Violencia en Colombia
Indepaz: Una visión sobre la violencia en Colombia
Tiempo de lectura: 5 minutos.

El problema de la violencia y el asesinato de líderes sociales en Colombia es grave, al punto que Estados Unidos solicitó al gobierno de ese país aclarar las causas de esta situación. No obstante, el presidente Iván Duque parece estar en negación ante la contundente realidad en su propio territorio, mientras es notoria su colaboración permanente con la derecha extrema venezolana en sus aspiraciones de derrocamiento del Gobierno.

En el contexto de la agenda mediática latinoamericana, son constantes las noticias sobre masacres y asesinatos de líderes sociales en Colombia, aún a cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz suscrito como punto de partida para iniciar una senda para finalizar con el conflicto armado que ha caracterizado la historia contemporánea de la nación suramericana. En lo que va de 2021, ya se han perpetrado 14 masacres con 55 víctimas en 13 municipios del país según el Instituto de estudios para el Desarrollo de la Paz.

Por tal razón, Hinterlaces.net entrevistó a Camilo González Posso, presidente de Indepaz, institución que sostiene que entre 20 y 30% de los municipios en Colombia están afectados por este tipo de dinámicas violentas. González Posso nos brinda la visión de este organismo sobre los intereses tras la violencia y la efectividad de las acciones de Gobierno al respecto.

A continuación la entrevista completa:

Después de la firma del acuerdo de paz, decenas de líderes sociales y firmantes del acuerdo han perdido la vida en masacres y asesinatos selectivos, ¿A qué se debe esa situación?

Con la firma del acuerdo de paz en Colombia disminuyó la violencia de manera sustancial en muchas regiones incluso en las más críticas, esa situación se reflejó en todo el país. Desafortunadamente la política de Estado no ha llegado con la celeridad necesaria a estas regiones ha llegado a cuenta gotas y ha sido más veloz la recomposición de grupos armados, mafias, todo tipo de disputas por territorios, sobre todo en los 200 municipios donde la situación de guerra ha sido más dura en la última década, de modo que lo que hemos visto en esas regiones, la no llegada del Estado llevó a las comunidades a ejercer un poder local, a tramitar diferencias de agua, de conflictos de tierra, de recursos y ese control territorial de las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas chocó con los intereses de las mafias y grupos armados, empresarios y políticos que se acostumbraron a la guerra y llamaron de nuevo a los actores de la violencia, los grupos armados para defender sus intereses frente a comunidades empoderadas.

Es una espiral de violencia que se está reacomodando, que no ha logrado desbaratar la paz, no está a la altura de las guerras de finales de siglo pasado y principios de éste, pero que si amenazan con nuevos ciclos, nuevas formas y una depredación contra la población con indiferencia del Estado, omisión o políticas equivocadas.

El Gobierno colombiano dice que solo fueron asesinados 66 luchadores sociales en 2020 en Colombia. Indepaz dice que fueron 310, cifra que sostienen que es un récord. ¿Por qué esa diferencia en las cifras?

Durante todos estos años el gobierno ha tenido las cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, pero ni la Fiscalía ni el propio gobierno han querido utilizarlas como referencias para la información pública; la Fiscalía acoge las cifras parciales de la ONU que son registros insuficientes porque no tienen cobertura nacional. Por razones de conveniencia política han dado las cifras tomando la más baja, es una selección sencillamente con criterio de manejo de opinión, una situación muy peligrosa porque de esta manera distorsionan todo y confunden a la población.

Utilizan las cifras de ONU que son parciales porque es menor, pensando que así pueden disimular el problema ante la opinión pública.

Desde su punto de vista, ¿cuál es el problema estructural que atiza la violencia?

