Ley Bolívar
EE.UU. y la Ley Bolívar: La fiesta de los roedores
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Los roedores suelen apiñarse cuando hace frío. Por el contrario, en momentos de calor o cuando sube la temperatura, tienden a separarse.


Así actúan sobre asuntos venezolanos algunos congresistas estadounidenses como Michael Waltz
quien el 28 de enero pasado presentó la Ley bipartidista de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con Régimen Autoritario Ilegítimo, o la Ley BOLÍVAR, que prohibirá al gobierno contratar a personas que tengan operaciones comerciales con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, incluidas las farmacéuticas productoras de las vacunas contra el Covid-19.


Waltz hace parte de un grupo de congresistas que heredó las formas políticas de Trump y presenta este proyecto de ley con respaldo demócrata que pretende secuestrar hasta la salud de los venezolanos.

Las sanciones que aplica Estados Unidos contra Venezuela tienen efecto extraterritorial, al castigar no solo al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino también a todos aquellos que proveen ayuda financiera, tecnológica o de otro tipo. Estados Unidos con su postura abre un frente de disputa con China y Rusia a los que muestra como principales aliados de Venezuela y avanza contra cualquier empresa que invierta o pretenda invertir en el país.

Echar abajo a Bolívar usando su nombre y jerarquía


«La esperanza de que los proyectos de Bolívar están ahora definitivamente destruidos, es una de las más consoladoras […]. Los Estados Unidos se ven aliviados de un enemigo peligroso en el futuro […] si hubiera triunfado estoy persuadido de que habríamos sufrido su animosidad».

Esto se lee en la correspondencia del cónsul estadounidense William Tudor con el Departamento de Estado de Estados Unidos en el año 1827. El sueño de la América Unida de Bolívar les sigue pegando donde les duele. En nuestros días,
El imperialismo usa las formas de la izquierda progresista para colar sus propias representaciones y vender al mundo las recetas esclavistas con el nombre del Libertador.

La aplicación de esas recetas han demostrado efectos contraproducentes: en el caso de Cuba, las leyes Torricelli y Helms-Burton, que extienden las sanciones a terceros países, han sido rechazadas por la UE, Canadá y otros y la Asamblea General de Naciones Unidas condena cada año el bloqueo unilateral de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas.

En el caso de Venezuela, al ser un exportador de petróleo, la situación toma un plan de trabajo diferente pero el motivo es el mismo: forzar desde fuera un cambio del «régimen de Maduro» adjudicándole el carácter de “ilegítimo” porque no cede en soberanía ni poder político. La coacción ha sido un instrumento al que recurre EE.UU. contra Gobiernos que no le convienen y en el caso de Venezuela se conoce que una intervención militar sería demasiado costosa.

El congresista Waltz con la propuesta de la Ley Bolívar refuerza esa postura geopolítica expansionista que tanto daño hace a la nación.

En Estados Unidos lo saben: en mayo 2019 el centro de investigación estadounidense Center for Economic and Policy Research (CEPR) publicó un informe, a cargo de los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, que indica que el bloqueo ha provocado unas 40 mil muertes en Venezuela entre 2017 y 2018, debido a los obstáculos generados a la importación de medicinas y otros bienes básicos y necesarios para la vida de la población.

En agosto de 2018, el experto independiente de la Organización de Naciones Unidas, Alfred de Zayas, publicó un informe que registra el impacto del bloqueo sobre la población venezolana. De allí, resaltamos su frase: “Las sanciones económicas que afectan a poblaciones inocentes contravienen el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas”.

La agencia de noticias Bloomberg por estos días informa que Chevron de capitales estadounidenses le pide al Presidente Joe Biden «menos sanciones» para Pdvsa con el objetivo de generar buena voluntad, imprescindible para hacer negocios, y recordar a los funcionarios estadounidenses su compromiso de permanecer con sus operaciones en Venezuela.

Ante el frío panorama económico en Estados Unidos, con números récords de contagios por COVID-19 y las altas cifras de desempleo, los roedores se apiñan, se reagrupan para actuar en manada. Chevron tiene una licencia que le permite tener operaciones en el país hasta el mes de junio de 2021, licencia que espera que el gobierno de Estados Unidos le extienda por más tiempo, como lo ha hecho en reiteradas oportunidades.

Marcela Heredia