EE.UU., Israel e Irán: anatomía de una negociación incierta
A finales de mayo de 2026, el presidente Trump declaró «muy posible» un acuerdo entre Washington y Teherán, mientras el Estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20% del comercio mundial de petróleo— permanece en el centro de la negociación, oscilando entre episodios de interrupción del tráfico y compromisos de reapertura condicionados al alto el fuego. La combinación de exposición energética global y riesgo nuclear convierte esta negociación en uno de los procesos diplomáticos con mayor potencial de impacto sistémico de la década.
Los tres vértices del triángulo —Estados Unidos, Israel e Irán— tienen incentivos reales para alcanzar un entendimiento, pero también costes políticos internos que limitan su margen de concesión. La tensión analítica central es si los incentivos económicos y de seguridad superarán la desconfianza acumulada desde 1979 y las presiones domésticas que operan en sentido contrario en cada capital.
De la Revolución Islámica al colapso del JCPOA y la escalada de 2025
El conflicto estructural entre Irán, Israel y Estados Unidos tiene su punto de inflexión en 1979: la Revolución Islámica supuso la ruptura diplomática con Washington, el no reconocimiento del Estado israelí y el inicio del apoyo iraní a grupos armados como Hezbolá. Durante décadas, el programa nuclear iraní fue el eje que organizó las sanciones internacionales y las presiones militares, hasta que el Acuerdo Nuclear de 2015 —conocido como JCPOA— estableció límites verificables al enriquecimiento a cambio de alivio económico. Israel lo consideró insuficiente desde el primer momento.
La retirada estadounidense del JCPOA en 2018 bajo la administración Trump y la política de «máxima presión» aceleraron la expansión del programa nuclear iraní: el número de centrifugadoras y los niveles de enriquecimiento aumentaron de forma sostenida entre 2019 y 2024. En 2025, una campaña militar conjunta EE.UU.–Israel contra objetivos en Irán y Líbano, combinada con el bloqueo iraní del Estrecho de Ormuz, creó paradójicamente una ventana de negociación directa, con conversaciones en Pakistán y mediación china para un marco regional de posguerra.
Tres escenarios posibles y sus efectos sobre la arquitectura regional
En este contexto, los analistas identifican tres trayectorias. La primera es un acuerdo amplio —denominado «JCPOA plus»— que combine verificación nuclear más estricta, límites a misiles balísticos y reglas sobre las milicias aliadas de Irán en Líbano, Siria, Irak y Yemen. Este escenario implicaría una caída de la prima de riesgo geopolítica en los precios del crudo, una reintegración gradual del petróleo iraní en los mercados internacionales y un reequilibrio de alianzas en el Golfo que afectaría el peso relativo de Arabia Saudita y los Emiratos.
Sin embargo, la lectura escéptica prevalece entre varios analistas: señalan que la violencia continua en Ormuz y la fragilidad de los altos el fuego sugieren que cualquier acuerdo sería más un cese temporal de hostilidades que una transformación estructural. La segunda trayectoria —una desescalada limitada sin acuerdo formal— estabilizaría las expectativas de mercado sin generar grandes flujos de inversión hacia Irán ni alterar de fondo las dinámicas de influencia regional. La tercera, el fracaso y retorno a la escalada, implicaría subidas bruscas del Brent —históricamente entre 20% y 30% en crisis agudas— y aumento del gasto militar regional con impacto en indicadores sociales por reasignación presupuestaria. En todos los escenarios, la implementación depende de mecanismos de verificación robustos y de la política interna en Washington, Teherán y Jerusalén.
Para los próximos meses, tres indicadores serán clave: para decisores políticos, el avance o ruptura de las conversaciones directas EE.UU.–Irán y el papel de China como garante de un marco regional; para empresas e inversores, la evolución del precio del Brent y la apertura o cierre efectivo del Estrecho de Ormuz al tráfico comercial; para el público en general, el comportamiento de los precios de los combustibles y su traslado a costes de transporte y bienes de consumo.
