“Tener recursos bajo tierra no es suficiente». La nueva doctrina petrolera de la presidenta Delcy Rodríguez separa soberanía sobre los recursos petroleros por un lado y por otro lado la gestión operacional, convirtiendo la energía en un instrumento de recomposición de las relaciones con Estados Unidos.
Categóricamente: no se trata de una privatización de nuestra riqueza fundamental ni de regresar a la Apertura Petrolera entreguista de los años noventa y tampoco puede describirse como una continuidad intacta del estatismo petrolero de comienzos de siglo.
Lo que está emergiendo es un nuevo modelo independiente: se reafirma la propiedad nacional y soberana del petróleo en manos de los venezolanos, se fortalece la conducción estratégica del Estado y se reimpulsa la participación del capital, la tecnología y la gestión privada para convertir nuestras gigantescas reservas en producción y bienestar social.
Puede añadirse incluso una nueva dimensión. Utilizar la energía como instrumento para transformar una “catastrófica” relación política de confrontación con Estados Unidos en una relación soberana de cooperación económica.
Tener petróleo no es suficiente
La frase más importante de la reciente alocución de la presidenta Rodríguez probablemente sea también la que mejor resume su pensamiento actual: “Tener recursos bajo tierra no es suficiente”.
Venezuela posee las mayores reservas petroleras del mundo, pero Rodríguez argumenta que esas reservas necesitan “inversión, tecnología, infraestructura y capacidad productiva” para transformarse en bienestar. Según explicó, de poco sirve encabezar las estadísticas mundiales de reservas si esa riqueza no puede convertirse en desarrollo y prosperidad.
“Tener recursos bajo tierra no es suficiente”
Presidenta Delcy Rodríguez
Aquí aparece un cambio importante respecto al discurso petrolero tradicional. Las reservas dejan de ser el objetivo. El objetivo es producir. Y producir significa obtener capital, tecnología, infraestructura y capacidad operacional.

Del soberanismo al pragmatismo
Durante años, Delcy Rodríguez defendió el petróleo principalmente como un asunto de soberanía. Como canciller respaldó la coordinación entre países productores, defendió PetroCaribe y sostuvo como ahora que los recursos naturales debían permanecer bajo dominio de los Estados.
Como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente también insistió en que Venezuela debía superar la dependencia del rentismo petrolero. Pero las sanciones, las restricciones financieras y la caída de la producción aceleraron otra idea.
Desde la Vicepresidencia defendió la Ley Antibloqueo de 2020 y nuevos mecanismos para atraer inversiones hacia sectores estratégicos.
Comenzó entonces a consolidarse una distinción que hoy resulta fundamental. La soberanía no significa necesariamente que el Estado tenga que financiar y operar directamente cada campo petrolero. La nación y el Estado deben conservar la propiedad del petróleo mientras utiliza capital privado para desarrollarlo.
La etapa como ministra de Petróleo
Cuando Nicolás Maduro nombró a Delcy Rodríguez como ministra de Petróleo, en agosto de 2024, esa combinación (o síntesis) se hizo todavía más visible: soberanía política y pragmatismo empresarial.
Mientras Venezuela mantenía fuertes desencuentros con gobiernos occidentales, Rodríguez continuaba negociando con compañías como Chevron, Repsol y Eni. El petróleo comenzó a funcionar como un espacio en el que las diferencias políticas podían coexistir con relaciones comerciales.
Esa lógica aparece hoy llevada a una escala mucho mayor.
La reforma petrolera de 2026
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en enero de 2026, amplió significativamente la capacidad de operadores privados para participar en actividades petroleras. Desde entonces, las empresas privadas pueden asumir inversión, gestión y riesgo operacional en proyectos determinados.
La legislación conserva un principio fundamental. Los yacimientos siguen perteneciendo a la República. Esta distinción ayuda a comprender el actual acuerdo con Estados Unidos.
Propiedad no es lo mismo que operación
Venezuela conserva jurídicamente la propiedad del petróleo mientras el capital extranjero participa ampliamente en su producción.
Ese parece ser el corazón del modelo de la Presidenta Delcy Rodríguez. Venezuela pone el petróleo y Estados Unidos pone capital y tecnología.
En su alocución del 29 de agosto, Rodríguez explicó el acuerdo mediante una fórmula extraordinariamente sencilla: “Cada parte aporta aquello que puede hacer mejor”.
Venezuela aporta petróleo, industria y la experiencia acumulada de sus trabajadores. Estados Unidos aporta capital y tecnología para recuperar y desarrollar los activos.
A cambio, Venezuela espera producción, empleo, infraestructura, mayores ingresos fiscales y nuevos encadenamientos productivos para la industria nacional.
Esta descripción resume esencialmente toda su doctrina actual. No se trata de negar la necesidad del capital extranjero. Se trata de utilizarlo sin renunciar jurídicamente a la propiedad nacional y soberana de nuestras reservas petroleras.
Rodríguez lo expresó después sin ambigüedad: “Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de su industria estratégica”
“Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de su industria estratégica”
Presidenta Delcy Rodríguez
Un proyecto de 25 años
La alocución también permitió conocer dimensiones concretas del acuerdo. Rodríguez afirmó que el proyecto binacional tendrá una duración de 25 años, comprenderá 17 campos estratégicos y tendrá como objetivo superar 1,5 millones de barriles diarios de producción.
Además anunció el desarrollo de ocho bloques greenfield (bloque verde) en la Faja Petrolífera del Orinoco, con regalías mínimas de 16% e impuesto sobre la renta de 34%. Rodríguez comparó esas condiciones con las asociaciones estratégicas de la Apertura Petrolera de hace tres décadas, cuando algunos proyectos greenfield tenían regalías de apenas 1%.
La comparación no es casual. Busca demostrar que apertura al capital extranjero no significa necesariamente regresar a las leoninas condiciones de la Apertura Petrolera. Su argumento es que Venezuela puede aceptar la participación privada (no la propiedad) y simultáneamente preservar una captura significativa de renta para el Estado.
¿Cuánto recibiría Venezuela?
Rodríguez hizo además algo políticamente importante. Puso una cifra sobre la mesa.
Tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, sostuvo que el acuerdo podría generar 209.335 millones de dólares para el Estado venezolano durante su ejecución. Según sus cálculos, aproximadamente 19 dólares de cada barril producido y vendido ingresarían al país.
Naturalmente, estas son proyecciones oficiales y dependerán del precio del petróleo, la producción efectiva, las inversiones y las condiciones contractuales. Pero la lógica política es evidente: “¿cuánto obtiene Venezuela a cambio?”

