Contrato Guaidó
Contrato firmado por Guaidó

El contrato para invadir militarmente a Venezuela, es el hijo no reconocido producto de una orgía de sedición, cuyos padres intentan desconocer. Sólo el venezolano Juan José Rendón, sin nada que perder, exhibe con orgullo su ADN. También lo hace el contratista, Jordan Goudreau, entre otras cosas, porque no recibió el pago acordado.

En la historia de Venezuela, la sedición no es un elemento novedoso. Tampoco la injerencia estadounidense. Sin embargo, el acuerdo con la contratista estadounidense Silvercorp, propiedad de Goudreau, marca un hito en este tipo de prácticas. «Es primera vez que un grupo político que busca el poder ha llegado a tales niveles de perversión; el precedente más cercano es el decreto Carmona (2002), aunque ese decreto palidece frente a éste documento», afirma el viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores William Castillo.

Entre otras cosas, el contrato incluye, no solo la violación de la soberanía en el territorio y la persecución y asesinato de líderes nacionales, además establece que el personal que ejecuta la operación, puede «detener y registrar a civiles cuando exista una creencia razonable de que la persona pertenece a una de las siguientes categorías: (1) está o está involucrada en actividades delictivas; (2) interfiere con el logro de la misión; (3) está en una lista de personas buscadas para ser interrogadas por acciones delictivas o amenazas a la seguridad; o (4) Estos requisitos previos no limitan el derecho inherente a la autodefensa. Las Fuerzas de Venezuela siempre pueden usar la fuerza, hasta e incluyendo la fuerza mortal, para neutralizar y / o detener a personas que cometen actos hostiles«.

Signatarios del contrato de agresión contra Venezuela firmado por el diputado Guaidó

«Dentro de un deslumbrante rascacielos de Miami, representantes de la oposición venezolana se sentaron en un salón adornado con espadas samurái a escuchar una propuesta. Habían sido designados por el líder de la oposición Juan Guaidó para explorar todas las opciones posibles en su misión —respaldada por los Estados Unidos— de derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En aquella tarde del pasado mes de septiembre, en la costa de la bahía Vizcaína, un ex boina verde estadounidense les ofreció una respuesta: la operación Resolución», reza un artículo de The Washington Post titulado «De Miami a Venezuela: así falló el plaqn de capturar a Maduro», donde se revelan detalles de los encuentros y negociaciones que derivaron en el contrato, el ex boina verde, es obviamente Goudreau».

Hinterlaces.net entrevistó al viceministro Castillo y a la abogada especialista en Derecho Público y Derechos Fundamentales, Ana Cristina Bracho, para comprender las dimensiones políticas y jurídicas de este documento y el camino que abre Venezuela para acceder a la justicia en el contexto del derecho internacional.

Delitos contemplados y delitos inéditos

Castillo consideró que el documento abre un debate jurídico, más allá del político, muy interesante pues se está por determinar la cantidad de delitos que en él se establecen y que atentan contra la economía, la sociedad, los derechos humanos, el territorio y la soberanía, «¿cuántas violaciones a la carta de las Naciones Unidas, a la Constitución venezolana, al Código Penal y leyes que protegen nuestros activos y nuestro territorio sobrepasan los tipos penales contemplados en nuestras leyes? «, se preguntó el alto funcionario y advirtió que el instrumento debe ser objeto de estudio del Tribunal Supremo de Justicia, pues podrían existir categorías penales que aún no están definidas en el contexto jurídico nacional.

«El primer delito que a uno se le viene a la mente es traición a la patria, y ¿cómo se define?¿cuánto abarca traición a la patria? ¿Qué significa en ese contrato vender la patria, franquiciarla? se preguntó Castillo.

Apartado del contrato que implica la ejecución de «una operación para capturar / detener /
eliminar» al presidente Nicolás Maduro

Por Su parte, Ana Cristina Bracho precisó que los delitos que se declaran en el contrato con Silvercorp, atañen a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, «porque tenemos unas personas que se ponen de acuerdo con fines ilegales, anti jurídicos que pretenden llevar a cabo dentro del país. Fundamentalmente vamos a ver allí que se configuran delitos contra la independencia y la seguridad de la nación, como están consagrados en el Código Penal. También hay delitos de orden militar, porque hay una autorización para que personas que no forman parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realicen actuaciones militares, policiales e incluso porten los uniformes».

Al ser consultados sobre el anuncio de Venezuela de acudir a instancias internacionales como el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas y ampliar la denuncia contra Estados Unidos que existe ya ante la Corte Penal Internacional, Bracho manifestó que la ONU contempla la prohibición expresa a destinar recursos para la guerra, y el Estatuto de Roma contempla la agresión a un Estado como parte de los delitos que condena. «Hay varios permisos que se daban estas personas en este contrato que constituyen delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra», complementó.

