Uribe sacrificio
Uribe: El sacrificio de la oligarquía colombiana

El 04 de Agosto de este año, el Tribunal Supremo de Colombia ordena poner bajo arresto domiciliario al ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, por supuesto, fraude procesal y soborno de testigos, en lo que supone una medida histórica contra un antiguo jefe de Estado. Aunque la decisión busca retomar cierta credibilidad en el poder judicial, detrás  se encuentran los intereses de un sector de la oligarquía colombiana que necesita asegurar la elección presidencial del 2022 y los intereses de Estados Unidos sobre Venezuela. El fallo deja impune 28 investigaciones contra Uribe y en desesperanza a más de 6 millones de colombianos víctimas directas del paramilitarismo desde el 2002.

Una jugada política

En 2014, tras la acusación del senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, sobre organización y financiamiento de grupos paramilitares, Uribe inicia una contrademanda ante la Corte Suprema, por supuesta  manipulación de testigos. Con la declaración de 42 testigos la contrademanda es desestimada y el proceso se revierte contra el ex presidente, sobre el que pesan delitos de lesa humanidad.

Entre las investigaciones más recientes se encuentra  la compra de votos en la región Caribe a favor de la candidatura del presidente Iván Duque en las elecciones generales de 2018. La decisión tuvo lugar al conocerse  la transcripción de unas grabaciones del empresario Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández, sobre «dineros bajo la mesa» que habrían beneficiado la campaña de Duque.

En opinión del Director de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, Juan Carlos Tanus, el dictamen, si bien es histórico, responde a los intereses del sector de la oligarquía tradicional colombiana, liderada por Juan Manuel Santos, que no solo es quien define en su momento la composición de la Corte, sino que con la medida envía un mensaje al sector empresarial que apoya a Uribe, que no son intocables.

«La oligarquía debe sacrificar a Uribe y hacer creer que nadie está por encima de la ley. Si la decisión fuese solo jurídica, deberían definirse las investigaciones sobre la creación de grupos paramilitares en Antioquia y las masacre de El Aro».

En su opinión, el crecimiento de una opción alternativa como la de Gustavo Petro y la crisis de liderazgo en las filas conservadoras, obligan a Estados Unidos y sus aliados en Colombia, a promover nuevos actores que garanticen el triunfo electoral.

Para Tanus, los Estados Unidos tienen intereses y no sentimientos. Su objetivo es mantener la hegemonía, no importa a quien tengan que utilizar para ese objetivo. Califica el papel del gobierno de Washington como complaciente en una decisión que ratifica que la relación de Juan Manuel Santos con los gobiernos, instituciones y transnacionales norteamericanas es mucho más sólida que la de Uribe. 

Apreciación similar sostiene la investigadora colombo-venezolana María Fernanda Barreto, para quien se debe resaltar que la medida no es una condena, por el contrario la decisión es prorrogable y el máximo de penalidad para los cargos que se le imputan es de 8 años. Si bien celebra que por primera vez una medida legal toca a un ex Presidente en Colombia, no hay que olvidar que Uribe es el padre del paramilitarismo, los falsos positivos y una pieza fundamental en la estrategia de guerra no convencional contra Venezuela.

Ambos activistas por los derechos humanos, coinciden en que esto no significa un debilitamiento de los grupos paramilitares vinculados con Uribe, ni un cambio en la estrategia de presión definida desde Washington contra Venezuela, por el contrario, sacrificar a Uribe se corresponde con la cadena de fracasos en las agresiones e incursiones irregulares desde Colombia ante la unidad cívico-militar venezolana.

Venezuela en el ajedrez colombiano

El prontuario de Uribe es amplio e incluye delitos que podrían clasificarse de lesa humanidad. Se estima que en la Corte Suprema de Justicia, máximo ente judicial de Colombia, reposan 30 investigaciones y en la comisión encargada de investigar a los altos funcionarios del Estado, se cuentan más de 50.

