Dos barcos griegos cargados con combustible para Venezuela, debieron desviar su ruta debido a amenazas de sanciones por parte de Estados Unidos. Los buques iraníes que ingresaron con gasolina importada al país en el mes de mayo, lo hicieron en medio de declaraciones amenazantes por parte de voceros de la Casa Blanca.
El bloqueo naval que en tantas ocasiones se ha mencionado como paso siguiente en la escalada de agresiones contra Venezuela, emprendida a través del paquete de sanciones por parte de Estados Unidos y sus aliados, es un hecho, aunque no se haya anunciado de manera formal. Así consta según la investigación de la Organización No Gubernamental venezolana Sures, publicada en su revista Inusual y Extraordinaria, en que se ofrecen detalles respecto a los avances del bloqueo estadounidense.
Según la publicación más reciente, titulada «El bloqueo mata», las últimas medidas coercitivas y unilaterales dictadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac), dependencia del departamento del Tesoro estadounidense, en la práctica han tenido los mismos resultados que el bloqueo naval, «Esto es, el gobierno de EEUU comenzó en 2019 un bloqueo marítimo a través de la aplicación de sanciones a las empresas navieras y buques, tanto públicos como privados que transportan bienes a nuestro país«, se lee en el informe de Sures.
A continuación, algunas de las más recientes imposiciones de EEUU orientadas a este fin, recogidas por la ONG nacional.
- El 5 de abril de 2019 se dicta una primera medida de carácter formal contra dos buques que operan en el sector petrolero de la economía venezolana, de conformidad con la Orden ejecutiva 13850.
- El 12 de abril de 2019 fueron sancionadas 4 compañías que operan en el sector petrolero de la economía venezolana e identificó 9 buques como propiedad bloqueada de esas empresas.
- La Orden Ejecutiva del 5 de agosto de 2019 prohíbe el comercio marítimo de petróleo venezolano y reitera las restricciones aplicadas contra Pdvsa.
- El 3 de diciembre de 2019 se establecen restricciones contra 6 buques relacionados con Pdvsa.
Para Sures, este tipo de acciones cumple una función de intimidación o disuasión contra las empresas que piensen comercializar con Venezuela, pues se les envía un claro mensaje, de que serán objeto de sanciones.
En este contexto, también juega un rol importante el despliegue de buques de guerra por el mar Caribe, tras declarar al presidente Venezolano, Nicolás Maduro y varios dirigentes del Gobierno venezolano como narcotraficantes. La lucha contra tráfico de drogas es la fachada para mantener las flotas en la fachada marítima de Venezuela, así como las tropas que ingresaron de manera reciente a Colombia.
Medidas contra Venezuela
Según el informe de la organización Sures, desde 2014 EEUU ha aplicado 58 medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, 8 la Unión Europea, 5 Canadá y 2 el Grupo de Lima, Panamá y Reino Unido, 1 Suiza.
En el contexto de las sanciones emprendidas por Estados Unidos, 49 han sido actos administrativos de la Ofac, 7 órdenes ejecutivas dictadas por el presidente de Estados Unidos, y dos leyes del congreso. Así las cosas, han sido sancionados 52 buques, la mayoría de ellos propiedad de Pdvsa, utilizados para el transporte de hidrocarburos, 56 aviones, en su mayoría de Conviasa, así como a 118 empresas privadas y públicas.
Para dar contexto a estos datos, Hinterlaces.net entrevistó a María Lucrecia Hernández, directora general de Sures, quien ofreció detalles de las investigaciones que hasta la fecha ha adelantado la ONG.
La nueva revista “Inusual y extraordinaria” asegura desde su portada que “el bloqueo mata”, ¿sobre qué bases se sustenta esta afirmación?
Lo primero que tenemos que recordar es que el principal bien bloqueado a través de las acciones del gobierno de Estados Unidos es la empresa estatal Petróleos de Venezuela, que es la responsable en el país, de producir más del 95% de las divisas que requiere el Estado para la inversión social, es decir, para mantener centros hospitalarios, para comprar insumos para la salud, para la dotación de medicamentos de alto costo, o los programas de alimentación.
Todo el ingreso petrolero se ha visto afectado de brutal, a partir de 2014 que se aplica la primera medida bajo la administración del presidente Obama, con la Ley Pública Nº 113-278 dictada por el Congreso de los Estados Unidos titulada “Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil”.
Cómo ya lo señalamos en el Nº 4 de nuestra revista Inusual y Extraordinaria, el impacto hacia el futuro puede ser aún más grave, afectando los indicadores de nutrición y salud, que hoy ya se observan claramente afectados. Estas medidas coercitivas, han causado una enorme calamidad para la población civil de Venezuela y han contribuido a aumentos muy importantes en la mortalidad de niños, niñas y adultos, así como han afectado negativamente a una gama de otros derechos humanos.
