Desde que se supo que 26 ciudadanos colombianos estarían presuntamente implicados en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise, la opinión pública mundial conoce evidencias que muestran que, en los últimos años, en Colombia la industria de mercenarios ha ido en ascenso.
La participación de mercenarios colombianos en el magnicidio de Haití expuso una realidad que el gobierno del Presidente Iván Duque intenta ocultar.
Las redes de mercenarios internacionales, formadas principalmente por exmiembros de fuerzas armadas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Sudáfrica, Francia o Israel hoy son engrosadas por una numerosa lista de efectivos colombianos, algunos de ellos, jubilados formalmente en su país pero activos a la hora de vender sus talentos al mejor postor a cualquier proveedor que pague lo que piden.
Según The New York Times, «1.800 soldados latinoamericanos estaban destinados en una base militar de Emiratos Árabes Unidos (Ciudad Militar de Zayed). 450 de ellos –colombianos en su mayoría, aunque también hay panameños, chilenos y salvadoreños– han sido enviados a participar a la guerra civil en Yemen, en la que están involucrados por interposición Irán, EE.UU., Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos».
Altamente formados en tareas operacionales que van desde comandos en la selva, francotiradores, pilotos de helicópteros, agentes de inteligencia, estos comandos trabajan para transnacionales de seguridad privadas que los colocan en distintos puntos geográficos del mundo.
El llamado Plan Colombia, una supuesta iniciativa de ayuda militar y diplomática estadounidense con el objetivo de combatir a los grupos armados y a los narco-cárteles, incluyó la contratación de Empresas Militares y de Seguridad Privadas- MSPs -procedentes de Estados Unidos. Según la BBC, existe un informe de 2011 del Comité del Senado sobre Seguridad Nacional de EE.UU., que indica que entre 2005 y 2009 el gobierno federal gastó US$3.100 millones en contratos privados para políticas de antinarcóticos en América Latina, un aumento del 32% en cuatro años. La mayoría de esas empresas estaban en Colombia.
Fueron actores armados con fines de lucro que participaron en las acciones desplegadas por Álvaro Uribe a lo largo de todo el país, generando muerte y desplazamientos forzosos de miles de personas que, para salvar sus vidas, huyeron con loque tenían puesto.
Desde esa época a la actualidad, se dio un salto estelar que da cuenta de la continua participación de mercenarios colombianos en distintas guerras de Oriente Medio.
Desde la invasión a Irak por Estados Unidos en el 2003, hasta la campaña antichiíta que paga Arabia Saudita para realizar en Yemen, esos operativos tienen componentes militares colombianos que convierten al país que gobierna Iván Duque en un suministrador mundial de ex soldados para las MSPs.
The New York Times, en ese artículo del 25 de noviembre de 2015, indicaba que más de 400 mercenarios colombianos fueron reclutados en su país a través de una compañía conectada con Eric Prince – antiguo marine y fundador de la EMSP Blackwater, hoy rebautizada como Academi. Los soldados colombianos fueron entrenados en Estados Unidos, en la base Zayed Military City, y lucharon contra los hutíes en Yemen.
¿Quién contrata a un mercenario colombiano?
El precio que cobran por sus servicios es lo que convierte en competitiva la mano de obra mercenaria colombiana: el precio de contratación es menor a los habituales del mercado. Con la experiencia de campo lograda en un país que arrastra más de cinco décadas de conflicto armado y entrenados por los mejores de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, los militares colombianos son reconocidos en todo el mundo por su entrenamiento y formación.
Las ofertas laborales de militares en retiro y en servicio activo circulan tranquilamente por redes sociales, según el periódico colombiano El Tiempo.
Son contratados para realizar tareas de todo tipo: combates contra el grupo terrorista ISIS y actos de sicariato. Las empresas contratistas de seguridad internacionales, mayoritariamente estadounidenses, reclutan miembros para trabajar en regiones tan riesgosas como Irak, Yemen, Emiratos Arabes Unidos o Afganistán. Cuanto más alto el riesgo, mayor paga.
Decenas de hombres con entrenamiento militar se retiran del servicio activo colombiano y se jubilan incluso antes de los 40 años porque no lograron ascender en la escala jerárquica del ejército, o porque son llamados a retiro o procesados judicialmente. Algunos de ellos optan por estas alternativas muchas veces criminales, como Manuel Antonio Grosso Guarín, uno de los capturados por el magnicidio de Moise. Hasta hace dos años, estaba activo en el Ejército de Colombia y en su hoja de vida aparece como experto en actividades de Comando Especial valorados como misión de alto valor estratégico. También era experto en Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas. La empresa que según él, lo contrató, CTU, muestra en su perfil de Instagram, que ofrece entrenamiento y servicios de seguridad, está registrada como una unidad contra el terrorismo, es una academia federal y su creación data del 2019. Es la misma empresa que el 23 de febrero del 2019 estuvo a cargo de la seguridad y logística del concierto «Venezuela somos todos» en la ciudad Colombiana de Cúcuta.
