La Asamblea Nacional aprobó este 22 de enero de 2026, en primera discusión, el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una iniciativa impulsada desde el Ejecutivo con el objetivo de adaptar el marco legal petrolero a las condiciones económicas actuales y a los desafíos del mercado energético internacional.
Según lo informado por el Parlamento, el proyecto mantiene el carácter de ley orgánica, pero propone cambios relevantes orientados a la modernización del modelo petrolero.
Más información en la nota oficial: Asamblea Nacional: aprobación en primera discusión .
Importante: aún no entra en vigencia
Aunque se trata de un paso político-legislativo relevante, es importante subrayar que todavía no es una ley vigente. El proyecto debe pasar por una fase de consulta pública, luego una segunda discusión artículo por artículo, y posteriormente ser sancionado y promulgado para entrar formalmente en vigor.
Objeto general de la reforma
De acuerdo con los argumentos presentados en el proceso legislativo, la reforma busca modernizar el marco legal petrolero para ajustarlo a la “nueva realidad económica” y a los cambios del mercado energético internacional.
Entre los objetivos declarados destacan:
- Crear condiciones para incrementar de forma acelerada la producción de crudo.
- Hacer más viable la participación de inversión externa en proyectos estratégicos.
- Incorporar modelos de negocio más flexibles, tomando como referencia mecanismos vinculados a la Ley Constitucional Antibloqueo.
Referencias informativas: Prensa Latina y Últimas Noticias .
Cambios centrales en el modelo petrolero
Uno de los ejes más destacados de la reforma es la intención de redefinir el papel del Estado dentro de la estructura operativa del sector petrolero.
Esto no implica el abandono de la rectoría estatal, sino un movimiento hacia un esquema con mayor flexibilidad y apertura, en el cual:
- Se amplíen modalidades para que empresas privadas nacionales y extranjeras participen directamente en actividades como exploración y producción.
- Se impulse el “desarrollo conjunto” entre sector público y sector privado.
- Se promuevan mecanismos contractuales más dinámicos, orientados a atraer inversión hacia áreas de baja infraestructura o yacimientos subexplotados.
En la práctica, el proyecto apunta a un modelo donde la industria pueda incorporar mayor capital, tecnología y velocidad operativa, manteniendo la conducción estratégica del Estado.
Referencia: GBM .
Aspectos económicos y contractuales
Otro punto clave del debate es el componente económico-fiscal. Diversos análisis han señalado que el proyecto contempla medidas orientadas a hacer el negocio petrolero venezolano más competitivo frente a otros países productores.
En ese marco se ha planteado:
- La posibilidad de reducir la carga fiscal efectiva sobre las empresas (regalías e impuestos), para aumentar la atracción de proyectos.
- Introducir o reforzar mecanismos para canalizar parte de los ingresos petroleros hacia áreas de protección social e infraestructura, como escuelas, hospitales, viviendas y obras públicas.
Referencias: Finanzas Digital y La Nación Web .
Alcance legislativo y estado del trámite
Según lo divulgado en el seguimiento legislativo y medios nacionales, el texto contempla modificaciones a 18 artículos de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, combinando reformas puntuales con nuevas disposiciones incorporadas al marco legal.
Al tratarse de una norma orgánica, el proceso requiere:
- Primera discusión (ya aprobada).
- Consulta pública.
- Segunda discusión artículo por artículo.
- Sanción por la Asamblea Nacional.
- Promulgación para su entrada en vigencia.
Contexto político y geopolítico
La reforma se presenta en un momento donde el petróleo vuelve a ocupar un lugar central dentro de la agenda económica nacional. El objetivo declarado es contribuir a una recuperación productiva que permita mayores ingresos externos y un reposicionamiento del país en el mercado energético.
En este escenario, el componente geopolítico resulta inevitable: la reactivación petrolera está estrechamente vinculada a las condiciones internacionales del mercado, los acuerdos comerciales y las dinámicas regulatorias globales que impactan en la industria.
En conclusión, el proyecto aprobado en primera discusión representa un intento de actualizar el marco legal petrolero para responder a nuevas condiciones económicas y productivas, ampliando mecanismos de participación e incentivos, mientras el país entra en una etapa de redefinición del modelo energético en el período 2026-2027.
