Los hechos en la ciudad de Iquique en Chile, cuando una marcha de sectores de derecha incendió un campamento de migrantes, la mayoría venezolanos, marcó el inició de la campaña por la relección presidencial de Sebastián Piñera, que retoma el tema de la “migración ilegal” como una de sus banderas de lucha.

La estrategia no es nueva. Ya en la contienda presidencial contra el candidato de Michelle Bachelet, Piñera promovió que la emigración haitiana “traía delincuencia, narcotráfico y  prostitución a Chile”, lo que le valió muchos adeptos en una sociedad conservadora e inducida por una gran campaña desde los medios de comunicación cercanos a los partidos neoliberales. La xenofobia y el racismo serán nuevamente parte de la estrategia electoral del mandatario chileno que se encuentra en su punto más bajo de popularidad ante las innumerables denuncias de violaciones a los  derechos humanos contra la población civil y el triunfo de nuevos movimientos en la Constituyente.

Expulsar los migrantes para ordenar la casa

Para el 2016, la entonces presidenta Michelle Bachelet defendía la llegada de migrantes haitianos a Chile en el marco de una acción de solidaridad internacional con el país antillano que había sufrido embates políticos, económicos y terribles consecuencias producto de  desastres naturales.

Piñera entonces senador, colocó entre sus principales banderas de campaña electoral  la necesidad de frenar la migración a Chile que sólo traía “narcotráfico, lavado de dinero y clonación de tarjetas al país”. Haitianos, peruanos y colombianos constituían las principales poblaciones migrantes a esa nación.  Para el 2017 Piñera gana la presidencia de Chile con una diferencia de nueve puntos sobre el progresista Alejandro Guiller.

Con el reconocimiento de Juan Guaidó como “Presidente encargado de Venezuela”, estrategia promovida y financiada por Washington, Piñera junto con otros presidentes latinoamericanos, realizan una convocatoria regional para inducir la migración de jóvenes venezolanos a sus países, bajo el supuesto de otorgarles estadía regular, trabajo y mejores condiciones de vida.

La convocatoria tuvo un momento clave en el 2019, durante el intento de pasar una supuesta ayuda humanitaria a la fuerza por la frontera colombo-venezolana, que luego se demostraría ser la fachada de una incursión irregular de grupos violentos y paramilitares a Venezuela. El presidente chileno  fue uno de los mandatarios que se hizo presente en el llamado Cucutazo, y desde ahí reitero su invitación a los venezolanos a que migraran a Chile “ante la crisis humanitaria venezolana”.

De esta forma varios de los gobiernos de la región participaron junto con la oposición vinculada a Guaidó y el G4 en la piñata de la ayuda humanitaria, que para ese año motivó el anunció del gobierno estadounidense a través de la USAID de un incremento de 120, 2 millones de dólares adicionales para tal fin.

En el caso del gobierno de Piñera, el Informe Anual de la  USAID de ese año establece un financiamiento de 1.050 millones de dólares  enviados a Chile para atender “las necesidades de los venezolanos migrantes”. El 40 por ciento de los recursos de la USAID destinados  a la ayuda humanitaria es  administrado a través de organizaciones no gubernamentales, que en la mayoría de los países del llamado Grupo de Lima, han sido organizadas por grupos afines a Guaidó en alianza con sectores religiosos y políticos locales.

Chile también participa como uno de los países susceptibles a nuevas donaciones internacionales, como las acordadas en la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados Migrantes Venezolanos realizada en junio de este año en Canadá, en la que acordaron 1,500 millones de dólares en subvenciones y préstamos para ayudar a los migrantes venezolanos “que huyen de Venezuela”, así como sus naciones de acogida.

Pero al fracasar la estrategia de Estados Unidos de sacar al Presidente Nicolás Maduro del gobierno, más el triunfo de las corrientes progresistas en países como Bolivia, Argentina, Perú y su impacto en el debilitamiento de la OEA y la practica disolución del Grupo de Lima, creado para  intervenir en la supuesta crisis venezolana a favor de la oposición, la migración de venezolanos que en el caso de Chile ascienden aproximadamente a 400 mil personas, se hace “incomoda e inmanejable”.

La nueva estrategia de Piñera, de criminalizar la migración para sus fines electorales y económicos, para justificar por una parte la necesidad de mayores recursos por concepto de ayuda humanitaria y por otra sacar provecho de la xenofobia como recurso electoral, tiene varios antecedentes.

