Corte Penal Internacional
Venezuela ante la CPI: Un espejo que relfeja a la oposición

El Fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, indicó este lunes a través de una rueda de prensa que su país no tipifica para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional y resaltó que no hay ataques contra grupos civiles en específico.

Saab resaltó que en la intervención de la delegación venezolana en La Haya, se informó el compromiso del Estado venezolano y sus instituciones para investigar, imputar, acusar y condenar, tal como lo ha realizado el Ministerio Público y los Tribunales competentes, a los responsables de dichas violaciones a los DDHH.

Juan Guaidó, en pleno derrape de votos de Donald Trump, había dicho que el Fiscal venezolano salió con las tablas en la cabeza y también se preguntó cómo en la CPI o su Fiscal pueden recibir a una persona con las «credenciales» de Saab. Sin embargo, nada dijo Guaidó, uno de los protagonistas de las sanciones y solicitantes de las sanciones, sobre las criminales consecuencias lesivas a los derechos humanos que representan las numerosas medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela por superpotencias mundiales.

Según autoridades gubernamentales, las afectaciones y/o pérdidas financieras de Venezuela, por la aplicación de medidas coercitivas, asciende a 1 mil 4 millones de dólares, cifra que supera con creces a la totalidad de lo que Donald Trump haya aportado en toda su administración, para asistencia humanitaria de emergencia.

El fondo de la cuestión aquí y que reviste de gran importancia política para Venezuela, más aún en tiempo electorales, es que la Corte Penal Internacional trabaja en la fase preliminar para determinar si en este país se han dado casos que puedan ser de su competencia y cómo han sido sancionados. Para ello recibió en Viena a la delegación venezolana y esperan la información relevante que Saab precisó que próximamente será consignada.

Actualmente, existen dos exámenes preliminares abiertos: El primero por presuntos delitos cometidos desde abril de 2017 en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos, y el segundo por crímenes de lesa humanidad perpetrados en  territorio venezolano desde el 12 de febrero de 2014, en el contexto de la aplicación de medidas coercitivas ilícitas adoptadas unilateralmente por el gobierno de los EEUU contra Venezuela.

Como muestra de cooperación que permita esclarecer los hechos, Saab invitó a la fiscal de la CPI en La Haya, Fatou Bensouda, a visitar Venezuela mientras ambas instancias siguen en fase de examen preliminar. Y acotó que el comportamiento del Gobierno venezolano «contrasta con la actitud de potencias como los Estados Unidos que se ha negado a someterse a la jurisdicción de la Corte Pela Internacional». El Fiscal Saab destacó que, en esta etapa de las investigaciones, «PROCEDE la constructiva colaboración entre las oficinas de ambas fiscalías para aportar información suficiente sobre la actuación de la justicia venezolana y las atribuciones «exclusivamente complementarias de la CPI» y fue expreso al indicar que la potestad del Estado venezolano para sancionar reside en la Carta Magna vigente en el país. El Estatuto de Roma establece de manera expresa que la CPI es complementaria con jurisdicciones penales nacionales.

En la misma línea de trabajo, en septiembre de este año, el Fiscal General Tarek William Saab, el Canciller Jorge Arreaza y el Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz entregaron al Coordinador Residente de ONU en Venezuela, Peter Grohmann, el informe «La Verdad de Venezuela contra la Infamia: datos y testimonios de un país bajo asedio» que #hoy cobran especial trascendencia.

Hoy, la misma disociación que permitió que apareciera en la escena política un Guaidó en Venezuela y que Trump, vitoreaba al igual que la Unión Europea, activa el botón de pánico en EEUU. Y lleva incluso a tres televisoras MSNBC, NBC y ABC, y hasta Fox, a cortar el discurso de Trump por propiciar la desinformación.

Así como Trump en esta jornada bebe de su propia pócima, el golpismo opositor venezolano y, el aún Secretario General de la OEA, Luis Almagro reciben en esta instancia de la investigación judicial un stop que le insufla al gobierno venezolano más  cintura política que huele a triunfo electoral. Las elecciones parlamentarias están en marcha y los resultados electorales con sus respectivos recuentos de votos se conocen más rápido que en EE.UU.

Marcela Heredia