El 2021 comenzó siendo un año de ventaja política para el gobierno nacional, al obtener la mayoría en el parlamento, recibir el acercamiento del sector empresarial y enfrentarse a una oposición débil y fragmentada. Asimismo, había expectativa de ciertos niveles de distensión en las relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, el proceso de negociación política sigue estando en un punto muerto y no parece haber probabilidades, en el corto plazo, de un cambio significativo en las políticas de sanciones financieras y cerco diplomático contra el país.
Los Estados Unidos y la oposición venezolana continúan en un proceso de desconocimiento del gobierno nacional y la reciente Administración Biden sigue sin dar señales de un viraje al respecto. Ahora bien, el gobierno venezolano debe intentar aprovechar las oportunidades que abre la salida del sector más conservador de la política norteamericana y la entrada de nuevos actores a la Casa Blanca, para impulsar procesos de negociaciones graduales y pragmáticas, que contribuyan a aliviar las sanciones y buscar acuerdos políticos de convivencia.
A estas tensiones se les ha sumado las últimas sanciones de la Unión Europea contra miembros de la oposición y funcionarios del gobierno venezolano. Sin lugar a dudas, una acción condenable que apunta a dinamitar puentes y escalar en el conflicto político venezolano y que generan impactos negativos en todas las áreas de la vida nacional, como fue constatado por una reciente misión de las Naciones Unidas.
Toda iniciativa que emprenda el país para mejorar la situación económica y social tendrá como techo las sanciones y el conflicto político. Por tanto, la búsqueda terca, incansable e inteligente de acuerdos políticos constructivos será vital para cualquier plan de recuperación y crecimiento económico.
Por otra parte, Venezuela atraviesa una situación sumamente complicada a raíz de la disputa territorial con Guyana. La admisión del caso en la Corte Internacional de Justicia y los intentos de Guyana por desconocer el Acuerdo de Ginebra, han sido respaldados por Gran Bretaña, Estados Unidos y varios de los países latinoamericanos hostiles a Venezuela. Nuestro país ha desconocido el proceso y pide retornar al Acuerdo de Ginebra, que invita a buscar un arreglo práctico, negociado y pacífico de esta disputa territorial.
Esta difícil situación amerita un rescate del sentido patriótico por parte de todas las fuerzas vivas del país. Frente a la disputa territorial del Esequibo y frente a las sanciones financieras internacionales, debe haber un acuerdo de Unidad Nacional, defensa de la Soberanía y respeto a la Constitución.
En cuanto al Esequibo, el gobierno venezolano se encuentra en una posición debilitada, ante el poco apoyo internacional y la falta de unión nacional. Solo la fuerza política del chavismo está interesada en recuperarlo. El gobierno debe pasar de la narrativa a un accionar jurídico coherente que vaya más allá del sentimiento soberano y que deje a un lado el uso de la fuerza y el conflicto internacional. No puede haber negociación política con sectores nacionales que avalen, respalden o aplauden agresiones internacionales. El eje articulador que debe tener cualquier negociación tiene como prerrequisito la defensa del país y la condena a cualquier agresión internacional.
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