La proclamación de Donald Trump, en la que invoca la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a venezolanos de Estados Unidos, introduce un nuevo elemento en la confrontación de Washington con Venezuela. Esta vez, no se trata de una orden ejecutiva, sino de una proclamación redactada con el tono marcial propio de las declaraciones de guerra. Más allá del impacto inmediato sobre miles de personas, la medida plantea interrogantes sobre sus verdaderas intenciones y los objetivos políticos en los que se inscribe.
POSIBLES OBJETIVOS
Al analizar su significado, es necesario considerar varios posibles objetivos subyacentes. Por un lado, podría tratarse de una maniobra de negociación acorde con el estilo característico de Trump, en la búsqueda de acuerdos pragmáticos en temas como el petróleo y las deportaciones, sin exigir cambios políticos significativos en Venezuela. Por otro lado, también podría formar parte de un plan más amplio para forzar un derrocamiento y un cambio de gobierno en el país. Finalmente, cabe la posibilidad de que sea simplemente una estrategia de política interna para consolidar el apoyo de sectores conservadores y antiinmigrantes en Estados Unidos.
La impredecibilidad de Trump, sumada a la ausencia de una política exterior clara, genera incertidumbre sobre los planes específicos detrás de esta medida. La multiplicidad de intereses en juego dificulta aún más la interpretación. ¿Se trata de una decisión impulsiva o de un movimiento estratégico cuidadosamente planificado?
HERRAMIENTAS
Sea cual sea el objetivo subyacente, los migrantes venezolanos han sido utilizados como una herramienta con fines políticos. Más allá de las razones para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, la medida constituye una violación flagrante de los derechos humanos y un acto ilegal. La deportación de venezolanos sin el debido proceso, así como su encarcelamiento sin ser presentados ante un juez, ni en EEUU ni en El Salvador, contraviene el derecho internacional.
El recurso a una ley de guerra de 1798 representa un abuso de poder. Su aplicación estimula la xenofobia y la segregación. Al atacar con violencia a venezolanos, la medida también adquiere el carácter de un acto hostil contra Venezuela como nación.
OPCIÓN: NEGOCIACIONES
El objetivo principal de la proclama podría derivar del estilo de negociación de Trump, basado en establecer una posición de fuerza para luego buscar concesiones. En este caso, la medida serviría para llegar a acuerdos sobre el acceso al petróleo venezolano y la cooperación en deportaciones. Trump podría estar utilizando las amenazas como una palanca para lograr mejores condiciones para las empresas estadounidenses a cambio de alivios en las sanciones, en un enfoque transaccional.
Al invocar una ley draconiana como la de Enemigos Extranjeros, Trump asume un tono agresivo para generar temor y llevar a Venezuela a la mesa de negociaciones con mayor disposición a ceder, una táctica que ya ha utilizado con otros países.
OPCIÓN: DERROCAMIENTO
Sin embargo, la medida adoptada por Trump podría no estar circunscrita a una negociación, sino que se trataría de paso estratégico de un plan para desplazar a Nicolás Maduro del poder. Al declarar al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera vinculada directamente al gobierno venezolano y presentar sus actividades como una «invasión», se buscaría justificar acciones hostiles contra Venezuela.
La calificación de un país como un «estado fallido» ha sido una justificación recurrente para intervenciones o medidas de presión extrema. La táctica sigue un patrón histórico en el que se construye un caso, se debilita económicamente al adversario y se estimula el descontento interno.
ACTORES
En relación con las opciones planteadas, pueden identificarse actores ubicados en una u otra posición. Entre quienes ven la proclamación como una justificación para una intervención, destacan figuras como Mike Waltz, del Consejo de Seguridad Nacional, y Marco Rubio, secretario de Estado. Desde Venezuela, María Corina Machado sostiene un discurso que apuntala esa posición y ha insistido en que “la crisis venezolana es fundamentalmente un problema de aplicación de la ley”.
En el lado de una negociación pragmática, sobresalen la petrolera Chevron y algunas figuras políticas, como el senador Bernie Moreno, de Ohio. Aunque aparentemente hay un desequilibrio en el peso de los actores, hay que considerar que Donald Trump opera con una autonomía casi absoluta y que el interés por el petróleo venezolano es un factor que puede ser determinante, lo que matiza cualquier análisis.
IMPREVISIBILIDAD
La viabilidad real de una estrategia de intervención es discutible. La deportación de venezolanos, por ejemplo, ha tenido efectos contraproducentes al reforzar la percepción de una hostilidad generalizada hacia lo venezolano. Si bien esta medida podría interpretarse como un paso previo para justificar futuras acciones, su impacto legal y diplomático enfrenta serios obstáculos. Además, a la hora de decidir, Trump probablemente tomará en cuenta el fracaso de los intentos de su primer mandato y su desencanto con el liderazgo de oposición. En todo caso, su imprevisibilidad y pragmatismo dificultan que los analistas puedan llegar a conclusiones definitivas.