El desmantelamiento de la banda criminal que operaba en la Cota 905 develó una plan desestabilizador e incluso de magnicidio contra el Presidente de la República Nicolás Maduro, en el que participan dirigentes de la oposición venezolana. Nombres como Freddy Guevara, Juan Guaidó, Gilber Caro y Leopoldo López, aparecen nuevamente vinculados a actos terroristas financiados por el gobierno de Washington y el narcotráfico colombiano con el objetivo de desestabilizar la paz de la República.
Para la abogada constitucionalista Olga Álvarez, estas nuevas denuncias se suman a una cadena que configuran una situación de delito continuado, que coloca a los implicados en situación de flagrancia, por lo que pueden y deben ser puestos a la orden de las autoridades competentes.
Cadena de Delitos
El presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, al referirse a los hechos violentos que se estaban orquestando desde España y que ejecutaban las bandas criminales de La Cota 905, denunció la organización de dos intentos de magnicidio, uno a través de un ataque terrorista antes del 24 de junio y otro para el 5 de julio.
Explicó que ante el fracaso de los mismos se planifican los hechos de violencia desde la Cota para el 6 y el 7 de julio bajo el liderazgo de bandas paramilitares urbanas con alta capacidad de fuego, provista por el gobierno colombiano con el objetivo de matar gente en la autopista y los túneles en La Planicie.
El presidente del Poder Legislativo presentó conversaciones vía Whatsapp entre el fundador de voluntad popular Leopoldo López, Emilio Graterón, Gilber Caro y Hasler Iglesias, así como conversaciones entre Freddy Guevara y López, que evidencian una presunta vinculación con el accionar de las bandas paramilitares.
En opinión de Olga Álvarez los delitos en los cuales están incursos dirigentes de oposición, no son delitos sueltos sino que conforman una cadena de delitos vinculados contra la seguridad de la nación, en los cuales se incorporan hechos como el financiamiento de grupos delictivos, financiamiento de incursiones irregulares desde Colombia, terrorismo, asociación para delinquir, entre otros.
«El expediente de dirigentes como Guaidó, Simonovis, Julio Borges y Freddy Guevara es bastante extenso. Incluso hay declaraciones en las cuales admiten o promueven acciones violentas contra la seguridad ciudadana», dijo.
La constitucionalista explicó que el delito continuado se constituye en una agresión permanente que va incorporando nuevos hechos delictivos.
Álvarez insistió en que se debe aplicar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual en su opinión es sumamente clara al establecer que los delitos vinculados con terrorismo y acciones contra la seguridad de la nación, como crímenes atroces y delitos vinculados con los derechos humanos, si se toma en cuenta que la paz la soberanía y la autodeterminación de los pueblos es un derecho humano, no prescriben en el tiempo, ni tienen beneficios procesales.
«Nosotros no podemos seguir ofreciendo indultos para este tipo de delitos en el marco de las mesas de diálogo, sobre todo para aquellas personas que agreden la patria y el pueblo en su totalidad».
El ex diputado Freddy Guevara, vinculado a las acciones terroristas y guarimbas del 2017, había sido indultado por decreto presidencial el 31 de agosto del 2020, luego de permanecer 2 años en la Embajada de Chile en Caracas, siendo detenido nuevamente este 12 de julio al ser vinculados con las bandas paramilitares de la Cota 905 y ser imputado por la fiscalía por los delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria.
El también ex diputado Gilbert Caro fue liberado en agosto del 2020 en el marco de los indultos otorgados por el presidente de la república Nicolás Maduro. Junto con Guevara ambos son integrantes del partido Voluntad Popular que dirige Leopoldo López, quien se encuentra prófugo de la justicia en España.
“No hay solo delitos continuados en materia de terrorismo y traición a la patria, sino incluso hay delitos que se vinculan entre ellos como la estafa. Este es un grupo que no sólo comete delitos contra el pueblo venezolano sino que se estafan y traicionan entre ellos mismos. No sólo han entregado activos de la República a un gobierno extranjero, sino que también están incursos en delitos en el ámbito público y privado en sus propias negociaciones criminales”, explicó la experta.
Anahí Arizmendi