Este 27 de febrero se cumplen 31 años de el “Caracazo”, una serie de protestas y disturbios que se iniciaron en Caracas y en la mirandina población de Guarenas, ubicada a unos 40 kilómetros de la capital, y posteriormente se extendieron por todo el país, y que fueron fuertemente reprimidas por la policía y el ejército, por órdenes del presidente Carlos Andrés Pérez, y dejaron centenares de muertos, heridos y detenidos.

Durante las décadas de 1960 y 1970 Venezuela se mostraba como una de las naciones más prometedoras de la región. La consolidación de la democracia, la nacionalización de la industria petrolera en 1974 y el surgimiento de proyectos mineros en el sur del país permitieron la llegada de capital extranjero y el desarrollo de ambiciosos proyectos.

Sin embargo, todo empezó a cambiar a partir de la década de 1980. En 1983, bajo la presidencia de Luis Herrera Campins, se produjo la primera devaluación en el paísdesde 1961, medida que afectó la confianza en la moneda venezolana. Con la pérdida de valor del bolívar vinieron problemas como la reducción en el precio del barril petrolero, la deuda externa, inflación y la fuga de capitales.

De esta manera, Venezuela, uno de los países más ricos del continente, se convirtió a partir de la década de los 80 en un país con una enorme deuda externa, crisis cambiaria, inflación galopante, una corrupción voraz, fuga de capitales,abuso de poder y, en medio de ese cuadro asume la presidencia, por segunda vez, Carlos Andrés Pérez, el candidato de Acción Democrática que ya había gobernado el país en el período 1974-1979.

A los pocos días de asumir el poder, Carlos Andrés Pérez anunció un paquete de medidas económicas, un plan acordado con el Fondo Monetario Internacional que implicaba congelación de sueldos y salarios, alza de precios, alza de la gasolina (y por ende de los pasajes), alza de los servicios, el cual se considera que fue el detonante para el espontáneo estallido social, que inicialmente se inició con trancas de calles y barricadas y enfrentamientos con los cuerpos de seguridad, pero que luego se fueron tornando cada vez más violentos y degeneraron en saqueos a los comercios.

ONGs aseguran que no se hizo una investigación verdadera respecto al número de muertos

Las protestas dejaron 276 muertes, según la cifra oficial reconocida por el fiscal general. pero las ONG denuncian que nunca se hizo una investigación exhaustiva de lo ocurrido. Las víctimas mortales, según algunas asociaciones civiles, pueden llegar a los tres millares. La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) calificó el hecho como de “una auténtica masacre», en un duro informe que hizo sobre el balance de víctimas y fallecidos durante las protestas. «Una de las más graves violaciones de derechos humanos de la Venezuela contemporánea», se lee en el documento.

Esta organización no solo denunció que nunca se pudiera contabilizar el número real de muertos en las protestas, sino también la brutalidad policial: uso de artillería pesada, la suspensión de garantías, personas desaparecidas, torturas, tribunales militares y fosas comunes.

Tres años después, en medio todavía de un profundo malestar emergió en escena el teniente coronel Hugo Chávez, quien lideró en 1992 una intentona militar junto a otros altos oficiales del ejército, contra Carlos Andrés Pérez, la cual contó con la simpatía popular.

En esa ocasión, Hugo Chávez asumió la total responsabilidad de la intentona militar, llamó a sus compañeros a deponer las armas y manifestó en cadena nacional que sus objetivos no se habían cumplido «por ahora», frase que impactó al público y ayudó a construir el mito del militar del pueblo que luego explotaría políticamente y lo llevaría al poder en 1998, con lo cual rompió la hegemonía bipartidista en el país.

Wilmer Poleo Zerpa