«Nosotros estamos viniendo aquí a exigir justicia, de las madres, de los papás que han muerto, de los niños que han quedado huérfanos, de los papás que han dejado heridos y que ya no pueden trabajar”. Lo dijo David Inca, luchador social de El Alto, quien representa a las víctimas y sobrevivientes de esas matanzas ocurridas en 2019, durante el régimen de facto de Jeanine Áñez.
En esa senda camina Bolivia por estos días. En el marco de la investigación por el golpe de Estado del 2019, la ex presidenta de facto Áñez y sus ministros Arturo Murillo, Yerko Núñez, Álvaro Coimbra, Fernando López y Rodrigo Guzmán, están tras las rejas.
Una de las primeras acciones de Áñez fue firmar un decreto que le daba impunidad a las Fuerzas Armadas para matar a manifestantes, que desembocó en 37 muertos y miles de heridos y detenidos. El gobierno de facto aupó y financió a grupos armados para-estatales como la JRC (Cochabamba) o la Unión Juvenil Crucista UJC (Santa Cruz) que en la actualidad, ya están activados para dañar a campesinos del Chapare, la zona geográfica donde se concentran los votos del Movimiento al Socialismo, que preside Evo Morales.
¿De qué acusan a Áñez?
Terrorismo, sedición y conspiración. La principal acusación es que se autoproclamó sin quórum mientras perseguía a la línea sucesoria de Evo Morales (la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, el presidente de Cámara de Diputados ,Víctor Borda, y el primer vicepresidente del Senado, Rubén Medinaceli).
La dimisión de Salvatierra, Borda y Medinaceli ocasionó un vacío de poder en el país. Lo dijo el fiscal de materia Harold Jarandilla quien además señaló que, en una de las reuniones con la Iglesia Católica y la Unión Europea se obligó una vez más a Salvatierra para que dimita a su cargo.
Un día antes de ese hecho, en una reunión organizada por los representantes del clero católico, los ex-presidentes Jorge Quiroga (ex candidato presidencial en 2020 que se retiró porque sólo tenía 2 % de los votos según encuestas) y Carlos Mesa (que en 2020 obtuvo el 28,8% de los votos frente al 55,1 % obtenido por Luis Arce) presionaron también para que Salvatierra renunciara a su cargo de forma irrevocable.
Según Evo Morales, no se puede hablar de sucesión constitucional cuando se ha violado Art. 169 de CPE y usurpado la presidencia del Estado. La sucesión constitucional llega hasta presidencias del Senado y Diputados. Áñez se autonombró presidenta y un militar camuflado le impuso la banda presidencial. El presidente de Diputados y la presidenta de Senadores fueron obligados a renunciar bajo presión: quemaron las viviendas de alcaldes, gobernadores y asambleístas y amenazaron contra la vida de familiares y conocidos. El daño ya estaba hecho.
Amenazas en tiempo real: 2021
En la actualidad, la amenaza sigue latente. El líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, vociferó contra el presidente Luis Arce: «El mandatario está mal asesorado y podría provocar una nueva convulsión social».
A las preocupaciones manifestadas por EEUU y la Unión Europea por el caso Áñez, el viceministro de Justicia, César Siles, aseguró que «el Estado boliviano a través del Ministerio de Justicia va a velar siempre por el debido proceso en estas causas (…). Ayer la audiencia cautelar prácticamente fue pública, estaban presentes veedores de Naciones Unidas, del Defensor del Pueblo, los medios de comunicación—que transmitieron en vivo la última parte de la audiencia cautelar—, los canales de YouTube de personas particulares y otros”.
El Viceministro de Justicia adelantó que representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegarán a Bolivia en abril para verificar las denuncias.
Por su parte Áñez denunció, mediante su cuenta de Twitter, un presunto abuso y persecución política, y pidió a la Organización de los Estados Americanos, la de Luis Almagro que actuó como su socio en el golpe, y a la Unión Europea, enviar observadores. OEA, presta y pronta, respondió que «el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso, debido a problemas de estructura y en particular de su integración».
Ante lo que el gobierno nacional boliviano indica como «persistentes acciones de injerencia en los asuntos internos de Bolivia», el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, anunció que el Estado boliviano evalúa iniciar acciones legales contra Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Lo que conjuraron miles de ciudadanos un 5 de diciembre del 2019, en el Puente Tamborada de la Zona Sur en el primer Cabildo Popular contra el Golpe en Bolivia comienza a materializarse: cerrar el círculo de la impunidad.
Patricia Arce, alcaldesa del municipio Visto, a la que una turba de jóvenes armados llamados Resistencia Juvenil la secuestró y vejó, la arrastró, le cortó el cabello, le echaron tintura roja en la cara y en el cuerpo, entre tantas otras violaciones a sus derechos humanos es una de las voces que hoy exige justicia, esa que la OEA, autoerigiéndose como autoridad ut supra, pretende negar para tapar su participación en el golpe a Evo Morales.
Marcela Heredia