El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Edson Fachin, anuló este lunes todas las sentencias contra el expresidente de la nación, Luiz Inácio «Lula» da Silva, por el caso Lava Jato, lo que por ahora le permite participar en los comicios del próximo 2022.
La noticia se regó como pólvora por la región y el mundo. La medida cautelar tomada por el juez Fachin se da en respuesta a un hábeas corpus que presentó la defensa de Lula, una decisión que es importante aclarar no emite ningún juicio sobre la culpabilidad o inocencia de Lula.
Por esto, desde el Instituto Lula llaman a celebrar con «cautela y sin bajar la guardia».
El caso Lula pasa ahora la Justicia Federal en Brasilia. Los procesos serán analizados por el Tribunal Federal del Distrito Federal, que será el encargado de indicar si los actos realizados en los tres procesos donde Lula está acusado pueden o no ser validados.
La buena nueva para los simpatizantes de Lula Da Silva es que la decisión de Fachin levanta las condenas que activaron Ficha Limpia, una ley que prohíbe a condenados acceder a cargos electivos, y los delitos señalados podrían prescribir antes de llegar a Brasilia.
El caso Lula traspasa fronteras. No hay otro hombre en su país que se haya postulado cuatro veces hasta llegar a la presidencia. Nordestino, pobre, viudo dos veces, séptimo hijo de una pareja de campesinos, criado sin luz, sin baño, sin alcantarillado, vendedor ambulante a los 8 y lustrabotas a los 9 años, a los 14 comenzó a trabajar en una metalúrgica, sector donde arrancó su militancia política, y en 2012 superó un cáncer de laringe. Imposible no conmoverse ante su temple, forjado entre miserias y necesidades, cuando hoy en sus primeras declaraciones tras la decisión judicial que le permite participar en la arena política dijo:
«Sé por lo que pasó mi familia. Que Marisa (su segunda esposa y madre de sus hijos) murió. Podría resultar herido. Pero yo no. El dolor que siento no es nada ante el dolor que sufren hoy millones de brasileños. El dolor que siento no se parece en nada a lo que sienten los familiares de las casi 270 mil víctimas del coronavirus».
El hombre que antepone el dolor de su pueblo, foco regional de covid 19, a su vicisitud personal es quien terminó el segundo mandato presidencial con récord de popularidad: su administración fue aprobada por el 87% de la población en diciembre de 2010, según Ibope.
Conocer esto es vital para entender el tamaño del expediente judicial viciado que lo persigue desde marzo del 2016 cuando lo involucraron en un escándalo de corrupción llamado Operación Lava Jato y le impidieron participar en los comicios del 2018. Lula fue condenado por primera vez el 12 de julio de 2017. La sentencia, que luego fue rebajada, llegó firmada por el juez Sergio Moro: 9 años y 6 meses de prisión por los delitos de lavado de dinero y corrupción pasiva en un juicio denunciado por Lula Da Silva y sus abogados defensores con los mismos argumentos que en este 2021 siguen esgrimiendo: Moro actuó junto a los fiscales para condenarle en un ejercicio de parcialidad política. El punto aún es investigado por el STF.
Otro sería el rumbo económico del gigante sudamericano si continuaran en marcha sus programas emblemas: acceso a los más pobres a líneas de crédito, salarios más altos, generación de empleos y mejor calidad de vida en educación: en su gestión se crearon 14 universidades, se instaló un plan de viviendas llamado Mi Casa, Mi Vida, se levantaron programas de infraestructura y saneamiento (Luz para Todos, Programa de Aceleración del Crecimiento,entre otros) y salieron de la pobreza millones de ciudadanos que encontraron en el Partido de los Trabajadores, que fundó Lula, un músculo politico y social para revertir decenas de años de olvidos.
Arranca un nuevo ciclo
Desde el PT especulan que con esta decisión judicial asumida por Fachin que, por el momento, le restituye derechos políticos a Lula Da Silva lo que buscan es frenar sospechas sobre el juez Sergio Moro para evitar una anulación masiva de los procesos de Lava Jato ante la Corte Suprema. El juicio ultra express a Lula, con veloces condenas en primera y segunda instancia, la inhabilitación de su candidatura presidencial con la posterior derrota del Partido de los Trabajadores en 2018 y la designación de Sergio Moro como Ministro de Justicia de Bolsonaro son elementos que en su conjunto arman un rompecabezas y nos ponen de lleno frente a un debate judicial que aún no concluye. Las denuncias de cohecho contra Lula por la posesión de un tríplex en la ciudad balnearia de Guarujá, un terreno en la localidad paulista de Atibaia, otro terreno comprado para la fundación sin fines de lucro Instituto Lula y donaciones destinadas a este Instituto abrieron paso a una persecución política encarnizada y personalizada, que la prensa brasileña magnificaba mientras se distraía a jueces y fiscales de otros procesos y otros crímenes.
El escenario del nuevo ciclo apunta a una hiperpolarización de cara al 2022. Lula no confirma su candidatura pero en su aparición televisiva mostró a Guilherme Boulos y Fernando Haddad por detrás, catalizando estas figuras tal como lo hizo con Dilma Rousseff.
Lula se dice «radical» porque quiere ir a la raíz de los problemas y abre el frente de diálogo social. Del otro lado, del lado Bolsonaro de Brasil, ya sabemos. La ausencia es su marca política.
Marcela Heredia