A principios de 2020 se hizo público que Philip Aston, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, viajaría a España para revisar los niveles de pobreza que sufre la población, en el país cuya economía es la más grande de toda Europa. Según los datos obtenidos, las cifras de pobreza se han agravado, a pesar de la recuperación económica de la nación, una década después de haber superado la crisis financiera.

El informe de Alston confirma que los grandes beneficiados de esa recuperación económica son los ricos y las empresas que, pese a los beneficios, pagan menos impuestos que antes de la recesión, en contraste con «un porcentaje inusual de población que vive al límite y tienen dificultades para sobrevivir», según reza en el documento.

España reduce el cobro de impuestos con lo que disminuye su capacidad de dar protección social a sus ciudadanos

Entre los datos aportados por el alto funcionario, destaca que en 2018, el 26,1% de la población en España, y el 29,5% de los niños, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. Más del 55% experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin de mes y el 5,4% sufrió privación material severa. La tasa de desempleo del 13,78% es más del doble de la que presenta la media de la Unión Europea y sobrepasa de 30% para los menores de 25 años.

Al analizar las razones por los que España tiene estos indicadores, el relator de la Onu consideró que es evidente que se trata de una «decisión política», argumentó que «esa decisión política ha sido hecha durante la última década. Quiero resaltar el hecho de que entre 2007 y 2017, los ingresos del 1% más rico crecieron un 24% mientras que para el 90% restante subieron menos de un 2%”.

Una muestra de esto es que el Estado español decidió recaudar 5% menos de impuestos, comparado con cualquier otro Gobierno europeo, con lo que ha debido recortar los gastos para la protección social. «La recuperación después de la recesión ha dejado a muchos atrás, con políticas económicas que benefician a las empresas y a los ricos, mientras que los grupos menos privilegiados han de lidiar con servicios públicos fragmentados que sufrieron serios recortes después de 2008 y nunca se restauraron», sentenció Alston.

Con información de Noticias ONU