestros derechos políticos. Se han estancado o retrocedido nuestros logros”.
Como Ludyt, a las personas con discapacidad motora se les hace muy difícil el acceso a prótesis, sillas de ruedas, ya sea porque son importadas o por los altos costos como consecuencia de la hiperinflación inducida. Éstas y otras problemáticas fueron planteadas a la Relatora Especial de Naciones Unidas para evaluar los impactos negativos de las Medidas Coercitivas Unilaterales durante su visita este año. “Quisimos que supiera que somos un población vulnerable y en riesgo. El bloqueo deja víctimas fatales a su paso y cada día vulnera más nuestra salud y calidad de vida. El mundo debe saber que aquí hay un población con discapacidad que clama que esto cese”.
El bloqueo impacta crudamente tanto a las personas con una alguna enfermedad o condición, como a quienes las cuidan. En opinión de la diputada por este sector a la Asamblea Nacional María Gabriela Vega, a pesar de las políticas y esfuerzos del gobierno nacional para mantener una atención integral, como consecuencia de las medidas se ha disminuido la posibilidad de adquirir ayudas técnicas, medicamentos, psicotrópicos, tratamientos importados, alimentos y medicamentos para personas con Síndrome de Down y Autismo. “Con todo y el apoyo a través de los Claps, es muy difícil mantener la dieta especial que requieren ciertas condiciones, pues los productos son importados o se hacen inaccesibles por los costos. Igual para la adquisición de sondas, pañales desechables, bolsas de colostomía, nuestro derecho a la salud es diariamente vulnerado”.
Coincide con Ramírez en la importancia de denunciar el impacto del bloqueo y seguir profundizando en los logros alcanzados. En tal sentido el movimiento se plantea la aprobación de una nueva ley que garantice una mayor transversalidad legislativa e institucional, profundice en los derechos políticos y la participación en distintos ámbitos e impulse la independencia económica de la población con discapacidad a través de diversas modalidades laborales.
“Queremos ir más allá del 5 por ciento de participación laboral en empresa públicas o privadas con 20 trabajadores hacia modalidades como el trabajo asistido, trabajo en el hogar, apoyo a proyectos socioproductivos. No todo el mundo puede ejercer un trabajo presencial y las personas con discapacidad tenemos derecho a ser independientes”.
Las propuestas se corresponden con la búsqueda de formas de trabajo no presencial, ante las fallas en el suministro de combustible y las dificultades en el mantenimiento del parque automotor público y privado, como consecuencia del bloqueo a la estatal petrolera PDVSA, así como los cambios que en la vida económica introdujo la pandemia del Covid-19.
Por otra parte Luis Navas, Presidente de la Organización Civil Red Ciega destacó que en los últimos años se han incrementado los casos de confinamiento residencial de las personas con discapacidad vulnerando su salud física y emocional. La falta de repuestos para los ascensores, ausencia de transporte, de ayudas como bastones u otros apoyos técnicos han mermado la movilidad y con ello la salud de esta población. Alerta sobre cómo la falta de medicamentos podría generar nuevas discapacidades en el pueblo venezolano que serían evitables de no ser por el bloqueo.
El impacto en la población con determinada discapacidad es aún más fuerte en las mujeres. Las que llevan adelante la jefatura del hogar o las que asumen dentro del núcleo familiar la atención de alguna persona con discapacidad, y que muchas veces quedan solas con la responsabilidad del cuido como consecuencia de la cultura patriarcal.
Desde el movimiento Heroínas Sin Barreras sostienen que “No hay igualdad de condiciones a la hora de buscar alimentos. Las mujeres hacen esas tareas solas o con poco apoyo familiar. Las mujeres también sienten el bloqueo en la vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos, como por ejemplo en la falta de acceso a métodos anticonceptivos. A esto se suma una cultura que invisibiliza a la mujer con discapacidad. o”.
En su informe preliminar, la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, insto a Estados Unidos, la Unión Europea y otros Estados a retirar las medidas unilaterales impuestas contra Venezuela, al concluir que éstas han tenido como resultado una crisis económica, humanitaria y de desarrollo, con un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente pero no solo en las personas que viven en la extrema pobreza, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidades o enfermedades crónicas y las poblaciones indígenas.
Anahí Arizmendi