El bloqueo económico constituye una grave y masiva violación a los derechos humanos, que ha causado directamente grandes sufrimientos a la población venezolana, y han generado decenas de miles muertes, innumerables afecciones a la salud e incrementado las discapacidades. El relator especial de las Naciones Unidas, Alfred De Zayas señala, en una entrevista reseñada en nuestra revista, que los países que están bloqueados enfrentan un mayor riesgo de mortalidad ante la pandemia de la Covid-19, como es el caso de Irán, Cuba o Venezuela, ya que al no poder recibir los medicamentos o las pruebas para realizar los diagnósticos, están más expuestos al contagio y a frenar la pandemia.
¿Cómo ha avanzado el bloqueo contra Venezuela desde el punto de vista de la violación de derechos humanos?
El bloqueo en Venezuela ha ido adoptando medidas bien precisas en función a una planificación perfectamente diseñada, que intenta cercar y ahogar la entrada de divisas, alimentos y medicamentos al país. Para ello, primero fueron contra PDVSA, luego a través de medidas más o menos “desorganizadas” obstaculizaron transacciones comerciales concretas de alimentos o medicinas, para luego adoptar acciones más amplias y organizadas contra las aeronaves de la empresa estatal aérea Conviasa o los buques pertenecientes a PDVSA, como también contra toda embarcación que exportara hacia Venezuela algún bien.
Amén de constituir una grave violación a los derechos humanos, en tiempos de pandemia, este bloqueo aéreo y naval, adquiere características aún más graves, ya que dificultan el acceso rápido a los insumos necesarios para atender a la población, como también genera demoras y dificultades para en los vuelos humanitarios del programa “Vuelta a la Patria”.
Además, estos son momentos en que el Estado y la sociedad venezolana deben contar con todos los recursos públicos a su disposición para prevenir y atender esta enfermedad, y contar con los más de 7.000 millones de euros que tiene retenidos en bancos privados norteamericanos, europeos y asiáticos; o con el oro depositado en el Banco de Inglaterra.
¿Se puede seguir diciendo que las medidas coercitivas son solamente para el Gobierno del presidente Maduro?
Este tema precisamente es un punto que algunos países e instancias internacionales han tratado de instalar mediáticamente, es decir han sostenido un discurso público de que las medidas solo se han aplicado para “sancionar funcionarios corruptos”, o a los altos cargos del gobierno encabezado por el Presidente Nicolás Maduro. Ha sido utilizado este discurso, como un mecanismo para que las personas, que realmente se han visto afectadas en sus derechos por los alcances de las medidas, no relacionen este cambio en sus vidas, con las verdaderas implicaciones de las medidas coercitivas dictadas.
En este sentido, de nuestro registro informado en nuestra última revista Inusual y Extraordinaria, describimos que se han impuesto restricciones a 118 empresas (muchas de las cuales no tienen sede en el país, ni sus dueños son venezolanos), 52 buques y 65 aeronaves. Igualmente se han aplicado “sanciones” a personas, pero la mayoría de ellas no son funcionarios públicos del gobierno bolivariano, sino empresarios, algunos de los cuales son nacionales pero también hay varios extranjeros.
¿Cree que es posible que avance la denuncia interpuesta por Venezuela ante la Corte Penal Internacional?
Tanto el gobierno nacional, como muchas organizaciones de derechos humanos, trabajamos para que el sistema multilateral funcione, y venimos apostando por esta vía tanto para el desarrollo de normas de derechos humanos, como para dirimir conflictos entre los Estados, los otros actores que violan los derechos humanos y los pueblos o ciudadanos víctimas de esas violaciones. Sin embargo, somos también conscientes que Venezuela se está enfrentando a un actor muy poderoso, como es el gobierno de Estados Unidos, como debemos recordar les retiro las visas a los jueves de esta misma Corte Penal Internacional, hace poco tiempo.
A pesar de ello, también hemos revisado la demanda que se presentó y allí hay pruebas muy concretas y contundentes, de cómo las decisiones en materia de aplicación de medidas coercitivas unilaterales de los dos últimos presidentes de EE.UU. han afectado de manera directa al pueblo venezolano, y eso es muy difícil de rebatir. En ese sentido, Sures, como organización de derechos humanos, en los próximos días estaremos presentando pruebas a la Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre el impacto del bloqueo en el derecho a la salud y la alimentación del pueblo venezolano.
Jessica Sosa
