Guaidó negocio
Guaidó y el negocio redondo de la ayuda humanitaria

De los diversos negocios de la oposición extremista venezolana liderada por Juan Guaidó, la «ayuda humanitaria» es la narrativa más lucrativa. En su nombre se intentan incursiones militares, se reciben donaciones, se confiscan activos nacionales en el exterior y hasta se dan conciertos. Todo bajo la supuesta atención a los venezolanos necesitados o emigrantes.

En el caso de la emigración la fórmula es clara: más emigrantes más dólares. La ecuación resulta ahora rentable también a la inversa. Por ello se crean nuevos fondos para la supuesta atención a las venezolanas y venezolanos que regresan al país huyendo del Covid, la xenofobia, la discriminación y la situación económica de los países del Grupo de Lima.

En Febrero de este año, según un informe divulgado por el Departamento de Estado se conoció que el gobierno de Estados Unidos ha destinado más de 656 millones de dólares desde el 2017 a la “asistencia humanitaria” para Venezuela.

Las nuevas fachadas

El «gobierno interino» ha reiterado que los recursos de la «ayuda humanitaria» se distribuyen principalmente a través de organizaciones no gubernamentales. La conformación de asociaciones u organizaciones no gubernamentales administradas por el liderazgo opositor,  familiares o amistades, para la atención al emigrante venezolano fue y sigue siendo un negocio rentable. Como parte de la emigración inducida, en el contexto del bloqueo impulsado por el gobierno de Estados Unidos, surgieron organizaciones para asesoría, coaching, ayuda con los papeles, gestiones de traslado para personas y animales de compañía,  orientación laboral, atención social, etc.

Una de las principales financistas de las organizaciones involucradas en la fachada de la «ayuda humanitaria» venezolana, es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID). En su  informe correspondiente al año fiscal 2019, se establece un incremento de más de 120,2 millones de dólares adicionales para «la respuesta a la crisis en la región causada por la migración venezolana».

Tanto  la Oficina de Alimentos para la Paz (FFP) y la Oficina de Ayuda Extranjera en Desastres (OFDA), ambas de la USAID admiten que apoyan conjuntamente a dos organizaciones no gubernamentales (Ongs) en Perú para «brindar asistencia humanitaria multisectorial a los venezolanos vulnerables».

Una de esas ong es la Unión Venezolana en Perú del dirigente de Alianza Bravo Pueblo y prófugo Oscar Pérez.  Éste político opositor tiene innumerables denuncias por malversación de fondos.  En la actualidad, políticos y medios peruanos lo increpan por sus declaraciones en las que incita a los venezolanos  a salir a la calle y al saqueo ante la falta de comida y apoyo en medio del Covid. La exportación del odio como política hoy se devuelve y los más afectados son los migrantes humildes que han sido desalojados sin contemplación de sus alojamientos.

En el marco de la piñata regional para la «ayuda humanitaria», el gobierno de Canadá ofreció en 2019  US$40 millones para sus aliados del Grupo de Lima. Por su parte Estados Unidos proporcionó cerca de US$61 millones en «asistencia humanitaria adicional» para apoyar la respuesta regional a «los 3,4 millones de venezolanos que han huido de la crisis provocada por las acciones del régimen». Lo anterior significo casi US$26 millones en «asistencia humanitaria» a los venezolanos vulnerables en Perú.

En el reparto del Cartel de Lima, el gobierno colombiano es sin duda el más beneficiado con la narrativa de «ayuda humanitaria», que en este caso encubre y financia la preparación de grupos paramilitares y las operaciones de incursión al territorio venezolano.  En Septiembre del 2019 la Unión Europea  otorgó una nuevo aporte al gobierno colombiano por  30 millones de euros (33 millones de dólares)  para ayudar al país andino a lidiar con la «afluencia de migrantes venezolanos que huyen de las luchas económicas y políticas en su país».

Esto luego del fracaso de la llamada Operación Cúcuta, que tuvo como antesala el «Gran Concierto Por la Paz» que recaudo  2,5 millones de dólares. La operación sumo algunos militares venezolanos que quedarían abandonas a su suerte al fracasar la acción. La parte operativa estuvo bajo responsabilidad de los ex diputados José  Manuel Olivares de Primero Justicia y Gaby Arellano de Voluntad Popular. Posteriormente, Guaidó autoriza a Rossana Barrera y Kevin Rojas, ambos militantes de Voluntad Popular (VP), para administrar la atención, logística y seguridad de los “ciudadanos venezolanos, civiles y militares, que ingresan a territorio colombiano, buscando ayuda y refugio”.