Cuando algo sale mal, como ocurrió con el asesinato del presidente Jovenel Moise, el Gobierno, el Ejército y la Policía Nacional de Colombia, expresan sus condolencias a los deudos y los deseos de colaboración con Interpol y las autoridades haitianas en este caso. De las responsabilidades del gobierno colombiano en la conformación del fenómeno criminal de exportación, ni una palabra.
Operación Gedeón en Venezuela
El caso más reciente, antes del asesinato de Moïse, fue la fallida «Operación Gedeón» en Venezuela, una incursión armada ejecutada el 3 de mayo de 2020 con el objetivo de secuestrar y asesinar al presidente Nicolás Maduro.
Según la Fiscalía colombiana, la operación se planeó en Bogotá, donde se conformaron grupos de 20 hombres, liderados por desertores del ejército y prófugos de la justicia venezolana, que fueron asesorados y entrenados en campamentos en Colombia por agentes estadounidenses Jordan Goudreau, Airan Berry y Luke Alexander Denmam.
En entrevista para el medio colombiano RCN, publicada en mayo de 2020, Jhon Díaz, quien estaba en ese momento al servicio de una empresa extranjera contratista de servicios de defensa, dijo que la principal motivación para armarse y prestar los servicios como mercenario es «la parte económica», porque «esto es un negocio y todo depende de la organización en donde uno esté trabajando».
Son partes afinadas de una maquinaria de industria militar y de seguridad privada de un gobierno con programa neoliberal y agenda globalizada que usa todos sus recursos en pos del objetivo: Estados Unidos empezó a sustituir sus tropas en Medio Oriente por empresas de seguridad privada, porque conllevan un menor costo político en términos de bajas y porque ante eventuales violaciones a los derechos humanos, la responsabilidad jurídica recae sobre los autores materiales y no el Estado o la compañía privada que los contrató.
Esta semana, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Jorge Rodríguez señaló a la empresa de seguridad privada CTU Security (que reclutó a los mercenarios que mataron al presidente haitiano) de estar detrás de un complot para matar al presidente Maduro, un hecho que intentaron el 5 de julio pasado. Jorge Rodríguez dijo que la compañía, con sede en Miami, es dirigida por el opositor venezolano Antonio Enmanuel Intriago Valera que tendría nexos con el mandatario colombiano Iván Duque.
Ante la negativa de Duque, el ministro de comunicacion venezolano posteó en Twitter las imágenes que demuestran lo contrario.
También el político colombiano Gustavo Petro difundió fotos de Intriago Valera con Juan Guaidó y con el presidente de Colombia, Iván Duque.
¿Cómo es el negocio?
No es un negocio manso y suave para ninguna de las partes que entran en interacción una vez que se contrata un mercenario. Como ejemplo, veamos lo ocurrido en mayo de 2007, cuando el capitán retirado del Ejército Gonzalo Adolfo Guevara fue asesinado en el norte de Bogotá por sicarios. Guevara era gerente de proyecto de la empresa ID System, que representaba en Colombia a Blackwater y su nombre salió a la luz pública en agosto del 2006, cuando 35 exmilitares colombianos, contratados por esa empresa, denunciaron engaños sobre las condiciones de pago y aseguraron que vivían un ‘infierno’ porque se sentían atrapados en medio de una guerra ajena.
Lo mismo que pasó con los mercenarios contratados para la Operación Gedeón. Algunos de ellos aún reclaman que sus contratantes los dejaron abandonados a su suerte.
Pero la realidad también indica que, con salarios superiores a los 5.000 dólares mensuales (gana hasta tres o cuatro veces más que un suboficial con 20 años de antiguedad), militares colombianos consideran el llamado a ocupar la plaza laboral de mercenario como » la gran oportunidad «.
Por esto, pilotos de Black Hawk luego de recibir sus cursos de adiestramiento pagados con dinero público, renuncian a las Fuerzas Armadas y se ubican como producto «for export» colombiano.
Estos mercenarios adquieren destrezas contratados por gente poderosa y económicamente solvente que ejerce el poder de la violencia. Para muestra, lo que hacen: los asesinatos de líderes y lideresas sociales, ambientalistas, indígenas, desmovilizados, personas que reclaman tierras que les pertenece por derecho, políticos caso jaime Garzón, candidatos presidenciales en el 90 y la lista se extiende.
El derecho a la vida no vale nada para un mercenario. El negocio se cierra cuando la impunidad echa su manto y cubre informaciones como las que estallan tras el asesinato de Moise.
Marcela Heredia