Según la resolución 57/196 de la ONU, se condena «a todos los estados que permiten o toleran el reclutamiento, la financiación, la concentración, el tránsito y la utilización de mercenarios con el objetivo de derrocar a los gobiernos de Estados miembros de Naciones Unidas», reseña en su columna de opinión el articulista Leopoldo Puchi.

Extradición y negociación

Otro tema en este entramado, es la solicitud de extradición de quienes ejecutaron la firma del contrato y las operaciones siguientes contra Venezuela, vale decir, Jordan Goudreau, Juan José Rendón (asesor de Guaidó) y Sergio Vergara (hombre de confianza de Guaidó), que junto con otras 22 personas que participaron en el diseño, financiamiento y ejecución de esta agresión contra el país, recibieron orden de aprehensión. «En vista de que se encuentran fuera del país, solicitaremos su inclusión con alerta roja en el sistema de Interpol, así como su extradición a territorio venezolano«, pronunció el fiscal general de la República, Tarek Willliam Saab.

Bracho recalcó que a la extradición es un procedimiento típico dentro del derecho internacional, que tiene como objetivo traer a un país a una persona que está inmersa en la comisión de un delito, bien sea que se cometa en el espacio geográfico de la República o que implique una lesión, un daño para venezolanos o que fue cometido por venezolanos.

Dado que el objetivo primario del contrato era producir la eliminación “asesinato de autoridades de la revolución y de cualquier persona que se oponga a la acción de la invasión, allí es evidente que la extradición es una medida típica, necesaria y que en el marco de la  cooperación internacional nosotros deberíamos ver una negociación en tanto Estados Unidos puede manifestar su interés, de hecho ya lo vemos en el caso de los estadounidenses capturados en Venezuela; ya ellos hablan de la existencia de juicios allá, eso es alegando la cooperación judicial internacional que tiene esa figura, la de la extradición», aclaró.

Los medios en la jugada

Consultamos con el viceministro de Comunicación Internacional, William Castillo sobre el rol de los medios de comunicación, que tradicionalmente participan en el cerco contra Venezuela y que victimizan a los mercenarios y deshechan las pruebas presentadas por el país respecto al tema. Enfatizó que «no es el Gobierno venezolano el que tiene que demostrar que existe un contrato, es quienes lo firmaron quienes tienen que demostrar que no lo hicieron».

Resaltó que ante este tipo de situaciones, los medios actúan para invertir la realidad. «Es un hecho que el señor Goudreau confirmó que hubo un contrato, es un hecho que el señor J.J Rendón confirmó que hay un contrato y que lo firmaron, es un hecho que se reunieron, es un hecho que hay una grabación, que fueron capturados dos mercenarios norteamericanos y varios venezolanos que certifican que trabajaron en Colombia, que fueron contratados por Goudreau, que fueron llevados a una operación militar, que entrenaron a unos militares bajo la protección de narcotraficantes y del gobierno de Colombia y es un hecho que el señor Goudreau y su empresa brinda servicios de seguridad a Donald Trump. Están los videos, los documentos, las declaraciones. Los medios que han atacado a Venezuela, que tienen una campaña contra el país, intentan ahora torcer la realidad poniendo a la nación a explicar unas pruebas que Venezuela no las puso, Venezuela las obtuvo», sentenció.

El padre ausente

Como el padre que niega a su hijo, el diputado venezolano Juan Guaidó niega todo vínculo con el contrato y las acciones que de él se derivan. Videos, pruebas grafológicas, testimonios de los implicados lo confirman, no obstante, el parlamentario insiste en su inocencia, en que las incursiones de mercenarios han sido una «olla», pero pide al Gobierno por los derechos humanos de los incursores y asegura que los infiltraron.

Nervioso, en medio de contradicciones y señalamientos de varios de sus partidarios, Guaidó emitió un discurso que deja muchas preguntas a la opinión pública nacional.

Entretanto, la oposición se divide entre quienes rechazan la aventura violenta, y ratifican que su lucha por construir una alternativa es a través de los mecanismos democráticos, quienes apoyan a Guaidó y el aparataje tras él, protagonizado por EEUU y quienes lo apoyan pero critican las estrategias.

En todo caso, algunas voces se hicieron visibles en redes sociales para reflejar las contradicciones internas. «Azar sin plataforma, trato de piratas, divorcio de la realidad, desdén de los colegas de la dirigencia, el bochorno de Macuto y Chuao obliga al liderazgo de la oposición a una mudanza de dirección», escribió en un reciente artículo de opinión el profesor universitario Elías Pino, quien también expresó su parecer respecto al discurso de Guaidó

Otros, prefieren achacar la paternidad solo a Rendón, para seguir intentando lavar la imagen del parlamentario.

Lo cierto en medio de todo el panorama, es que Guaidó, que inició 2019 con fuerza, apoyo internacional provisto por Estados Unidos y la esperanza aglutinada en las bases opositoras, queda desarmado y con poca capacidad de maniobra ante la larga lista de errores recurrentes.

Jessica Sosa