Afganos en Colombia
¿Qué esconde la ayuda a cooperantes afganos en Colombia?

A raíz de la crisis en Afganistán el gobierno de Colombia anunció que concederá un permiso humanitario temporal a alrededor de 4.000 personas provenientes de esa nación, como parte de una ayuda humanitaria financiada por Estados Unidos.

Los costos de esta operación que el Presidente colombiano califica como una “alianza humanitaria internacional” serán asumidos por la agencia estadounidense USAID, a través de la cual se han venido financiando todas las acciones contra Venezuela. Tras este “financiamiento humanitario” se esconden algunos elementos que podrían estar orientados a desestabilizar la frontera colombo-venezolana.

Más dinero para Colombia

Según Naciones Unidas, Colombia se ubica entre los países con mayor desplazamiento interno en el mundo, sobre todas las regiones fronterizas con Venezuela en la costa del Pacífico y en los departamentos del norte de Santander, territorios donde predominan enfrentamientos por el control de las rutas de distribución del narcotráfico colombiano.

El Registro Único de Víctimas y el Observatorio Global de Desplazamiento Interno en Colombia determinaron que desde 1985 hasta el 2020 en ese país existe un acumulado histórico de casi 8,1 millones de desplazados internos. Población que no aparece en las solicitudes de ayuda humanitaria por parte del gobierno colombiano, y que han tenido como objetivo la supuesta atención a los migrantes venezolanos y ahora a cooperantes civiles y refugiados afganos.

Entre quienes llegarán a Colombia desde Afganistán se encuentra “civiles cooperantes del gobierno y el ejército de Estados Unidos o de la OTAN”, es decir operadores de inteligencia o militares a las órdenes de la Casa  Blanca durante veinte años de invasión. Muchos de ellos serán contratados por las empresas privadas y militares de seguridad que operan abiertamente en la nación suramericana.

En sus declaraciones el Presidente Biden reiteró que «el Presidente Duque es un gran amigo de Estados Unidos y le agradecemos que haya respondido a la llamada para proporcionar apoyo humanitario a los ciudadanos afganos que trabajaron para difundir la democracia y la libertad».

No obstante llama la atención que los cooperantes de Estados Unidos y la OTAN permanecerán en Colombia hasta que el gobierno de Washington “decida autorizar su ingreso al país”.

El particular apoyo bilateral se desarrolla en el medio de una nueva convocatoria de protestas por parte del movimiento social colombiano, cuyos líderes y lideresas vienen siendo víctimas de un genocidio sistemático reconocido por Naciones Unidas, así como de denuncias sobre la organización y financiamiento de grupos terroristas para actuar contra Venezuela.

La gran industria transnacional de compañías militares y de seguridad privada hizo vida activa en Afganistán durante los años de invasión estadounidense. Investigadores sostienen que aunque los soldados regulares norteamericanos se están retirando, la presencia de Estados Unidos no se está reduciendo como consecuencia de la tercerización de la guerra.

Cabe destacar que la invasión de Estados Unidos a Afganistán se constituyó en la guerra más larga de ese país y tuvo un costo  aproximado de dos billones de dólares. Como saldo, Afganistán vive una guerra civil permanente y es  el mayor productor de heroína en el mundo y el centro de producción de la metanfetamina.

En el marco de la llamada privatización de la guerra, Colombia se ha convertido en uno de los principales países en los que operan las empresas militares privadas de seguridad. La legislación colombiana favorece la actuación abierta de estas compañías transnacionales que también operan en Afganistán y que han sido señaladas de estar tras el intento del magnicidio del presidente Nicolás Maduro en Venezuela y el asesinato del presidente de Haití.

Junto con el negocio de las compañías privadas militares se encuentra también el narcotráfico. Durante los años de invasión estadounidense los productores de Amapola en Afganistán se consolidaron como socios de los carteles del narcotráfico de heroína hacia Estados Unidos y Colombia. Estudios del Observatorio de Drogas de Colombia y el Ministerio de Justicia de ese país reconocen el consumo de heroína como una realidad emergente en Colombia que deber ser abordada como un problema de salud pública.

En julio de este año, Estados Unidos anunció 400 millones de dólares extra para los países que según ellos atienden la migración venezolana. Estados Unidos es el mayor donante humanitario a la “crisis regional de Venezuela” habiendo proporcionado más de 1,400 millones de dólares de asistencia humanitaria desde el 2017, gran parte de los recursos asignados al gobierno colombiano. Durante esos años se incrementaron las actividades de formación y organización de mercenarios para desestabilizar el gobierno bolivariano con incursiones fallidas en la frontera colombo-venezolana y operaciones como la Operación Gedeón con un costo de 200 millones de dólares establecido en el contrato suscrito por Juan Guaidó.

Hasta la fecha, la USAID no ha precisado abiertamente el monto de esta nueva ayuda humanitaria para Colombia para la atención de los refugiados afganos, ni el número de civiles cooperantes del gobierno y el ejército de Estados Unidos o de la OTAN que permanecerán en Colombia a la espera de ser aceptados como refugiados en Estados Unidos, un proceso que puede durar años. Entre tanto se espera el “financiamiento humanitario” que la misma agencia estadounidense se ha visto obligada a reconocer que “apenas llega a manos de los migrantes” y el gobierno colombiano promueve una  “alianza humanitaria internacional”  que prende las alarmas.

Anahí Arizmendi