Petrocaribe
Petrocaribe sanciones

Las sanciones y medidas coercitivas unilaterales de EEUU contra Venezuela, han repercutido en la integración con el Caribe, esto se evidencia en la interrelación con la reducción del suministro de crudo y productos refinados de hidrocarburos desde Venezuela a los países miembros del Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe.

Constituido en 2005, como iniciativa del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chavez, Petrocaribe reúne a 17 Estados signatarios: Antigua y Barbuda, Belice, Cuba, Dominica, El Salvador, Grenada, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Suriname y Venezuela. Hasta agosto de 2019, se habían suministrado mediante las empresas mixtas del acuerdo, el equivalente a más de 350.000 millones de barriles de crudo y productos a un total de 14 países, lo cual equivale a más de 30.000 millones de dólares.

Este volumen de recursos energéticos, los cuales en su mayoría estaban conformados por diésel para la generación eléctrica, ha promovido de manera significativa el desarrollo económico, social y de seguridad energética en los países miembros, al otorgar condiciones especiales de financiamiento y sustituir a los proveedores tradicionales pertenecientes a empresas transnacionales, cuyas ventas normalmente eran de contado y en condiciones onerosas para dichos países.

No obstante, durante los últimos años, el volumen suministrado ha ido disminuyendo de manera acelerada al punto que durante el año actual no se han realizado despachos desde Venezuela, lo cual ha incidido en las economías de los países receptores al tener que recurrir al mercado de las transnacionales nuevamente, a fin de poder satisfacer sus necesidades energéticas.

Venezuela realizó despachos esporádicos en 2018, atendiendo a algunos países miembros del acuerdo (Dominica, San Vicente y Las Granadinas, Belice, Nicaragua, El Salvador, Haití y República Dominicana). Los pocos envíos realizados fueron coordinados mediante la compra de combustibles hechas a países aliados en el mercado internacional.

En vista de la disminución en el suministro, las empresas mixtas y los entes estatales en los países han impulsado estrategias comerciales a fin de adquirir directamente en el mercado internacional y de manera puntual, tanto crudos como productos refinados, con el objetivo de garantizar la seguridad energética en estos países, en aquellos casos donde no ha habido el suministro de hidrocarburos desde PDVSA.

Esto debido no solo al congelamiento y cierre de cuentas en los bancos y al temor a hacer transacciones con PDVSA, sino al impedimento de la adquisición de insumos y mantenimiento de las plantas, así como a la posibilidad de que los buques sean navegables, ya que se dificulta la disponibilidad de recursos para el mantenimiento a embarcaciones, pago a las tripulaciones y de fletes, así como a la movilización de buques petroleros en sí. Adicionalmente, los navieros evitan transportar el petróleo venezolano por temor a ser sancionados y perder la cobertura del seguro en sus embarcaciones.

Hoy a la luz de estos hechos, las sanciones han influido en la capacidad para generar la oferta que normalmente requería Petrocaribe, especialmente en lo relacionado con las operaciones de producción y refinación en nuestro país, para la provisión de crudo liviano y mediano, así como en las operaciones de refinación además de las implicaciones por la indisponibilidad de mecanismos financieros para poder concretar y recibir pagos desde los proveedores y suplidores.

Las empresas mixtas de Petrocaribe apoyan en la planificación, organización y desarrollo conjunto de capacidades de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de combustibles. Por otra parte, apoyan en el desarrollo de gestión social y participación en los planes nacionales de desarrollo de los países.

Petrocaribe transcendió la actividad energética para abordar dimensiones en lo financiero, lo político, lo alimentario, lo económico, lo humano, sentó una nueva base de inversión y justicia social e integración regional como expresión de la diplomacia de los pueblos.