termina el ciclo Guaidó
Se termina el ciclo Guaidó: ¿Y ahora?

Este cinco de enero de 2021 se inicia un nuevo periodo legislativo en Venezuela. por una parte, los diputados que fueron electos el 6 de diciembre para integrar la nueva asamblea Nacional asumen sus curules en el Palacio Federal Legislativo. Mientras tanto, bajo el paraguas del llamado «Estatuto de Transición»,  la oposición liderada por Juan Guaidó quien deja de ser parlamentario, con el apoyo de Estados Unidos promueve la narrativa de la «continuidad administrativa» y el desconocimiento de la  AN recién electa.

Para la abogada y constitucionalista Olga Álvarez, el juego perverso contra la Republica ha llegado a su fin. Considera muy difícil que factores externos que le han dado aval a la simulación de la «presidencia interina» puedan sostener la tesis de la Asamblea paralela. «Sería un absurdo seguir dándole credibilidad a semejante delito que no tiene base ni en el derecho comparado».

Hinterlaces.net entrevistó a la experta para hacer un recuento del ciclo que termina con la juramentación del nuevo Poder Legislativo.

Venimos de cinco años de un poder legislativo en desacato y enfrentado al resto de los poderes. ¿Cómo regresar el poder legislativo a la constitucionalidad?

La Asamblea Nacional vuelve  a la constitucionalidad en el momento en que se instale este 5 de enero de acuerdo a lo que establece la Constitución Bolivariana. Los diputados ya proclamados, adjudicados y con sus credenciales se instalarían en esta primera sesión anual en la que les corresponde elegir la nueva junta directiva para este primer año del periodo constitucional legislativo.

¿En qué condición jurídica queda  la Asamblea Nacional en desacato?

Efectivamente todo lo anterior que ha sido declarado inconstitucional o que ha sido aprobado por la Asamblea Nacional en desacato  no tiene eficacia jurídica, bien porque los actos fueron realizados por un cuerpo colegiado que estaba viciado al haber incorporado dos candidatos que no tenían cualidad de diputados o bien porque ya esos actos habían sido declarados inconstitucionales por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Todos esos actos están fuera del ámbito jurídico. No existen. Una vez declarados  inconstitucionales pierden la existencia ante la sala jurídica.

¿Qué ocurre en el caso de la inmunidad que como diputado amparaba a Juan Guaidó  y en base a la cual justificó varios de sus actos?

La inmunidad es una prerrogativa inherente al cargo cuando eres electo diputado.  Protege al diputado  desde el momento de la proclamación hasta el día que fenece la condición de diputado por las razones establecidas en la Constitución y la ley.  En este caso por el término del periodo legislativo, pero también puede cesar por haberse allanado la inmunidad por el procedimiento establecido en la Constitución y que el Tribunal Supremo de Justicia lo declara.

La condición de diputado o diputada no exime de responsabilidad penal  ante el tipo de delitos cometidos por Guaidó y su organización criminal. La inmunidad solamente es un privilegio, una prerrogativa, en ciertos temas penales, para de alguna manera proteger a las y los diputados, de las opiniones que pudieran emitir dentro de sus funciones. Si es un juicio civil, de tránsito, laboral, en materia de familia, no lo exime de  seguir el procedimiento de ley como cualquier ciudadano.

Los delitos cometidos por Guaidó y por quienes han estado llamando al bloqueo, quienes han participado de la organización delictiva que contrato  mercenarios para desestabilizar el país, no están exentos de responsabilidad y todos esos actos fueron realizados fuera de las funciones que tenían como diputados. No tienen relación alguna con sus funciones legislativas. Lo que hicieron esta fuera del marco de las leyes y la Constitución, delitos tipificados  en la Ley Orgánica contra el Terrorismo y la delincuencia organizada, enmarcados en el Código Penal, vinculados a  delitos contra la seguridad de la nación, lo que comúnmente llamamos delitos contra la patria. Además incurrieron en delitos de lesa humanidad que no prescriben y que están sometidos a la posibilidad de ser perseguidos internacionalmente desde el escenario de la Corte Penal Internacional.

