El pasado viernes 22 de mayo un juez federal de Estados Unidos autorizó a la minera canadiense Crystallex cobrarle 1.400 millones de dólares a Citgo, principal activo de Venezuela en el país norteamericano, como reparación de los daños ocasionados por la estatización de sus activos en Venezuela, aprobada por el presidente Hugo Chávez.
Desde el 2019 con la autoproclamación de Juan Guaidó, la filial de Pdvsa había pasado de manera ilegal a manos del “gobierno interino” como parte de una jugada política de la Administración Trump contra el gobierno Constitucional de Nicolás Maduro.
Hoy la nación está en peligro de perder Citgo y muchos venezolanos no conocen a fondo la situación debido a lo largo de la querella judicial y el conflicto político que lo rodea.
En Hinterlaces.net te lo explicamos en tres datos:
- El 5 de noviembre de 2008, el gobierno venezolano anunció la nacionalización de la mina de oro “Las Cristinas”, otorgada en concesión a la empresa canadiense Crystallex durante la IV República y renovada en el 2003 por un Tribunal venezolano. El contrato con esta empresa había sido rescindido por un Tribunal nacional debido a la violación de leyes ambientales. Aunado a esto, esa concesión había sido objeto de largas controversias legales debido a diferencias resumidas en el famoso libro de Allan Brewer Carias titulado “El caso de las Cristinas. Sobre el intento de despojo de las minas de oro más ricas de Guayana”. Esta querella legal se extiende hasta 1964 en el que a Culver Whiteney De Lemon le fue otorgada una concesión minera la cual subarrendó. El presidente Chávez puso fin con la nacionalización a una inmensa lista de decisiones judiciales oscuras, tramas de corrupción, abuso medioambiental y laboral en las que se vio involucrada la empresa canadiense desde el año 2002. A partir de artilugios jurídicos, la empresa Crystallex intentó demandar al país indemnizaciones muy por encima del valor de los activos que fueron nacionalizados. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones dio un fallo a favor de Crystallex, el cual fue apelado por la República.
- En 2019, el conflicto político venezolano llevó a un sector de la oposición extremista apoyado por los EEUU, a intentar formar un gobierno paralelo al régimen constitucional de Nicolás Maduro, quien acababa de ser reelecto meses antes. A partir de ello, Estados Unidos promovió el control de activos por parte del gobierno paralelo presidido por el diputado extremista Juan Guaidó, quien nombra como “Procurador” a José Ignacio Hernández, quien había sido parte del bufete de abogados contratados por Crystallex contra la República. Según las declaraciones explícitas de los voceros de esta estructura paralela, se trataba de tomar Citgo y otras cuentas del país para “protegerlas”. Sin embargo, el carácter írrito, injerencista y antinacional de estas medidas ha colocado al país al borde de la pérdida de Citgo .
- La estadounidense Conoco Phillips y otras empresas también libran una querella legal contra Citgo. Esta decisión puede sentar un precedente jurídico en el que se asuma a Citgo como un alter ego del Estado venezolano y se tienda a su total liquidación. Esto mismo podría ocurrir con otros activos de la nación en el exterior.
El Gobierno Constitucional de Nicolás Maduro se ha pronunciado contra esta medida y denuncia la posible connivencia entre la empresa canadiense y miembros de la estructura paralela ilegal apoyada por los EEUU. Para Maduro, se trata de una batalla fundamentalmente política y no solo jurídica, en la que no solamente se disputan los activos de la nación, sino que está en juego la soberanía y la autodeterminación de Venezuela como República.
Damian Alifa