Desde el año 2014, Estados Unidos ha emprendido «más de 300 medidas unilaterales para afectar el funcionamiento de la economía y menoscabar los derechos humanos del pueblo venezolano», sostuvo el canciller venezolano Jorge Arreaza durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, este martes 25 de febrero.

Un estudio del Centro de Investigación Política y Económica, concluyó que entre 2017 y 2018 solamente, fallecieron unas 40 mil personas, como consecuencia de las limitaciones que el bloqueo norteamericano ha producido, específicamente en el acceso a medicinas y alimentos para la población.

Ante la reciente denuncia que Venezuela hizo sobre estos crímenes, ante la Corte Penal Internacional y el discurso del canciller Arreaza ante la ONU, Hinterlaces.net entrevistó a María Lucrecia Hernández, abogada, activista en materia de derechos humanos y directora de la Organización No Gubernamental Sures, desde donde se han llevado importantes investigaciones respecto al impacto de las sanciones norteamericanas sobre el país.

La abogada y activista en materia de Derechos Humanos, María Lucrecia Hernández

1.- Hay toda una línea o tendencia a creer que las sanciones son sólo contra funcionarios del Gobierno venezolano, ¿es cierto?

De los registros que llevamos desde Sures, desde la primera medida coercitiva unilateral aplicada al país de carácter formal, es decir, a través de una ley, un reglamento o un acto administrativo, en diciembre del 2014 (Ley del Congreso de EE.UU. Nº 113-278) hasta la última el 7 de febrero de 2020 por parte de la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., hemos contabilizado que se han impuesto “sanciones” a 117 empresas públicas y privadas, tanto venezolanas como extranjeras; 52 buques y 33 aeronaves, que mantenían una relación comercial con Venezuela, o eran parte de empresas o flotas públicas del Estado venezolano.

Estas medidas han intentado, y en la práctica han logrado, obstaculizar el comercio de medicinas, insumos hospitalarios y alimentos hacia Venezuela, pero también han dificultado la exportación del crudo venezolano, necesario para producir las divisas que requiere el país para la inversión social. Como sabemos, Petróleos de Venezuela (PDVSA), “sancionada” desde el 2014, produce aproximadamente el 95% de las divisas destinadas al desarrollo socioeconómico del país.

Ahora bien, también hemos registrado que se han impuesto “sanciones” a un número importante de personas, venezolanas y extranjeras, pero en ninguno de los casos revisados, las medidas detallan las cuentas o activos que se le bloquean a estas personas, sino que sólo se mencionan que se les bloquearán sus cuentas. En este sentido, pareciera que estas medidas tienen como finalidad instalar, mediante un discurso negativo, estigmatizante, dirigido a la comunidad internacional y apoyados fundamentalmente por los medios de comunicación, sobre determinados ciudadanos y ciudadanas en Venezuela, algunos funcionarios públicos u otro no. 

2.- Venezuela acaba de introducir una acción ante la Corte Penal Internacional por el Bloqueo, ¿qué acciones se pueden emprender, desde el derecho internacional, para enfrentar estas sanciones?

Existen muchas instancias internacionales en las cuales se debe denunciar los efectos del bloqueo económico, financiero y comercial contra las personas que vivimos en nuestro país. Por ejemplo, una acción que creemos que debe realizarse, es la presentación de una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, donde ya existe jurisprudencia para este tipo de casos.

En el caso de las organizaciones de derechos, como Sures, hemos venido denunciando esta situación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde hace 3 años, como también ante la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de ONU, Michelle Bachelet. Sin embargo, estimamos que estas instancias si bien han tenido que reconocer la existencia del bloqueo, hasta la fecha no han procedido a rechazar ni sancionar el mismo de manera contundente. Por otro lado, hemos rebatido los informes de la Alta Comisionada en cuanto al inicio del bloqueo, ya que desde nuestra organización señalamos como su fecha de inicio, en diciembre de 2014, cuando se dicta la Ley del Congreso de EEUU Nº 113-278, y no desde 2017 como ha señalado en sus informes Bachelet.

Por último, distintas organizaciones de derechos humanos mantuvimos reuniones bilaterales y remitido informes temáticos, sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos humanos del pueblo venezolano, con los relatores especiales de las Naciones Unidas, como por ejemplo el de Pobreza Extrema o con el del derecho al Desarrollo, entre otros.

3.- Algunos expertos sugieren que la economía nacional está en tal situación, que parece producto de una guerra, ¿qué opina? ¿Es esto una guerra?

Desde Sures, hemos afirmado que desde que inició el bloqueo económico contra Venezuela, los indicadores socioeconómicos han sufrido una alteración significativa, impactando negativamente en la garantía de los derechos humanos de la población, particularmente en materia de vida, salud y alimentación. Muchas agencias del Sistema de Naciones Unidas han dado cuenta de ello.

Desde esta perspectiva, las estrategias utilizadas por el gobierno de EE.UU. y sus aliados, si bien no pueden decirse que se asimilan al concepto de guerra tradicional que hemos conocido hasta ahora, han generado efectos similares o análogos a las guerras convencionales. Para dar una idea, basta con mencionar un informe reciente de finales de 2019 del Centro de Investigación Política y Económica (CEPR por sus siglas en inglés), radicado en EEUU y realizado por un economista que ha sido asesor presidencial en varios gobiernos de ese país, estima que el número de muertes directamente asociados al bloque asciende alrededor de 40.000 personas en Venezuela, entre 2017 y 2018. Por eso insistimos, si bien no es un guerra armada, el bloqueo económico se parece bastante, al menos en sus efectos.

4.- ¿Qué opinión tiene del anuncio del diputado Juan Guaidó luego de su gira, al decir que vendrán nuevas sanciones polémicas, pero necesarias?

El diputado Juan Guaidó es un funcionario público del Estado venezolano, por lo tanto, sujeto a responsabilidad civil, administrativa y penal, de conformidad con lo establecido en la Constitución.

Desde esta perspectiva, es un hecho público, notorio y comunicacional que el señor Juan Guaidó ha promovido, solicitado e intervenido activamente  para que estados extranjeros se apliquen medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela. Desde Sures exigimos que las autoridades públicas inicien de oficio los procedimientos dirigidos a establecer las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar.

El informe del CEPR antes mencionado, señaló que «el reconocimiento por parte de la administración Trump de un gobierno paralelo en enero creó un nuevo conjunto de sanciones financieras y comerciales que son devastadoras para la economía y la población«. Según los autores del informe «estas nuevas restricciones hacen que sea mucho más difícil incluso pagar por los medicamentos y otras importaciones esenciales con las limitadas divisas disponibles».

5.- ¿Hay antecedentes de otro país en el mundo al que se haya aplicado una acción coercitiva como esta?

En este momento hay más de 40 países que son víctimas de medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de EE.UU.. Los daños a la vida y salud producto de estos bloqueos económicos son inestimables. Sin embargo, desde las organizaciones sociales, siguiendo la línea del Relator Especial de las Naciones Unidas, sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en los derechos humanos, Idriss Jazairy, creemos que es fundamental contabilizar los daños económicos y humanos a causa del bloqueo, con miras al resarcimiento de las víctimas.  

Así, desde las Naciones Unidas, se ha venido reiterando la necesidad que los países no apliquen medidas coercitivas unilaterales contra otros, ya que en todos los países los únicos afectados es la población civil, por lo que a través de distintas resoluciones se ha instado a su cese, por causar violaciones masivas a los derechos humanos y ser contrarias al derecho internacional y al principio de autodeterminación de los pueblos consagrados en la Carta de la ONU.

Jessica Sosa