En el 2018 el gobierno chileno se negó a suscribir el Pacto Mundial sobre Migraciones de las Naciones Unidas, para mantener su política de “migración responsable y segura”, fundamentada en expulsiones administrativas unilaterales de migrantes a sus países de origen o proveniencia. Como muestra de su política  ese año entró en vigencia la Visa de Responsabilidad Democrática que al final sólo amparó a un 27 por ciento de la población venezolana migrante. El resto, son considerados “Ilegales” y por tanto susceptibles a las llamadas expulsiones administrativas orientadas a garantizar “la tranquilidad y paz de la ciudadanía chilena ante la migración ilegal y delincuencial y así ordenar la casa”.

Las expulsiones administrativas han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos y voceros de Naciones Unidas, ya que dejan amplios procedimientos a discrecionalidad de los funcionarios y no permiten derecho a la defensa, ni evaluación individual de los casos.

Ante el desalojo violento de decenas de migrantes acampados en una plaza de la  ciudad de Iquique por parte de Carabineros, el gobernador de Tarapacá  José Miguel Carvajal presento un recurso de protección contra el gobierno de Piñera “por abandono de deberes ante la situación migratoria”. Carvajal denuncio que “el alto y creciente número de ingresos de personas en forma no oficial o irregular ha sido tolerado, permitido y soportado indebida e irresponsablemente por Piñera y las autoridades llamadas a controlar este tipo de hechos, privándole a los habitantes de la región al derecho irrenunciable de vivir en paz”.

La autoridad regional advirtió que la situación no va a cambiar en los próximos meses. Piñera es acusado de no entregar recursos para la atención de los migrantes e insistir en las expulsiones de los extranjeros a pesar de un fallo de la Corte Suprema chilena que rechazo ese procedimiento.

Lo ocurrido en Iquique fue rechazado por amplios sectores de la población chilena, voceros de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos, y motivó el inició de una investigación penal El hecho fue condenado por el gobierno venezolano que activo inmediatamente vuelos humanitarios para el regreso voluntario de connacionales a Venezuela.

Sin embargo, la xenofobia y el racimo promovida y avalada por el discurso presidencial, partidos y medios de comunicación  ha logrado incidir en la población chilena. Encuestas  recientes determinaron que el 55 por ciento de los chilenos considera que la migración es negativa y que deben tomarse medidas al respecto. El discurso permeó las instituciones y el poder legislativo aprobó este año una nueva Ley Migratoria propuesta por Piñera en la que se legalizan las expulsiones administrativas. Sin que sea coincidencia la ley fue sancionada en Iquique, al norte de Chile, paso de migraciones provenientes de Bolivia.

Desde el Estado chileno la llegada de extranjeros se presenta como una amenaza “al modelo de vida chileno” y la razón del incremento de la delincuencia y las enfermedades, a pesar de que las estadísticas demuestran que los migrantes, en su mayoría no venezolanos, no representan ni el uno por ciento de la población privada de libertad en ese país. A esto hay que considerar que muchos migrantes son detenidos ilegalmente dada su situación de vulnerabilidad.

La campaña contra “la migración ilegal y delincuencial” viene como anillo al dedo, para un gobierno que necesita desviar la atención de los profundos problemas sociales y económicos en Chile y de los recientes señalamientos por parte de movimientos sociales y grupos de derechos humanos de violaciones de derechos humanos.

En el caso de la comunidad  Mapuche por ejemplo, los pueblos originarios solicitaron un juicio por genocidio contra el mandatario chileno por su política antiindígena y terrofaga. También en Naciones Unidas cursan investigaciones por  violaciones de derechos humanos, desapariciones, asesinatos, violaciones y abuso sexual, por parte de las fuerzas de seguridad de carabineros contra la población civil chilena, durante la jornada de movilizaciones previa a la elección de la Constituyente, otra derrota política para Piñera.

Por lo que todo indica, que en base a la tesis del “enemigo interno”, Piñera retomara como estrategia electoral en la campaña por su relección a las elecciones de noviembre, la lucha contra “la migración ilegal” que le dio dividendos en la campaña contra Bachelet. Sólo que en aquel momento era contra los haitianos y hoy es contra los venezolanos. Los que otrora fueron invitados “al país de las oportunidades” hoy son tratados como desechables y estarán en el centro del debate electoral y de otras situaciones que podrían estarse gestando como parte de una campaña que usará  casi la limpieza étnica como bandera. 

Anahí Arizmendi