HINTERLACES
09 JULIO 2026
Las campañas de desinformación y desestabilización emocional, en un contexto de emergencia nacional, que están ejecutando los laboratorios psicosociales, asociados a grupos de ultra derecha, con el objetivo de provocar una crisis institucional y una explosión social, tienen carácter delictivo, es terrorismo.
LA “NEUROTIZACION” COMO ESTRATEGIA DELICTIVA
Esas campañas constituyen «terrorismo». Tradicionalmente, asociamos el terrorismo con la violencia física. Sin embargo, el derecho internacional y la criminología moderna reconocen el terrorismo psicológico o guerra cognitiva. Esta no busca la destrucción física inmediata, sino la parálisis social, la erosión de la confianza en las instituciones y la inducción de un estado de pánico o indefensión colectiva.
Un «laboratorio psicosocial» no opera con bombas, sino con narrativas. Su «detonante» es la información diseñada para activar respuestas emocionales primarias como incertidumbre, miedo, ira, desesperanza. La técnica de «neurotización» ejecuta un bombardeo constante de estímulos negativos (noticias, rumores, imágenes) que sobrecargan el sistema cognitivo de la población, impidiendo el pensamiento crítico y favoreciendo reacciones viscerales.
Si se demuestra que existe una organización que, de manera sistemática y con financiamiento, diseña y ejecuta una campaña para provocar un colapso institucional a través del miedo y la angustia, se estaría configurando un delito que trasciende la simple opinión política.
La intención deja de ser «informar» o «denunciar» y pasa a ser «destruir» el orden social mediante la manipulación emocional masiva, lo cual encaja en definiciones amplias de actos terroristas o, como mínimo, de conspiración para cometer delitos graves contra el orden público.
DE LA CRÍTICA AL GOBIERNO AL ATAQUE A LA IDENTIDAD NACIONAL
Estas campañas no atacan a una figura o una política específica, sino que envenenan el concepto mismo de la identidad nacional. Criticar a un gobierno es señalar fallas. El objeto del ataque es un gobierno temporal.
Pero atacar a un país es estigmatizar a sus habitantes, deslegitimar sus instituciones de forma absoluta e irreversible, y establecer una imagen del colectivo nacional como intrínsecamente fallido, delincuencial o cómplice.
Ahora bien, el punto más extremo es cuando se acusa al gobierno, no solo de negligencia o de mala gestión, sino de un plan activo de exterminio y robo contra su propia población: «El gobierno quiere que haya más muertos y esconde la ayuda y se roba el oro que escondía».
Su efecto colateral es pintar el cuadro de una sociedad absolutamente indefensa, gobernada por monstruos y, por extensión, compuesta por víctimas pasivas e incapaces. Al decir «no dejan pasar a las brigadas de rescate» en un contexto de tragedia, no se busca una solución, sino generar una explosión de ira incontrolable.
Cuando se instalan estas mega-narrativas, la «marca país» queda destruida. «Venezuela» se convierte en un significante de caos, crimen y maldad. Las consecuencias son tangibles y catastróficas. La autoestima nacional queda destruida. Los ciudadanos internalizan que pertenecen a un «país maldito». Se normaliza la desconfianza radical entre connacionales. Y se hace inviable la reconstrucción. ¿Cómo se convence a alguien de invertir, regresar o construir un futuro en un lugar que ha sido definido como intrínsecamente criminal y fallido?
En resumen, una campaña de desestabilización que transita de la denuncia política a la estigmatización existencial de todo un pueblo y sus instituciones, con el fin de provocar un estallido, puede y debe ser calificada como una forma de agresión criminal contra la nación misma.
El desafío estratégico está en desmontar estas narrativas no solo con contra-propaganda, sino reconstruyendo un relato nacional que, sin negar las dificultades, fortalezca la dignidad y la capacidad de acción a los venezolanos.
