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Clap: provisiones de combate

Siete millones de familias venezolanas están registradas y reciben a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), una provisión de alimentos para complementar la dieta básica venezolana, según detalla un despacho del boletín número 200 del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Esta política pública con rango constitucional, se convierte en una herramienta social esencial en Venezuela, en momentos en que el país enfrenta un bloqueo económico que afecta los sectores sociales más vulnerables.

Esta iniciativa del gobierno del presidente Nicolás Maduro, fue ampliamente cuestionada por gobiernos detractores del modelo político socialista, que impulsa la nación suramericana, paradójicamente en tiempos de pandemia, países como El Salvador, Chile, Colombia y hasta Estados Unidos (EEUU), emulan la forma de abastecimiento, que resulta una de las más acertadas y eficientes, para evitar contagios de COVID-19, pues los rubros llegan directo a las comunidades.

Para conocer los niveles de organización logística y la capacidad de respuesta de esta política pública, que trasciende la distribución de alimentos, para incorporarse a otras dinámicas sustanciales en la vida cotidiana, hinterlaces.net fue hasta el seno de algunas comunidades caraqueñas para conversar con lideresas sociales; con Desire Rivero, jefa del estado mayor de los Clap en la parroquia El Recreo de Caracas y con Antonieta Di Stéfano, viceministra de igualdad y no discriminación del Ministerio del poder popular para las mujeres y la igualdad de género.

Herminia Magallanes, jefa de comunidad Clap de Caracas / Fotografía: Richard Miranda (@nirvana699)

«Atendemos también otras áreas sociales»

«Los Clap son un grupo de personas organizadas para garantizar el abastecimiento y distribución de alimentos en la comunidades, nacieron para eso, pero las diferentes cosas que han ocurrido en nuestro país, hacen que ahora atendamos otras áreas como los servicios públicos, nos encargamos de articular para que el agua, el gas, la electricidad y los alimentos no falten en las casas de nuestras familias», explica Herminia Magallanes, jefa de comunidad de un sector caraqueño.

Como ella lo aclara, esta figura organizativa más allá de distribuir alimentos, se convierte en una herramienta que transversaliza la cotidianidad. «Yo cuando tengo algún problema de recolección de basura o veo que hay alguna falla en los servicios llamo a la jefa del Clap, ellas resuelven, y ahora que hay pandemia mucho más, porque no podemos salir de la casa por el coronavirus, entonces son como jefas del Clap, pero también de otras cosas», relata Taizeth Torres, beneficiaria del Clap Gran Victoria.

Una de las particularidades de esta herramienta es que la mayoría de las vocerías son femeninas, al respecto, la viceministra de igualdad y no discriminación, explica que las estadísticas «muestran, en todas nuestras organizaciones sociales y políticas, el Clap entre ellas, que la presencia de la mujer ocupa un rango del 80%. En mi lectura eso significa que la Revolución Bolivariana está sostenida en y por las mujeres«.

80% de la fuerza orgánica del chavismo son mujeres

Provisión en tiempos de guerra

«Aunque estamos en tiempos de guerra esta herramienta político-operativa garantiza la paz territorial, porque canalizamos las carencias materiales y espirituales. En el año 2016 logramos vencer operativamente a los bachaqueros (revendedores de alimentos Clap) con el método de distribución casa a casa, hoy estamos en la posición de resistir el ataque económico con el corazón, porque los recursos son escasos y el margen de maniobra es limitado», refiere juana Flores, otra jefa de comunidad.

Entre las interrogantes planteadas consultamos ¿qué planes existen si llegara a fallar la importación de alimentos?, para ella la importación de alimentos está siendo atacada «desde el decreto Obama. Nuestro país es víctima permanente de asedio y de robos, que han querido justificar, como lo hizo el gobierno de Santos en Colombia, quedándose con 400 toneladas de alimentos destinadas al Clap, lo hicieron para generar zozobra en la población», señala, al tiempo recalca que «con organización y cooperación intercomunidades nos fortalecemos para contrarrestar el sobreprecio y seguir garantizando el Clap, que es es una provisión de guerra».

Y es que el país caribeño ha superado un sin número de agresiones políticas y económicas, que buscan reducir la fuerza del chavismo, génesis ideológico del proceso político que protagoniza Venezuela. Al consultar a la jefa del estado mayor de alimentación Desiré Rivero, ¿cómo seguirá enfrentando el gobierno, el bloqueo de EEUU y sus países aliados?, la respuesta es clara «si nos bloquean aún más, la respuesta será la producción, no hay otra vía, debemos volver a producir nuestros alimentos, esto sería un reto más para nosotros como pueblo que estoy segura que no nos quedará grande«.

Juana Flores, productora y jefa de comunidad en Caracas / Fotografía: Richard Miranda (@nirvana699)

Juana Flores, productora de pan, de la comunidad San José, habla de su experiencia. «En mi caso el Ministerio de la Mujer me dio la formación, pero todo lo demás depende de nosotras mismas. Tenemos el apoyo del gobierno, sin importar la ideología que sea (…) y la única forma que el país tiene de salir adelante es a través del trabajo. Nosotras las mujeres somos responsables de la alimentación de nuestras familias, y así también vemos a nuestras comunidades y a nuestros vecinos. Por eso no podemos temer a las grandes empresas, nosotros podemos garantizar alimentos a precios justos para las familias venezolanas, pero eso sólo se logra a través de la producción».

Al respecto, Rivero agrega que «los planes para contrarrestar las sanciones, que son ilegales e injustas, son el fortalecimiento del aparato productivo nacional, para lograr pasar de garantizar la seguridad alimentaria a lograr la soberanía alimentaria». Para ella el éxito de Venezuela ha estado en resistir «con dignidad».

En agosto de 2019, la vicepresidenta de la República Delcy Rodríguez, denunció la retención en el canal de Panamá, de 25 mil toneladas de torta de soya para producción de alimentos que venían rumbo a Venezuela. El cerco que imponen las sanciones coercitivas impuestas por EEUU impidió la llegada de este cargamente. Solamente en 2018 bloquearon más de 1400 millones de dólares para comprar de medicamentos. Estas acciones continúan, por lo que el país ha tenido que abrir puentes humanitarios aéreos y marítimos con China y Rusia y recientemente con Irán.

En la actualidad, la ciudadanía denunció un retraso en la llegada de este beneficio, cuya entrega es mensual en la mayoría de las comunidades y en algunas la periodicidad es quincenal, las redes sociales fueron la plataforma paras estas denuncias: «@FreddyBernal 46 Clapenel Valle tienen retraso de 44 días en el despacho de la caja atendido por Fundeca». El retraso en la entrega de los alimentos, además de coincidir con la declaratoria de cuarentena general en el país, también se genera con el aumento del asedio a empresas proveedoras del Estado venezolano.

El mayo de 2019, Freddy Bernal, jefe nacional de los Clap, informó que el gobierno de EEUU sancionó a 10 de las 12 navieras que trasladaban alimentos a Venezuela, «lo que ocasiona retraso en la llegada de los rubros al país». Esta política pública distribuye alimentos de manera gratuita, ya que el pago es simbólico, pues la caja tiene un costo es de 7.000bs. cualquier otro precio adicional es también denunciado por los beneficiarios.

Emily Caro