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Conflictividad en La Cota 905: Dos expertos analizan las causas

La Cota 905 es uno de los barrios más jóvenes de Caracas. Ubicado al oeste de la ciudad, atraviesa al menos tres importantes parroquias: Santa Rosalía, El Paraíso y La Vega. Entre intrincados caminos y vericuetos, años de exclusión social rindieron sus frutos.

Arsenales de armas, control territorial, alcabalas, toques de queda, poder; si queremos hablar de un gobierno paralelo que realmente ejerce funciones, bien podríamos remitirnos a La Cota, pues hasta cuarentena y mecanismos de confinamiento propio tienen, y se cumplen.

La Cota 905, al menos una vez al mes, se convierte en tendencia en redes sociales y en tema de preocupación para la ciudadanía y las autoridades. La última vez ocurrió debido a un enfrentamiento con cuerpos policiales el pasado 29 de junio. No obstante, la alta conflictividad social en la zona ya no es una novedad.

Hinterlaces.net entrevistó a dos expertos en el tema: Andrés Antillano especialista en criminología y derechos humanos y Román Camacho, periodista especializado en la fuente de sucesos, para comprender la realidad que plantea La Cota para el país.

Preguntamos a ambos, ¿Cuál creen que es la causa de la alta conflictividad en este sector?

Aunque Antillano considera que La Cota se ha convertido en una especie de “chivo expiatorio” al que los cuerpos policiales recurren para atribuir los problemas delictivos de Caracas, explica varias razones por las que efectivamente este barrio es referencia en el tema de la violencia urbana.

En primer lugar, advierte que el hecho de ser una barriada reciente la ha convertido en una “zona de expansión urbana popular”, donde aparecen cada cierto tiempo barrios y ocupaciones nuevas. Asegura que en los lugares donde ocurren estos fenómenos, se habla de gente con mucha exclusión, y suelen aparecer con frecuencia estos grupos criminales en medio de la desorganización social que se genera.

Agrega que “es una zona urbana muy central, al lado de El Paraíso, a 5 km del centro de la ciudad, próximo a la autopista Francisco Fajardo y en medio de un sistema de barrios populares muy extenso, La Vega, San Agustín, El Valle, Coche: el corazón de un nudo que articula sectores de barrios. Son condiciones que favorecen la aparición de delitos de manera importante”, afirma y añade que “es una zona muy pobre donde hay demasiados muchachos sin oportunidades, pero al mismo tiempo con mucha oportunidad para actividades ilegales: alguien que secuestre, robe vehículos o distribuya droga encuentra en todo este eje una excelente ubicación espacial que hace que estas actividades le resulten muy apropiadas”.

Antillano cree entonces que se combina la exclusión social, la falta de oportunidades de estudio y trabajo con las ventajas para desarrollar actividades criminales.

Al respecto, Camacho refiere que “la conflictividad se debe a que ese sector ha sido marginado por los gobiernos de turno y ha sido muy difícil satisfacer la necesidad de toda una comunidad. Ante ese vacío y necesidad, nace la figura del malandro que busca su propio beneficio y a su vez busca controlar la zona. Una vez que la controla, comienza a ayudar a la comunidad para buscar su apoyo. La comunidad termina respaldando al delincuente y luego se hace muy difícil para los cuerpos de seguridad ingresar al sitio, y cuando lo hacen, no cuentan con el apoyo de un grupo de sus habitantes».

Para el periodista de Sucesos, ésto hace que cada incursión sea más violenta, «hasta el punto que la nombran zona de paz, un gran error, para evitar que los cuerpos de seguridad entren y haya enfrentamientos en esa zona. Es un problema muy antiguo y no reciente, es de orden estructural”, reitera.

Una de las entradas a la Cota 905

Antillano introduce un elemento que, según su punto de vista, incidió en el fortalecimiento de este tipo de organizaciones, “desde 2008 se envía gente como nunca antes a la prisión, las prisiones se sobresaturan, su capacidad de gobernabilidad es sobrepasada y se fortalecen los llamados carros o pranes”. A esto, le agrega que muchas personas ingresaron a los penales por delitos menores, o bien gente inocente detenida por error, “muchos jóvenes de los sectores populares hicieron una especie de pasantía en la prisión, en estas estructuras articuladas y salen con nuevas capacidades criminales”. A partir de 2012 comienzan a salir y entonces, las pandillas de los barrios que eran relativamente desorganizadas, que se enfrentaban entre ellos permanentemente, se dedican ahora a acciones de mayor envergadura como la  extorsión, secuestro y robos a gran escala. “Aparece lo que llama la prensa amarillista las megabandas».

Frente a esto, refiere que la respuesta ya no fue el encarcelamiento masivo sino la intensificación de la violencia policial. «Así en 2014 aumenta la violencia desde los cuerpos de seguridad con la denominada OLP (Operación Liberación del Pueblo). Lejos de acabar con estas organizaciones termina fortaleciéndolas, pues las bandas que tenían problemas entre ellas, llegan a acuerdos para hacer frente a la policía”.

Pedimos a Camacho que nos narrara alguna vivencia en alguna cobertura de este tipo, y nos contó: «fue en el año 2016 cuando fui al Cementerio, sector Primero de Mayo. Hablé con el Koala, que era de los Valles del Tuy pero se escondía en ese sitio; también estaba Cara de Pitbull, ya ambos muertos. Al llegar la comunidad los llamé y ellos bajaron con sus fusiles, armas y hasta en motos. Uno de ellos se bajó de una de esas motos y se le cayó una granada que rodó hasta mis pies. En ese momento me preocupé y escuché decir a uno de los integrantes de la banda, “menos mal que el anillo estaba puesto, sino volamos todos”. Luego de eso el Koala me llevó a un colegio de la zona para hablar con el director de la Unidad Educativa, Puso su fusil AR15 en la mesa al frente y me dijo que le recomendara una cámara a la hija del director porque quería ser periodista, que él se encargaba de conseguirla».

Para tratar de entender el contexto general, preguntamos a Antillano si todo esto significa que las políticas emprendidas para atacar las causas estructurales de este problema, vale decir: programas de alfabetización, escolarización e inclusión social, no funcionaron; responde de manera tajante, «mejoraron la calidad de vida de las familias pobres, se basaron en políticas distributivas, pero no cambiaron las condiciones estructurales y quedaron por fuera muchos jóvenes de los sectores populares (…) fueron importantes las políticas sociales, pero generaron nuevas brechas y los muchachos jóvenes consiguen en el delito una oportunidad económica muy atractiva en este momento en que hay un retroceso en esas conquistas sociales».

Jessica Sosa