Junto a Panamá y Perú, Venezuela está entre las naciones de América Latina que han aplicado cuarentenas más fuertes; no obstante en el país, la población ha demostrado gran capacidad de adaptabilidad, sin mayores indicios de resistencia frente a las medidas de confinamiento, aún en medio de la prolongada crisis económica nacional.
En ese contexto, el dilema entre la actividad económica y las medidas de cuarentena constituyen el eje clave de la discusión en el país, pues la situación económica actual está condicionada por la recesión nacional, cuya productividad está determinada por una contracción desde el 2013 (según cifras del BCV), una dolarización del mercado que genera una marcada desigualdad entre quienes tienen ingresos en divisas y quienes poseen ingreso en bolívares, así como la caída de los ingresos petroleros.
Lo anterior, se traduce en una grave reducción de los recursos disponibles para la gestión del gobierno, lo cual complica el panorama con los efectos de las Medidas Cohercitivas Unilaterales de los Estados Unidos. Mientras tanto, las carencias económicas de los venezolanos se agravan con la cuarentena y agudizan el ya complejo cuadro económico nacional que, según las proyecciones más pesimistas, experimentará una caída del PIB por encima del 15%.
En medio de este panorama, el gobierno está frente al reto de restablecer la producción de gasolina, manejar la situación respecto a las fallas de los servicios públicos, evitar al máximo una crisis sanitaria en este período de crecimiento de la curva de contagios por COVID-19 y encontrar una fórmula de equilibrio entre la actividad económica y el confinamiento.
En cada uno de estos aspectos, se juega la gobernabilidad y por tanto, la reacción social frente a las medidas en las próximas semanas.
Prensa Hinterlaces