Por Leopoldo Puchi

Francisco Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos, admitió recientemente que se había hecho un «cálculo equivocado» en relación a Venezuela y que se subestimó la capacidad de Nicolás Maduro. A una conclusión semejante han llegado las autoridades estadounidenses que diseñaron la estrategia puesta en marcha a lo largo del 2019. 

Ahora bien, sobre las sanciones, los distintos voceros insisten en público en calificarlas de «efectivas», e incluso el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, afirmó que «las sanciones han tenido un éxito total».

Sin embargo, los altos mandos saben que no ha sido así, puesto que el embargo petrolero y financiero no logró impulsar una rebelión social, y al mismo tiempo fallaron los levantamientos militares programados, lo que se consideraba como el elemento definitorio de la «Operación Libertad».

BARCOS DE GUERRA

Ante estas circunstancias, un informe del Washington Post reporta que «la administración Trump está sopesando nuevos pasos». El informe indica que no se hará un viraje o rectificación de fondo en la política seguida, pero sí menciona que hay discusiones sobre «cómo hacer para que sea más efectiva».

Entre los nuevos pasos que se darían no se contempla un desembarco de tropas en territorio venezolano, pero no se descartan otro tipo de acciones bélicas. Una de estas modalidades que se estaría evaluando, según los informantes del Post, sería la de un bloqueo naval del petróleo, lo que elevaría todavía más las tensiones entre los dos países.

LEY VERDAD 

Es en este marco de reajuste de políticas que se ha decidido aprobar la Ley V.E.R.D.A.D (Venezuela Emergency Relief, Democratic Assistance and Developpment) en el Congreso de EEUU, que está dirigida a «codificar las sanciones», tal como lo expresó el senador Marco Rubio.
Al codificarlas en una ley, a todas las sanciones y órdenes ejecutivas se les da un nuevo rango jurídico y se consagra la actual estrategia de sanciones como una disposición legislativa. Una estrategia convertida en ley de obligatorio cumplimiento.

Uno de los peligros, de aprobarse esta ley consiste en que hace inflexible la política exterior de EEUU hacia Venezuela. El Ejecutivo estadounidense, para modificar o retirar la estrategia de sanciones, tendrá que contar el apoyo de una mayoría en el Congreso.

La ley establece el requisito previo del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente para cualquier acuerdo por medio del diálogo, lo que crea una camisa de fuerza semejante a la Ley Helms-Burton, que impidió a Barack Obama hacer avances en sus negociaciones con Cuba. Por lo demás, se le da un peso decisivo, por ley, a las acciones dirigidas a promover un levantamiento militar, y para ello se dispone la creación de un Task Force integrado por la CIA y el Pentágono. Nada promisoria esta ley que mineraliza el conflicto en los mismos términos de hoy.

Leopoldo Puchi/ Cortesía El Universal