Zonas económicas especiales
Ley de Zonas Económicas Especiales, estrategia para la confianza y la inversión
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El Proyecto de Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, prevista dentro del Plan Legislativo Nacional 2021, que contempla 35 leyes declaradas prioritarias para la nación, es uno de las más importantes en el contexto económico y político actual para el país según sus proponentes, pues conlleva a un relevante impulso de la inversión extranjera y la producción nacional.

Según Juan Arias Palacio, viceministro de Desarrollo de Zonas Económicas Especiales del Ministerio de Industria y Producción Nacional, las ZEE «son zonas sin desarrollo, que para su crecimiento requieren del concurso de los inversionistas nacionales e internacionales que aporten con inversión y tecnología, para generar una dinámica productiva que incorpore al tejido productivo nacional». Añadió que esta política, además de beneficios para la economía nacional, implica fuentes de trabajo, calidad de vida y bienestar para la población.

En Venezuela existen hasta la fecha Zonas Económicas Especiales en los estados Lara (Palavecino e Iribarren), Táchira (San Antonio – Ureña), Falcón (Paraguaná), Cojedes (Tinaquillo – San Carlos) y Miranda (Guarenas – Guatire). No obstante, existen otras regiones en espera de ser catalogadas en este renglón, como el estado Laguaira, una propuesta del diputado Nicolás Maduro Guerra. De igual forma otras localidades en los estados Sucre y Zulia, entre otros.

Respecto al tema, el empresariado privado en Venezuela ha asegurado que el impulso económico que se necesita en el país debe ofrecer confianza y garantía de inversión.

Esta Ley, según los análisis más recientes, podría convertirse en el primer paso para esta garantía que necesita la inversión privada venezolana, ya que se denomina Zona Económica Especial a las regiones geográficas que poseen leyes especiales, orientadas a tener en mayor medida una economía de libre mercado, con el propósito de hacerlas atractivas para la inversión extranjera.

Sectores del empresariado venezolano, como el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Adán Celis, y Felipe Capozzolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), han asegurado que el sector privado está capacitado para la inversión nacional y extranjera, siempre y cuando tenga garantías y competencia equitativa.

El proyecto de Ley fue aprobado hace dos semanas por la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional (AN). Se estima que este instrumento legal sea sancionado entre junio y julio y es el resultado del trabajo de casi dos años de trabajo previo entre los sectores productivos del país y las gobernaciones de las zonas ya decretadas, con lo que se logró recabar propuestas concretas en el área.

Una respuesta a la coyuntura

El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (AN), Jesús Faría, aseguró a Hinterlaces.net que se trata de un instrumento vital en medio de la coyuntura económica que atraviesa el país, inducida por el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Recalcó que esta nueva herramienta puede contribuir a la reactivación del aparato productivo nacional.

“En un largo plazo irá moldeando el nuevo sistema económico nacional que ya no se puede unificar en el petróleo, sino que tiene que ir a la diversificación y al desarrollo de nuevas cadenas productivas”, dijo.

Destacó que las Zonas Económicas Especiales se han puesto en práctica en muchos países y hay muchos experimentos que han sido exitosos en la tarea de captación de inversión productiva y privada, en el desarrollo de nuevas cadenas productivas, en la generación de empleo, impulso de riquezas e incremento de la producción, además del desarrollo tecnológico.

“Aquí en Venezuela tenemos una experiencia incipiente que aún no se ha concretado en los términos y en la dimensión que requeríamos para hablar del desarrollo de las fueras productivas. Para tener una zona sólida con institucionalidad, solidez en las políticas públicas que garanticen procedimientos muy expeditos y transparentes, se deben tener estímulos importantes para la producción con condiciones idóneas para generar exportaciones, y a partir de ellas se desarrolle la económica”, explicó.

El proceso

Faría argumentó que para que esta ley logre su objetivo se necesita transparencia y un alto grado de planificación por parte del Estado.

“Es necesario que se abran centros pilotos, que a su vez se enlacen con distintos distritos productivos y con los parques industriales ya existentes. Queremos que sea una ley que exprese la voluntad nacional del desarrollo productivo para enfrentar las consecuencias del bloqueo y lograr una nueva economía sustentable y poderosa”, afirmó.

Para el diputado, esta ley debe estar estrechamente vinculada con la Ley Antibloqueo, “en la Asamblea Nacional hemos realizado múltiples reuniones y consultas con sectores empresariales a nivel nacional y regional, con las organizaciones de los trabajadores, con instituciones del Estado que antes han llevado la conducción de zonas especiales en el país. Tenemos muchas propuestas que abordar y antes que finalice el primer semestre se comenzará la discusión de esta ley con todo el país”, detalló.

Los empresarios la apoyan

El Bloque de Integración Empresarial Sur-Oriental (Biesur), representado por Senen Torrealba, afirmó que el sector tiene mucha expectativa.

“Integramos el bloque de integración empresarial de oriente, que comprende 7 estados del país, y hemos tenido siempre la inquietud de crear una ley que le va a dar una formalidad a esta aspiración de los empresarios. Queremos que la ley impulse la inversión nacional y extranjera; al crearse esta zona hay la posibilidad de que entre más inversión al país”.

Explicó que han sido consultados por la Asamblea Nacional y sus propuestas han sido escuchadas, “no solo queremos que se impulse la producción nacional, también que se apoye al sector privado, turístico, industrial, comercios, impulsar la posibilidad de importar y exportar”.

Narkys Blanco

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