Barrera, es cuñada del diputado de VP Sergio Vergara, mano derecha de Guaidó, quien también suscribe el contrato para la Operación Gedeón, incursión militar que también fracaso. Pronto comenzaron las denuncias por sobreprecio, doble facturación, hoteles de lujo, bares, prostitutas, compras de carros y apartamentos, lo que obligó al ex embajador de Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, a colocar una denuncia ante la Fiscalía Colombiana.

Para la distribución de la «ayuda humanitaria» ubicada en un centro de acopio en Cúcuta, el «gobierno» de Guaidó anuncia la creación de una Red de Voluntarios. Nace VoluntariosXVenezuela, cuya página web esta tan desactualizada, que en sus noticias principales aparece la juramentación el año pasado del equipo en Yaracuy, a cargo del diputado Luis Parra, hoy Presidente de la Asamblea Nacional y líder de los diputados de oposición que enfrentan a Guaidó.

El COVID-19 amplía el mercado

El Covid es un extraordinario escenario para diversificar el negocio de  la «ayuda humanitaria». Venezuela es el único país en el mundo que en medio de la pandemia está recibiendo connacionales que regresan incluso a pie, de Perú, Ecuador, Chile, entre otros países. Hasta la fecha más de 70 mil venezolanos han ingresado  por las fronteras de Colombia y Brasil.

A pesar del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, el país es reconocido por la Organización Mundial de la Salud por la atención gratuita y de calidad, en la realización de las pruebas, medicamentos y hospitalización a las personas contagiadas, con una de las cifras más bajas de la región. En contraste el «gobierno» de Guaidó, anunció la creación de un Fondo de Liberación con el apoyo de la OFAC y la OEA por 80 millones de dólares y el «rescate» de activos venezolanos en el exterior por unos  15 millones de dólares para continuar con «la ayuda humanitaria» y ahora la lucha contra la pandemia.

Miles de venezolanos regresan al país sin ningún tipo de apoyo, con la única esperanza de volver a su patria «donde todo el mundo ayuda» e inmediatamente son incorporados al Sistema de Protección Social. Las organizaciones creadas en Perú, Ecuador y sobretodo en Colombia y Venezuela por centenares, nunca aparecieron.  Sin embargo permanecen activas en redes sociales.

En Marzo de este año desde la página de facebook de Voluntad Popular Colombia, (Partido de Guaidó en Venezuela)  se anuncia en un video la conformación de una plataforma de más de 100 organizaciones en Colombia «para la atención de los venezolanos necesitados ante la compleja situación de la pandemia». Bajo el nombre de Gran Acuerdo Venezuela, la nueva alianza solicita donaciones en efectivo para adquirir y entregar mercados solidarios, kits de aseo, pañales, fórmulas para bebés, y en algunos casos medicamentos.

Si bien la cobertura mediática no es ni la sombra de todas las operaciones de información que motivaron la emigración inducida, y durante la cual las ayudas millonarias crecieron exponencialmente a la par de la falsificación de las cifras de emigrantes, el regreso de las y los connacionales, acapara algunos titulares. El retorno de quienes antes del COVID ya sufrían el impacto de los gobiernos neoliberales, obtiene algunas primeras planas de medios digitales vinculados con el interinato o grupos que lo apoyan. Pero nada más lejos del altruismo. En declaración del Centro de Comunicación Nacional sobre los 340 millones de dólares del caso de Citibank,  se distribuirán inicialmente 35,9 millones de dólares para «atención humanitaria» y  5,5 millones para el fortalecimiento de las comunicaciones.

En medio de cifras record, que pasan los 80 mil contagios diarios, Estados Unidos anuncia en mayo, 200 millones de dólares más para «la ayuda humanitaria» a Venezuela. Hace días Trump declaro: «Algo pasará en Venezuela y estaremos involucrados». La «ayuda humanitaria» se mantendrá como la gran fachada de operaciones encubiertas y un negocio en auge.

Anahí Arizmendi