Más allá de Estados Unidos
Rodríguez también dejó claro que el acuerdo con Washington no sería el único. Mencionó expresamente nuevos acuerdos con empresas como Chevron, Repsol, Eni y BP y planteó un objetivo que va más allá del petróleo. Convertir a Venezuela en gran productor petrolero, exportador de gas y potencia petroquímica.
Su visión, por tanto, comienza a ser más energética que exclusivamente petrolera. Petróleo, gas y petroquímica formarían parte de una misma estrategia para atraer inversión y aumentar capacidad productiva.
Petróleo y diplomacia
Pero la alocución del 29 de agosto introduce además una dimensión política que no debería perderse. Rodríguez afirmó: “Escogimos el camino de la diplomacia de Paz con los Estados Unidos de América para transformar nuestras diferencias en cooperación”. Y añadió que esa cooperación debe convertirse en “inversión, producción, bienestar, resultados concretos para los venezolanos”.
Esto va mucho más allá de un contrato petrolero. Representa una reinterpretación de la relación con Washington.
Durante años, la política venezolana presentó a Estados Unidos principalmente como origen de sanciones, presión económica e intervención. Rodríguez no niega ese pasado —en la misma alocución describe la industria como duramente golpeada por las sanciones—, pero introduce otra propuesta, convertir la confrontación política en cooperación económica sin abandonar indeclinablemente la soberanía.
Incluso agradeció directamente al presidente Donald Trump, al secretario Marco Rubio y a ambos equipos de negociación por haber alcanzado el acuerdo. Ese es un giro político de considerable importancia.

Nueva Etapa. Nuevo Modelo Petrolero.
Rodríguez mantiene tres principios fundamentales del modelo bolivariano:
- Los hidrocarburos pertenecen irrenunciablemente a la República.
- El Estado debe capturar una porción importante de la renta.
- El petróleo debe utilizarse para financiar desarrollo y bienestar.
Pero flexibiliza profundamente otro: el Estado no necesita controlar directamente toda la operación para considerar que existe soberanía petrolera.
En otra época, propiedad, soberanía y control operacional tendían a formar parte de una misma concepción. Rodríguez está separando esos conceptos. El Estado conserva el recurso. El privado puede aportar capital, tecnología y capacidad de operación.
La doctrina Rodríguez
Si hubiera que condensar su pensamiento petrolero actual en una frase, probablemente sería: «soberanía sobre el recurso, pragmatismo sobre la operación».
Y después de la alocución del 29 de agosto habría que añadir una segunda: Diplomacia de Paz para transformar confrontación en inversión y producción.
Esas dos ideas parecen formar parte de una misma estrategia. Para la Presidenta Delcy Rodríguez, Venezuela no tiene que escoger necesariamente entre soberanía petrolera e inversión extranjera. Tampoco considera inevitable escoger entre diferencias políticas con Estados Unidos y cooperación económica.
La apuesta consiste en intentar hacer ambas cosas simultáneamente. Conservar la propiedad nacional, atraer capital extranjero, incrementar la producción y convertir la energía en instrumento de desarrollo, bienestar social y de reposicionamiento internacional.









