Almagro
Almagro Vs Corte Penal Internacional: Una acción desesperada

La obsesión de Luis Almagro contra el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro, mantiene a la Organización de Estados Americanos en caída libre. El Secretario General de la OEA ha convertido al organismo en un carrito chocón que arremete contra cualquier instancia que no se ajuste a sus ritmos o criterios. Tal es el caso de la Corte Penal Internacional, a la que acusó a principios de diciembre de “negligentes” por no agilizar las acusaciones contra el gobierno venezolano.

La CPI que también ha sido señalada como una instancia burocrática y complaciente con los intereses de Estados Unidos,  se ha visto obligada a responder los señalamientos que considera surgen “de la frustración de las expectativas de la Secretaría General de la OEA”.  El “intercambio diplomático” entre ambas instancias por el tema Venezuela evidencia el fracaso de la estrategia norteamericana contra el gobierno del Presidente Maduro, uno de sus principales obstáculos en la recolonización de la región y en consecuencia el desespero de uno de sus principales operadores políticos.

De fracaso en fracaso

La Corte Penal Internacional procesa actualmente dos solicitudes de investigación: una presentada por  el gobernó bolivariano sobre ”crímenes de lesa humanidad como consecuencia de las medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos de América contra el gobierno de Venezuela al menos desde el año 2014” y la otra sobre “la realización de crímenes de lesa humanidad por una o varias personas cometidos en el territorio de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014”. Esta última remitida  por los gobiernos de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.

El 14 de Diciembre la Fiscal de la CPI Fatou Bensouda publica sendos informes sobre sus actividades en el 2020. Sobre la solicitud del gobierno nacional el documento concluye que “ la Fiscalía tiene la intención de concluir su análisis  para la primera mitad del 2021 a fin de determinar si existe fundamento  razonable  para proceder a un análisis sobre admisibilidad” y en relación a  la solicitud presentada por los países del grupo de Lima el documento establece que “la Fiscalía anticipa concluir  el examen preliminar a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte del 2021”. En lo que si es concluyente la Fiscalía es en la página completa que dedica a responder “diplomáticamente” a las presiones del Secretario General de la OEA.

En la presentación de su informe a principios de Diciembre de este año “Fomentando la impunidad: el impacto de la ausencia de una investigación de la Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”,  Almagro exigió a los fiscales internacionales que aceleren las investigaciones sobre los presuntos crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno del Presidente Nicolás Maduro. «Cada día de inacción es un día donde se permite que continúe el sufrimiento del pueblo de Venezuela».

Las declaraciones motivaron  el pronunciamiento del gobierno nacional quien a través del canciller Jorge Arreaza acusó a al Secretario General de la OEA de pretender erigirse como tribunal internacional al cuestionar el trabajo de la CPI y de haber elaborado un escrito sobre la base de difamaciones sin sustento en materia de derechos humanos en el país.

En respuesta en el “Informe sobre las Actividades de examen preliminar 2020” sobre la investigación  contra el gobierno venezolano, la Fiscalía de la CPI dedica una página extensa a ubicar a Almagro en sus funciones.  El Informe deja sentado que se “tomó nota” de las críticas del informe  la Secretaría General de la OEA pero asienta más adelante que “lamenta el tono y la forma del informe emitido por la Secretaría General de una organización internacional con la que la Fiscalía y la Corte como un todo esperan cooperar en un espíritu de buena fe y de colaboración mutua. La Fiscalía comprende la frustración que parece motivar el informe, que surge de una expresada expectativa de que la Fiscalía priorice su consideración de los presuntos crímenes en esta situación en relación con los presuntos crímenes cometidos en otras”.

En otros puntos destaca: “La tarea de la Fiscalía no es informar o tomar parte en un mapeo comprensivo de todos los presuntos crímenes que se hayan cometido en una situación — tarea para la cual no solo otras entidades competentes son más adecuadas, sino que haría el proceso de examen preliminar altamente ineficientes ”.

Las abiertas presiones de Almagro como operador político del gobierno estadounidense no pudieron ser maquilladas por la Corte, ante la exigencia de este de agilizar un pronunciamiento contra el gobierno del Presidente Maduro y así abonar al expediente  del “Estado fallido”, como fachada legal para otras  acciones.

En Septiembre del 2018 Almagro declaró desde Colombia que “no se puede descartar una intervención militar en Venezuela”. Las acciones diplomáticas están en primer lugar pero no se pueden descartar otras dada la gravedad de la situación”.

La Fiscalía concluye que con la información disponible existe fundamento razonable para creer, que al menos desde abril de 2017, autoridades  miembros de las fuerzas armadas  individuos a favor del gobierno  han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional; pero aclara que no será sino al terminar el examen  preliminar que determinará si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte del 2021.

Si bien la Corte Penal Internacional no está exenta de críticas y señalamientos sobre su parcialidad con el gobierno de Estados Unidos, la obligada respuesta de ésta, evidencia la desesperación de Almagro ante el fracaso de la estrategia norteamericana de aplicar la Carta Democrática en Venezuela. Otros sectores de oposición consideran que la CPI  “no sirve para nada”, y que por esa vía los procesos pueden durar años y dependen del Consejo de Seguridad de la ONU, en el que hay países con poder de veto como Rusia, China, Francia, Estados Unidos e Inglaterra.

Almagro navegó el 2020 entre críticas de congresistas de Estados Unidos por el rol de la OEA en la anulación de las elecciones en Bolivia en el 2019, señalamientos de sectores de oposición y hasta de su propio partido en Uruguay.   La OEA “no observó ninguna irregularidad” en las elecciones presidenciales en Estados Unidos”, pero califica las elecciones legislativas en Venezuela como una farsa. Junto con el diputado Juan Guaidó, el Secretario General de la OEA estuvo entre los primeros en felicitar a Joe Biden como nuevo Presidente de los Estados Unidos, en medio de las reclamaciones y denuncias de su antiguo mentor. Lo que valió el comentario de Evo Morales “Si Donald Trump cree que hay fraude, debería acudir a Luis Almagro”.

El triunfo del MAS en Bolivia demostró el uso de la OEA para avalar golpes militares o institucionales en la región. Su utilización como instrumento de colonización lo respalda el hecho de que 80 por ciento del sistema interamericano es financiado por Estados Unidos. Dentro de la OEA crecen  las presiones como consecuencia de nuevos gobiernos progresistas y las movilizaciones sociales en los países de lo que queda del grupo de lima. La condena  púbica de Almagro a la Corte Penal Internacional cierra el año como expresión de su fracaso ante la revolución bolivariana.

Anahí Arizmendi