El asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia expresa la crisis del sistema colombiano y la influencia que en su agenda política tienen los intereses del gobierno norteamericano, lo que aleja la posibilidad de una paz estable en ese país. Las muertes que anteriormente se concentraban en regiones marginadas, empobrecidas, ubicadas en puntos estratégicos para las redes de producción y distribución del tráfico de droga, o explotación de hidrocarburos vía fracking, se han ido extendiendo a todo el territorio nacional en el marco de las protestas contra las políticas neoliberales del gobierno colombiano. La mayoría de los homicidios selectivos se vinculan a conflictos por tierra, territorios, recursos naturales o contra ex combatientes y promotores de los acuerdos de paz.
Las cifras se incrementan
Según documentos oficiales del gobierno de los Estados Unidos de 1960, la práctica del asesinato selectivo se asume como un instrumento de la política exterior norteamericana. Fomentar el asesinato del liderazgo social o contra personas incómodas a la política de Estados Unidos es considerado un medio para avanzar en determinada agenda política. De hecho entre los manuales de la CIA y el Departamento de Estado se encuentran cientos de páginas que contienen instrucciones sobre cómo seleccionar objetivos, el uso de armas, el entrenamiento, la preparación personal y métodos efectivos para un adecuado encubrimiento.
La práctica de los asesinatos selectivos tiene larga data en los países latinoamericanos. Durante los años 80 y 90 se multiplicaron las denuncias de organizaciones de derechos humanos en El Salvador, Nicaragua, Colombia y Haití contra grupos paramilitares, muchos de ellos financiados por Estados Unidos.
A pesar de los Acuerdos de Paz, organizaciones de derechos humanos como Indepaz en Colombia, denuncian el asesinato de 310 líderes sociales, entre indígenas afrocolombianos campesinos, mujeres y hombres defensores de la identidad sexual, además de 12 de sus familiares y 64 firmantes del acuerdo de paz durante el 2020.
El terrorismo de estado contra el liderazgo social tiene larga data en Colombia. Organizaciones populares estiman que cada 4 días matan un líder social en el país. La página web de Pacifista.TV contiene la reseña de 384 dirigentes asesinados que van desde presidentes de juntas de acción comunal, miembros de la guardia campesina, líderes indígenas, estudiantes, entre otros. La lista es calificada como una extensa “bitácora de la tragedia qué significa perder a los hombres y mujeres que implementan la paz en las regiones o que defienden los derechos de las comunidades».
La número 384 es Beatriz Moreno Mosquera, quien era presidenta y representante del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Por más de 40 años fue docente en Buenaventura y buscaba la implementación de la etnoeducación en los territorios
Fue asesinada el lunes 3 de mayo de 2021 en la playa la barra cerca de ladrilleros en Buenaventura, Valle del Cauca Se desconocen los responsables, aunque en el municipio hay presencia de bandas criminales en alianzas con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC a quienes se les vincula con el Clan del Golfo.
La investigación también reseña el asesinato de Juan David García de 32 años. Líder en las marchas contra la reforma tributaria del gobierno de Duque en el marco del paro nacional de 2021 en San Luis, Antioquia. Hacía parte de Colombia Humana y con su papá Jaider García, lideraron la campaña presidencial en el 2018. Sicarios lo asesinaron a las 2 de la tarde en San Luis, cuando según familiares se preparaba para recolectar fondos.
El liderazgo indígena también ha estado dentro de los principales objetivos del sicariato colombiano y grupos paramilitares. El 20 de abril de este año, Sandra Liliana Peña, autoridad indígena y gobernadora del resguardo de la laguna Siberia en el Cauca ejecutada luego de recibir amenazas de muerte por su trabajo en contra de la presencia de grupos armados en la zona y de los cultivos de uso ilícito.
El desconocimiento intencional del gobierno colombiano del conflicto armado interno y sus causas sociales, así como la autonomía de los territorios indígenas y los derechos de estos pueblos originarios, trajo como consecuencia que desde 2008 miles de indígenas de diferentes etnias se mantengan en movilización en defensa de sus derechos. Integrantes de la Minga Indígena, sinónimo de resistencia o movilización, denunciaron como «las familias ricas de Cali conjuntamente con la Policía Nacional dispararon de forma indiscriminada contra La guardia indígena y la comunidad”, durante una movilización con motivo del paro nacional de este año.
El año pasado durante la Minga Social en Bogotá, cuatro comuneros indígenas resultaron asesinados en menos de 24 horas por hombres armados en situaciones desconocidas.
En una investigación conjunta entre varias instituciones la Comisión Colombiana de Juristas, la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales entre otras organizaciones colombianas, se señala como a lo largo de más de 50 años de guerra interna “los planes y estrategias militares y policiales han estado marcados por un enfoque anti insurgente que ha afectado a la población víctima del conflicto, a los líderes y movimientos sociales, que luchan por cambios en el estatus quo y a los defensores de derechos humanos que luchan contra la arbitrariedad, la exclusión y la impunidad, al ser asumidos como enemigos internos que deben ser doblegados y vencidos”.
Destacan como desde finales de los años 90, con el apoyo de Estados Unidos, se han potenciado y aplicado planes militares a través del Plan Colombia, el Plan Patriota y el Plan Nacional de Consolidación Territorial, que han traído como consecuencia una abrumadora militarización de la sociedad y el Estado.
Denuncian como manuales militares vigentes propician acciones militares de exterminio contra la población civil «enemiga» y la promoción de acciones encubiertas y de conformación de estructuras paramilitares.
La persecución y el asesinato selectivo en Colombia también tiene rostro de mujer. En el transcurso de las manifestaciones pacíficas en el marco del paro nacional organizaciones por los derechos de las mujeres denuncian que la policía y el ejército ha capturado y agredido a 47 mujeres, 10 de ellas violentadas y según datos de la organización no gubernamental Temblores 19 mujeres han sido heridas y 33 desaparecidas. Califican de alarmante la situación en Cali donde la violencia sexual contra el liderazgo social se viene incrementando.
El 13 de mayo se conoció el suicidio de una joven de 17 años en Popayán luego de ser abusada sexualmente por cuatro policías durante su retención por participar en las protestas del paro nacional en la capital del Cauca.
El incremento de la violencia sexual contra el liderazgo social ha sido una constante en las protestas recientes en América Latina. Para el 2020 la Fiscalía de Chile investigaba 558 denuncias de violación de derechos humanos durante las protestas de octubre y noviembre, entre ellas más de 200 víctimas denunciaron desnudamientos o violaciones por parte de agentes policiales y del ejército.
El asesinato selectivo también se ha ido tecnificando. La Organización de Naciones Unidas alertó que al menos 102 países cuentan con drones militares y qué al menos 11 países han desplegado drones armados con el propósito de emplear la fuerza o cometer asesinatos selectivos según un informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias Agnes Callamard. Según declaraciones de la Policía de Cali, más de 50 aeronaves, 33 dones y 42 tanquetas fueron utilizados para mantener el “orden público” por órdenes de Presidente Iván Duque. La ONU reconoce que “los asesinatos efectuados con aeronaves no tripuladas son ignorados por las leyes nacionales e internacionales”. El pueblo colombiano clama por una agenda de paz. La impunidad ante los asesinatos selectivos incrementa la cultura de la muerte.
Anahí Arizmendi