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Directv violenta legislación venezolana

Cada día es más evidente la influencia de las sanciones unilaterales y coercitivas que impone Estados Unidos en la cotidianidad de cada venezolano. El objetivo, ejercer presión para derrocar al Gobierno y reincorporar a Venezuela en su área de control geopolítico en la región latinoamericana. La madrugada de este martes, el retiro de la operadora de televisión por suscripción, Directv, se sumó a las acciones que se emprenden en el contexto de estas sanciones.

AT&T INC. Dueña de Directv, es una transnacional estadounidense de telecomunicaciones, recordada en América Latina por su participación en el financiamiento del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende en Chile. Según la abogada constitucionalista, María Alejandra Díaz, «en el reparto que se había hecho de Venezuela, AT&T se quedaba con el dominio de todas las telecomunicaciones venezolanas», dijo respecto a los acuerdos de la dirigencia opositora del país con sectores extranjeros.

Según informó la cadena AP, en diciembre de 2019 funcionarios del departamento de Estado norteamericano, se reunieron con representantes de AT&T para solicitarles que ayudaran a frenar la «maquinaria propagandística de Maduro”, en referencia al presidente venezolano.

Hinterlaces.net le ofrece algunas claves para comprender, por qué la medida tomada de manera unilateral por parte de AT&T, no solamente es una agresión contra el pueblo venezolano, sino que además violenta el contexto jurídico nacional e internacional en materia de telecomunicaciones.

Contexto jurídico

El argumento de AT&T para cesar de manera unilateral sus funciones en Venezuela, obedece a «la imposibilidad» de cumplir con legislaciones de ambos países, «las sanciones del gobierno de Estados Unidos a Venezuela han prohibido la transmisión de los canales Globovisión y Pdvsa, los cuales son obligatorios bajo la licencia de Directv para proporcionar el servicio de televisión de pago en Venezuela”, explica el breve documento.

Se refiere a la Orden Ejecutiva número 13.850 de EEUU, con la que se impide a entidades estadounidenses hacer negocios con el Estado Venezolano y con sancionados en el país, como son Pdvsa tv y Globovisión.

Comunicado emitido por Directv Venezuela a través de sus redes sociales

En el capítulo III de la Ley de responsabilidad Social en Radio y Televisión, artículo 11, numeral 4, se establece que, «Los prestadores de servicio de difusión por suscripción deberán garantizar a los usuarios y usuarias el acceso gratuito a los servicios de televisión que determine el Estado, en el ámbito de su cobertura, sean éstos de carácter nacional o de producción internacional audiovisual en los que tenga participación o interés el Estado. Esta obligación aplica para servicios de televisión de señal abierta y para servicios de televisión que se difundan solo a través de un servicio de televisión por suscripción, reservándose el Estado hasta el diez por ciento (10%), de la totalidad de los canales de los servicios de televisión y radio que se difundan a través de los servicios de difusión por suscripción»

El cese de la operadora ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando Globovisión y PDVSA Tv dejaron de ser transmitidos, luego fueron afectados todos los canales nacionales y finalmente toda la programación. Esto ocurrió sin notificación previa al equipo Directv en Venezuela.

En la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en su título II, capítulo I se delimitan los deberes y derechos de los usuarios; el artículo 12, numeral 11 estipula que los usuarios tienen derecho a «que se le haga conocer previamente y en forma adecuada la suspensión, restricción o eliminación de los servicios de telecomunicaciones que haya contratado, expresando las causas de tales medidas». Con esta acción, Directv violenta no solo este derecho de los usuarios, sino también los deberes de los prestadores de servicios, contemplados en esta Ley.

María Alejandra Díaz consideró que además, la transnacional viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al cercenar el derecho a la libertad de expresión, de comunicación, al acceso a la información, pero «también viola el contrato privado que firmó con el Estado venezolano y el Código Civil en el incumplimiento de las obligaciones con cada uno de los suscriptores, usuarias y usuarios».

Lo más grave es que alrededor de 600 trabajadores dependientes de la multinacional en el país, fueron liquidados en horas de la mañana sin recibir ninguna explicación, con lo que se viola Ley Orgánica del Trabajo y el decreto presidencial que prohíbe específicamente los despidos durante la emergencia provocada por el Covid-19.

El ámbito político

«Los argumentos son bastante infantiles porque las  medidas coercitivas están vigentes desde hace unos 7 años y ahora es cuando ellos dicen que tienen imposibilidad de cumplir con la Ley interna y las medidas coercitivas y que se decantan por cumplir con el gobierno de Estados Unidos. La orden es dejarnos ciegos, sordos y mudos, sobre todo a través del silencio a los canales nacionales», añade María Alejandra Díaz, respecto a la justificación que ofreció Directv a través de sus redes

Sin embargo, Díaz refirió que es un hecho curioso que ésto ocurra «en el momento en que suben las tensiones al máximo ya no solamente entre Venezuela y Estados Unidos, sino con Irán por el traslado de gasolina y el catalítico para fabricar gasolina en el país de la crisis en este ámbito».

Algunas especulaciones en redes sociales, apuntan a que Directv proveerá servicios a usuarios en Venezuela desde Colombia, desde donde emitirá la señal de canales colombianos y evitará cumplir con la legislación venezolana. El transcurso de los días aportará más claves respecto al rumbo de este nuevo expediente en el acecho contra la nación.

Jessica Sosa