Guaidó y algunos voceros internacionales que lo apoyan, plantean que existe continuidad administrativa ya que sostienen que el proceso electoral de diciembre fue un fraude. ¿Como evalúas  el escenario político y jurídico ante la narrativa de mantener  la existencia de una presidencia interina y ahora también una Asamblea Nacional paralela?.

A lo interno de Venezuela absolutamente nadie cree en esa continuidad, no solo porque la Constitución no lo permite sino también porque ellos perdieron todo tipo de apoyo dentro de esa simulación que han mantenido de «presidencia interina» con el objetivo de robar los activos de Venezuela.

En el extranjero veo muy absurdo, que órganos como el parlamento europeo u otros, puedan seguir dándole credibilidad a semejante delito. Yo dificulto que incluso internacionalmente, que es en alguna manera el apoyo que ha tenido esta organización criminal, puedan seguir prestándose para esta farsa que no tiene sentido  alguno y en ningún derecho comparado existe  la posibilidad de que la Asamblea de continuidad, cuando hay un mandato constitucional expreso y hay un proceso electoral que no ha sido impugnado, que ya proclamó y adjudicó los candidatos electos y ya van a instalarse. Es decir se acabó el juego perverso contra la Republica.

La Asamblea Nacional fue el aval internacional para acciones contra bienes y activos de la República. ¿Qué papel juega el Estatuto de Transición en esa estrategia?

Ese instrumento no tiene validez alguna en el mundo jurídico. Igual que no tenía validez alguna la presidencia  interina. No tenían validez porque de hecho y de derecho no existen esas figuras o la posibilidad. ¿Qué pasara ahora? digamos que obviamente la Asamblea Nacional del 2015 cesó en sus funciones y en enero se inicia un nuevo periodo legislativo, con unos  escenarios políticos que se van a desarrollar dentro de la nueva Asamblea Nacional. El Estatuto famoso de Transición, que fue declarado inconstitucional por el TSJ, y a todas luces es la ruptura del hilo constitucional lo que ahí está redactado, es otro de los tantos ilícitos cometidos por Guaidó y todos aquellos que se prestaron para este plan que ideo Estados Unidos contra Venezuela. No va a pasar nada con ese Estatuto. Ese Estatuto esta fuera de la lógica del  derecho. 

Insisto, difícilmente desde afuera puedan  darle continuidad a esta simulación  que ya llego a su final. Yo no creo que sus financistas y quienes han respaldado esta farsa continúen por lo menos con este grupo. Por supuesto que seguirán  bloqueando al país  e inventando acciones contra Venezuela porque el objetivo es hacerse de la riqueza y el territorio venezolano, pero seguramente desecharan como ya han ido desechando a este grupo, que en los intentos terroristas que planificaron fracaso.

Jurídicamente ¿cuáles deberían ser las primeras decisiones de esta nueva Asamblea Nacional en el marco de los ataques contra Venezuela

En primer lugar ya hay unas líneas generales para los primeros días anunciadas por el Presidente Nicolás Maduro y por los diputados electos por el Gran Polo Patriótico, propuestas construidas desde  el poder popular. Creo que un primer debate tendría que asumirse la revisión y fortalecimiento del Reglamento de la Asamblea Nacional,  para aclarar dudas que pudieran surgir y hacerlo más eficiente. Así como para incluir sanciones disciplinarias, que el propio cuerpo pueda disciplinarse.

Por otra parte si bien los delitos cometidos por Guaidó y su grupo están tipificados en diferentes instrumentos,  si es necesario adecuar  una nueva ley penal para el tema de los delitos contra la patria. Visto lo vivido en estos cinco años, aunque los hechos estén tipificados, hay que perfeccionar normativas que  establezcan claramente por ejemplo el delito del bloqueo. Hay que llamar a las cosas por su nombre y deben debatirse en la Asamblea Nacional nuevos instrumentos que disuadan y que castiguen estos hechos cometidos ya sea por cualquier funcionario público, o más aún si se trata de un funcionario electo.

Anahí Arizmendi