Los expedientes van desde  injerencia de hackers y compra de votos en campañas electorales, hasta homicidios y masacres cometidas por grupos paramilitares. Además, hay investigaciones desde que Uribe fue gobernador del departamento colombiano de Antioquia a finales de los años 90, hasta sus intervenciones actuales como senador.

Barreto es de la tesis que, tras el fracaso del golpe contra Chávez, en el que la oligarquía colombiana tuvo estrecha participación, se inicia en la primera gestión de Álvaro Uribe   una  política de agresión de tipo irregular contra Venezuela,  con el paramilitarismo como avanzada y con financiamiento y apoyo de los Estados Unidos. Para ella se crean desde entonces las condiciones para la legitimación del paramilitarismo y sus propiedades con la Ley de Justicia y Paz en el 2005, el matrimonio financiero entre narcotráfico y paramilitarismo y el impulso de la para y la narcopolítica.

Destaca que la relación entre narcotráfico y paramilitarismo ubica a Uribe como uno de los ex presidentes que más benefició la narcopolítica en Colombia. Una conexión con lazos políticos comunes en la lucha anticomunista e intereses de las oligarquías locales en fuentes de financiamiento, por la venta de drogas y aportes de las transnacionales.

En esa línea Tanus describe a Uribe como la figura pública de las expresiones armadas paramilitares en Colombia. No obstante no cree que el fallo judicial impacte de forma definitiva a las fuerzas irregulares leales a Uribe, ubicadas con fuerza en Antioquia o la frontera con Panamá, aunque prevé que grupos como Los Rastrojos o Las Águilas Negras podrían fortalecerse.

Sostiene que el paramilitarismo colombiano vive un proceso de balcanización,  como consecuencia del plan de la Administración para el Control de Drogas, DEA, de dividir al país en cinco regiones  en las que «armoniosamente» estructuras militares y paramilitares desarrollan el gran negocio de la cocaína. Un informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca reveló que en 2019 se produjeron en Colombia 951.000 kilos de Cocaína. Se estima que este flagelo ya equivale a un poco más de 0,38% del PIB ($4,18 billones), es decir, casi la mitad del negocio del café o lo que pesan las actividades financieras y de seguros.

Si bien la agresión irregular a Venezuela diseñada desde el primer gobierno de Uribe, y tras la cual hay interés del narcotráfico en ampliar sus rutas, no ha podido quebrar la unidad cívico-militar venezolana, su estrategia de penetración en las comunidades debe ser motivo de alerta. La experiencia colombiana impulsó a Barreto a investigar y definir 14 indicadores de penetración del paramilitarismo en las comunidades, identificados en su «Manual para enfrentar la Invasión Paramilitar sobre Venezuela».

«El paramilitarismo cuenta con mecanismos, no solo militares, sino también extramilitares, políticos, culturales, económicos, que se expresan de forma diversa en los territorios.  Un ejemplo cultural claro, han sido las narconovelas colombianas que han ayudado a legitimar la presencia del narcotráfico en la comunidad, así como corridos y vallenatos que promueven la cultura patriarcal propia del paramilitarismo y el narcotráfico, con altísimos niveles de violencia, esclavización y prostitución forzada, trata de personas, juegos de envite y azar, contrabando, prestamistas, entre otros mecanismos de penetración».

La decisión judicial contra Uribe no saca a Venezuela del ajedrez colombiano. Tanus percibe que surgirán otros voceros contra el gobierno venezolano como Germán Vargas Lleras y los Char en la región Caribe, de aquí a las elecciones presidenciales en el vecino país. Sin embargo, no descarta que si la oligarquía colombiana y los Estados Unidos sienten que puedan perder el proceso electoral, pudiesen utilizar la carta del uribismo para respaldar otros liderazgos. «Si necesitan a Uribe como chivo expiatorio, mártir o rey, lo utilizaran».

Anahí Arizmendi