A pesar de los acuerdos de paz, los problemas estructurales de la sociedad que han estado presentes por décadas no han sido superados. Ni los problemas de la reforma agraria, los que tienen que ver con la democracia, la justicia. Esos asuntos de fondo que se han disputado con armas en Colombia por recursos, por agua, todo por los negocios de la droga no han sido resueltos y en medio de esa situación se están reconfigurando mafias, grupos armados. Mafias que son verdaderas estructuras urbanas y rurales que tienen prolongaciones complejas en los pilares del Estado, poderes económicos y que además se especializan en el lavado de activos, paraísos fiscales, etcétera. Eso ha permanecido y no se resuelve porque hay una política de Gobierno que no afronta la situación, un gobierno que es negacionista de los acuerdos de paz, los aplica a medias, no cree en la justicia, no cree en la transición de las armas a la justicia como se pactó en La Habana y eso es lo que permite la persistencia de nuevas violencias.

Hay una corrupción rampante que atraviesa todas las esferas del Estado; la corrupción y las mafias se han apoderado del Estado y y lo han convertido en un Estado del partido de Gobierno. Son fuerzas que no permiten que se avance a mayor velocidad hacia el postconflicto en Colombia.

¿Cuáles son los pasas para iniciar un camino de paz en el país ?

En Colombia estamos en un camino hacia la paz. El acuerdo de paz ha tenido un efecto extraordinario en la población civil, ha cohesionado a millones de colombianos en la bandera de la paz, ha entusiasmado a la juventud, mujeres, ambientalistas, campesinos intelectuales, y hay presión por transformación y una sanción al guerrerismo en nuestro país. Pero por supuesto las fuerzas de la muerte, de la guerra, la gente que se acostumbró al paramilitarismo, la gente que se acostumbró a ejercer el poder mediante la arbitrariedad y la violencia, eso se opone a la transición al postconflicto. Entonces el camino por su puesto está en retomar la implementación a los acuerdos. Ser fieles a ese mandato constitucional

Es grave que persiste el asesinato de líderes, masacres y que tengamos cerca de 200 municipios de los 1.100 que tiene, en situaciones críticas. El acuerdo de paz es el camino, la esperanza de paz no ha sido revertida por todas estas dinámicas opositoras contra los acuerdos de paz. Hay aquí un juego político en curso y en ese juego las apuestas están en que es posible transitar al postconflicto.

¿Qué rol tiene la región latinoamericana en la búsqueda de la paz colombiana?

El panorama latinoamericano es muy importante como una fuerza para la paz y ha cumplido un papel muy nítido, por ejemplo los países acompañantes en el proceso de conversaciones de negociación y acuerdo en La Habana. En la actualidad tenemos la presencia de muchos países incluso de la misión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas acompañando y desde América Latina han sido clave las expresiones solidarias con la paz pero por supuesto hay un interés promovido por el gobierno colombiano que tiene una diplomacia agresiva de intervención, de injerencia militarista y de métodos de diplomacia paramilitar. Eso quieren hacerlo extensivo a otros países, buscar aliados e intentaron hacer una alianza alrededor de esa estrategia con la administración Trump.

Ahora vamos a ver un nuevo escenario. Es posible un nuevo diálogo en la para buscar un camino de paz en Colombia y cerrar el paso a las fuerzas intervencionistas que se alimentan de la guerra.

¿Cuál es el papel del Gobierno colombiano en la situación de violencia actual?

Desafortunadamente el Gobierno de Colombia de la administración Duque no cree en los acuerdos de paz. Todos los días hace maniobras contra la jurisdicción especial para la paz, todos los días se pronuncia pretendiendo darle órdenes a los jueces y al sembrar una incertidumbre frente a la operación de la justicia transicional lo que hace es dar mensajes equívocos a la sociedad colombiana, la incredulidad en la justicia institucional lleva un mensaje de credibilidad a la justicia por mano propia en los territorios. Por omisión, falta de presencia del Estado de manera integral, de implementación de los acuerdos en muchas regiones y una unilateral intervención militarizada de ocupación de territorios en la sustitución de cultivos de coca, es decir que la política del gobierno está en contra de la paz y sirve más bien de gasolina para el incendio.

Jessica Sosa

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