El gobierno de Ecuador declaró al país en un Estado de Guerra Interna contra 18 organizaciones narcocriminales, un escenario propicio para la solicitud de la aplicación del acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Ecuador en materia de seguridad y en medio de la convocatoria a una consulta dirigida a implementar cambios en el Código de Trabajo orientados a la privatización de sectores económicos y sociales estratégicos. Lo anterior plantea la pregunta ¿Quién gana con el actual Estado de Excepción en ese país?.
Para la socióloga ecuatoriana Irene león, integrante de la Red de Intelectuales por la Humanidad, esta virtual cesión del Estado de Derecho y una escalada de la militarización del país, implica una carta blanca para las acciones de las Fuerzas Armadas Nacionales combinadas, que podría incrementar las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Lo anterior conforma un escenario complejo, si tomamos en consideración el paquete de privatizaciones anunciado por el gobierno de Novoa que en América Latina históricamente solo ha sido aplicable a “sangre y fuego”.
Así también, la medida tendrá un impacto económico en los sectores populares al incluirse en la propuesta presidencial del Proyecto de Ley de Guerra Interna, un impuesto indirecto del 12 al 15 por ciento en los bienes y transacciones, lo que llevo al ex Presidente Correa a calificar esta de “impresentable” y señalar que el pueblo no tiene porque pagar los errores de Moreno y Lasso.
León destaca la preocupación de varios sectores del país sobre los planteamientos tras esta “lucha contra el terrorismo”, en un contexto de seis años de persecución política e incursiones del crimen organizado bajo el amparo de sectores gubernamentales y del capital financiero e importador, lo que motivo al Ex Presidente Lasso a utilizar la figura jurídica de la “muerte cruzada” para eludir ser procesado por complicidad.
Advierte que las actividades de estos grupos ilícitos esta proporcionalmente vinculada con el proceso de desmantelamiento del Estado que impulso el gobierno de Lasso y ahora el de Novoa, y la suspensión de instituciones como el Ministerio de Justicia y la supresión de políticas de seguridad nacional.
“La suplantación de una perspectiva de seguridad interna soberana por una estrategia seguritista de mercado como la que está ahora sobre la mesa, que implica la privatización de la seguridad, es parte central del problema que vive el país”.
La investigadora destaca como Ecuador pasó de ser el segundo país más seguro de América Latina durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, a ser uno de los más inseguros en el mundo, con lo que queda en evidencia que las lógicas del mercado no son la solución.
Para esta socióloga, otros dos puntos transversales en los que se mueve el tema de la seguridad, se encuentran también en la agenda neoliberal. El primero es la reelección del actual Presidente Daniel Novoa para el 2025 y el segundo el proyecto hemisférico de Estados Unidos y su plan específico en la región andina.
En Octubre del año pasado, el gobierno ecuatoriano y el de Estados Unidos suscribieron un acuerdo para establecer las condiciones de permanencia del personal militar y de defensa de Estados Unidos en territorio andino, que incluye ofertas de ayuda militar en situaciones como el actual “conflicto armado interno”. El instrumento jurídico bilateral permite la permanencia temporal de tropas estadounidenses, visita de buques de entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias, actividades de cooperación para abordar retos de seguridad compartidos como el tráfico ilícito, el terrorismo internacional y la pesca ilegal.
El acuerdo también establece privilegios diplomáticos para el personal militar y funcionarios de las entidades de Estados Unidos mencionadas, libre circulación, no pago de impuestos, uso del espectro radioeléctrico, inmunidad ante reclamos de terceros.
En este contexto jurídico y político bilateral no es gratuito el rápido anuncio del gobierno de Biden de apoyar a Novoa en esta “guerra interna”, comprometido con “reforzar la cooperación” y como declaró el portavoz del Consejo de Seguridad John Kirby “monitoreando la situación y dispuestos a tomar medidas concretas”. Cabe recordar que Novoa reitero durante su campaña electoral la necesidad de profundizar acuerdos de cooperación con Estados Unidos e Israel.
Por otra parte, el gobierno de Novoa adelanta una consulta popular que incluye temas como la reforma del Código del Trabajo para regular los contratos de trabajo fijo y por horas, extradición de ecuatorianos, erradicación de la minería ilegal, permitir al Presidente calificar de leyes urgentes proyectos de ley en materia económica enmendando la constitución, entre otros puntos.
Entre tanto en redes sociales circulan videos que cuestionan la veracidad de la toma de un canal de televisión ecuatoriano por grupos delictivos, y que apuntan a la creación de un montaje con fin político que justifique una situación de conmoción en Ecuador. Las autoridades aún no han anunciado una investigación sobre los hechos pero sectores sociales y políticos alertan sobre las medidas del gobierno de Novoa en el marco de una ofensiva militar estadunidense en la región.
Por Anahí Arizmendi