Expertos del Programa Mundial de Alimentos -PMA-, un organismo adscrito a Naciones Unidas, viajaron a Venezuela invitados por el gobierno nacional para evaluar cómo impactan en la alimentación de los venezolanos las medidas coercitivas unilaterales (sanciones) aplicadas por Estados Unidos y sellaron acuerdos de cooperación en materia de seguridad alimentaria.
PMA realizó un trabajo de campo entre julio y septiembre de 2019, que muestra que «7,9 por ciento de la población en Venezuela, alrededor de 2,3 millones de venezolanos, viven en inseguridad alimentaria severa». Según el informe, 7 millones de venezolanos están en «inseguridad alimentaria moderada», lo que representa 24, 4 por ciento de la población. El organismo llegó a la conclusión que una de cada tres personas en Venezuela «está en inseguridad alimentaria y necesita asistencia».
Con anterioridad, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) indicó en un informe que 31,9 % de los habitantes de Venezuela están subalimentados, por lo que instó a levantar las medidas coercitivas unilaterales que aplican el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) y otros países europeos a este pueblo.
También la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas, Alena Douhan, se pronunció en igual sentido. Douhan visitó el país en febrero pasado y resaltó en su informe oficial que el ingreso del gobierno nacional venezolano ha disminuido en 99% y, actualmente, el país vive con el 1% del ingreso que tenía antes de las sanciones» impuestas por EEUU, la UE y otros países.
13 meses sin vender «una sola gota de petróleo» así estuvo Venezuela. Lo denunció el presidente Nicolás Maduro a principios de año frente a los diputados de la Asamblea Nacional, durante su mensaje anual a la nación.
Aunque el gobierno venezolano exige la derogación de las sanciones y demandó a EE.UU. ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por la imposición ilegal y arbitraria de éstas sanciones que infringen una amplia gama de acuerdos comerciales internacionales, hasta ahora, eso no se ha logrado.
La aniquilación de fuentes de financiamiento externo impide la importación de alimentos, insumos para la agricultura, compra de medicamentos- antes y aún en pandemia-, pagos de intervenciones quirúrgicas de niños venezolanos hospitalizados en el exterior que han perdido la vida esperando trasplantes para salvar sus vidas. El bloqueo financiero aplicado al Estado venezolano impide transferir fondos a las instituciones de salud extranjeras con las que PDVSA atendía estos casos urgentes.
Impacto del bloqueo sobre programas alimentarios
Las sanciones que aplican EE.UU. y sus aliados contra Venezuela también han afectado la importación de alimentos desde el 2015, año en el que Estado venezolano fue bloqueado en la banca internacional. A partir de ahí, las compras de productos básicos alimenticios se encarecieron por el uso de intermediarios en las cadenas de compras, retrasos en las entregas por la acción de gobiernos hostiles y confiscación de los productos adquiridos por las autoridades de los países productores, como ocurrió en Colombia y México.
La oposición ha denunciado al plan nacional de alimentos subsidiados llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Clap, como un programa corrupto que beneficia a los votantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y que permite que los funcionarios del gobierno ganen dinero con contratos con enormes sobreprecios. Esos actores políticos opositores que en su mayoría viven en el exterior, hasta ahora no se han pronunciado sobre el agradecimiento al presidente Maduro que hiciera el director ejecutivo del PMA, Beasley, quien dijo: “gracias por permitirnos ser independientes y no permitir que nadie politice nuestro trabajo».
La Organización Sures resalta que los 1.200.000 millones de dólares -depositados en oro- retenidos por el Banco de Inglaterra equivalen a la entrega del Clap a seis millones de hogares venezolanos durante un semestre y pone como ejemplos del bloqueo en los alimentos los ataques a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción:
- En 2018 Colombia bloquea el envío de 400 mil kilos de alimentos para el CLAP.
- En 2018 fueron retenidos en el sistema financiero internacional 104 millones de euros destinados al pago de proveedores para el CLAP.
- En 2019 se sancionaron a buques y empresas de transporte marítimo que operaban con Venezuela.
- Se abrieron procesos judiciales a empresas en México por la misma razón.
¿En qué consiste el acuerdo entre el PMA y Venezuela?
El acuerdo firmado entre el PMA y el gobierno nacional venezolano, proporcionará comidas escolares a niñas y niños, particularmente en las escuelas de educación preescolar y especial e invertirá en la rehabilitación de los comedores escolares, afianzando la capacitación que el personal escolar ya tiene sobre prácticas de seguridad alimentaria.
El plan beneficiará a 185.000 menores este año y avanzará gradualmente hasta llegar a los 1.5 millones de niños. Cuenta con un presupuesto anual de 190 millones de dólares y según el director ejecutivo de este programa de Naciones Unidas, David Beasley, confían en el apoyo de la comunidad internacional de donantes para respaldar sus actividades en el país.
La importancia del acuerdo
El Programa Mundial de Alimentos constituye la mayor agencia humanitaria dedicada a abordar el problema del hambre a nivel global, mediante el apoyo a los esfuerzos nacionales y regionales para garantizar la seguridad alimentaria de los sectores poblacionales más vulnerables y ha dicho que trabaja sobre los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa.
No sólo quienes condenan enérgicamente el bloqueo económico financiero y comercial contra Venezuela como un Crimen de Lesa Humanidad, siguen atentos al desarrollo de este acuerdo firmado con el gobierno electo en urnas por los venezolanos. También la oposición nacional e internacional que se ve implosionada por sus propios desacuerdos internos y las denuncias de corrupción incluso sobre las donaciones internacionales recibidas para ayudar a sus coterráneos.
Quienes auparon y auspiciaron las sanciones que impactaron a la industria petrolera venezolana, que aportaba el 95% de las ganancias extranjeras, quienes propiciaron el aislamiento de su propio país al financiamiento internacional denostando mecanismos de concertación para solucionar temas nacionales, se dan hoy con que la estrategia de sanciones, planeada con alevosía y premeditación, golpea a todos los habitantes de este pueblo en todos los órdenes de la vida y que el gobierno nacional ha dado un paso adelante capitalizando rédito político con la firma de este acuerdo.
Para Laura Lorenzo, del plan comunal Pueblo a Pueblo que produce y distribuye hortalizas a precio justo, “el acuerdo firmado entre el PMA y el gobierno nacional, desde el punto de vista político es importante porque da señales al mundo de lo que está ocurriendo en este país. En Venezuela se está viviendo una situación crítica dada a la guerra económica, el bloqueo, las agresiones de un bloque de países imperialistas sobre su patria” y dice, desde su trabajo de base, que las agresiones han tenido su consecuencia en todo el ámbito de la producción sobre todo en el agroalimentario donde en este momento hay una situación fuerte con la distribución de gasoil que es elemental para la movilización de maquinaria y vehículos que trasladan alimentos e insumos para la producción.
Lorenzo visibiliza lo que ocurre aunque también resalta que, “para lograr soberanía alimentaria debe establecerse de una vez por todas un plan de producción soberana que sea de pueblo a pueblo, sin intermediarios, porque los alimentos no puede ser mercancía que estén en manos de terceros”.
Marcela Heredia