impacto del bloqueo en la salud
Víctimas del bloqueo: El impacto de esta política contra la salud de los venezolanos
Tiempo de lectura: 4 minutos.

A la larga historia de saqueo a través del “gobierno interino” impuesto en Venezuela por el Gobierno de Estados Unidos como política injerencista, y las centenares de medidas unilaterales emprendidas por ese gobierno contra Venezuela, se suma la denuncia del Ejecutivo Nacional  sobre la retención ilegal en el Banco de Inglaterra de recursos venezolanos a ser destinados para pagar 3,6 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 y el remate de CITGO, filial de PDVSA, cuyos programas sociales atendían a niños, niñas y adolescentes con enfermedades crónicas en diversos países a través de la Fundación Simón Bolívar.

Todo esto ha implicado que hoy existan niños y niñas fuera de nuestras fronteras en espera de trasplantes e intervenciones quirúrgicas de vida o muerte. Entre tanto el ejecutivo realiza gestiones con Argentina y otras naciones, para viabilizar la atención de los infantes que esperan trasplante de medula ósea en el marco de un bloqueo inmoral que vulnera incluso la infancia venezolana.

“No son cifras, Son Niños”

El bloqueo contra Venezuela desde la aprobación de la Orden Ejecutiva  N. 113-278 promulgado en diciembre de 2014 por parte del gobierno de Barak Obama, ha ocasionado la muerte de más de 40 mil personas entre 2017 y 2018, según el informe  del Centro de Investigación Política y Económica, fundación independiente de EEUU. La investigación establece que 80 mil personas con VIH, 16 mil con cáncer y 4 millones don diabetes e hipertensión son víctimas directas de lo que califican como una “política despiadada, ilegal y fallida”.

El historiador norteamericano y experto en derechos humanos Alfred de Zayas dijo en febrero de 2020 que ya se contabilizaban más de cien mil venezolanos víctimas fatales del bloqueo, por los impedimentos reales que esta política ha causado en el acceso a la salud y los medicamentos.

En el 2018, La Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin) advirtió que 90% de los niños con enfermedades crónicas en Venezuela estaban en peligro de muerte debido a la misma razón.

Desde el 2019 Fundalatin ha sostenido reuniones con familiares de niños que se encuentran en el Hospital “José Manuel de Los Ríos” en Caracas que requieren trasplante de medula ósea y  de hígado, familiares de niños en el Hospital Oncológico Padre Machado en Caracas y del Hospital Universitario Dr Alfredo Van Grieken en Coro. También pudo escuchar el testimonio de 22 pacientes en diferentes ciudades de Italia. En 2019 cuatro niños fallecieron mientras esperaban ser trasladados a ese país en el marco del convenio entre el Estado venezolano a través de Citgo y la Asociación italiana para el Trasplante de Médula Ósea (ATMO).

La Presidenta de la Fundación María Eugenia Russian ha insistido en foros internacionales sobre el impacto del bloqueo en la población venezolana. “Hasta el momento hay 21 niños que necesitan viajar a Argentina para el tratamiento y trasplante de hígado. Además de 19 niños en espera para su trasplante de medula ósea. El bloqueo a PDVSA interrumpe el programa de salud a través de Citgo, lo que violenta el derecho a la vida de los niños, niñas y adolescentes afectados”.

En mayo de 2020 el representante del Estado venezolano ante Sistema Internacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, denunció vía twitter  que 1.567 millones de euros de Venezuela fueron retenidos por Novo Banco de Portugal. En ese trino, detalló que de ese monto 5 millones de euros estaban destinados al pago del tratamiento de 24 pacientes de trasplante de médula ósea en Italia.

Con el recrudecimiento de las medidas coercitivas, el Ejecutivo Nacional ha denunciado los obstáculos para adquirir medicamentos  y vacunas para enfrentar el COVID 19. Russian insiste en que no son un numero ni una estadística las personas vulneradas, “son seres humanos que están padeciendo estas medidas coercitivas que tiene el Gobierno de Estados Unidos contra la población venezolana”.

En su  denuncia ante la Corte Penal Internacional el Ejecutivo venezolano hace referencia al incremento de la mortalidad infantil y la reducción de la ingesta calórica, entre las consecuencias de las medidas coercitivas  y lo que define como delitos de lesa humanidad contra la población venezolana. Por su parte la Organización de Derechos Humanos SURES, en un intercambio con los actores del Sistema Nacional de Protección del Niño, Niña y del Adolescente  identificó que como consecuencia de las denominadas sanciones, el Estado no ha podido importar los reactivos para las pruebas de ADN, que se ofrecen gratuitamente y que son  necesarias para la determinación de la paternidad o investigaciones de abuso sexual, entre otras situaciones. 

Las acciones de asedio contra PDVSA  afectan la adquisición de aditivos para las refinerías de gasolina y diésel. El déficit de combustible impacta de forma dramática el transporte de medicinas, alimentos y el funcionamiento de plantas eléctricas en los hospitales.

Cabe destacar que CITGO Petroleum Corporation, es una de las principales empresas de su clase en EE.UU. siendo la mayor filial de la estatal venezolana PDVSA fuera del territorio venezolano. La corporación financiaba programas de salud a cientos de pacientes sometidos a tratamientos en centros de salud en el exterior y a más de 500 mil pacientes a nivel nacional, mediante la atención de patologías crónicas, tales como VIH, cáncer, síndrome de Parkinson, epilepsia, así como el financiamiento para cirugías y tratamientos asociados a trasplantes.

Todas estas acciones no solo han sido emprendidas por un gobierno extranjero. El protagonismo de Juan Guaidó en toda esta trama ha sido evidente. No solo porque ha exigido el aumento de «la presión» contra el gobierno venezolano y el recrudecimiento de las sanciones, sino porque además cada uno de los fondos bloqueados en el extranjero y el robo de Citgo, le han generado cuantiosas ganancias al ex diputado y sus emisarios que han concretado la estafa al país.

El tema de los niños venezolanos en espera de trasplantes o tratamientos médicos ha dado la vuelta al mundo en medios de difusión masiva, muy pocos abordan lo que hay detrás del sufrimiento de esas familias y la razón por la que llegaron a esas circunstancias.

Para Russian, el bloqueo al ingreso de bienes y servicios indispensables para la salud, la alimentación e insumos para la producción interna, así como el bloqueo a fuentes financieras legales del Estado venezolano para cubrir esas necesidades, representa una flagrante violación de los derechos humanos, sobre todo a la población de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores  y personas con alguna discapacidad, por ser los más vulnerables de la sociedad. Por ello insiste en la necesidad de mantener la denuncia internacional ante Naciones Unidas y los organismos multilaterales de derechos humanos.

Anahí Arizmendi